El Gobierno insiste en el referéndum y desahucia que sea en el día de las elecciones judiciales

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que el Ejecutivo no recibió la notificación oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a las preguntas propuestas por el presidente Luis Arce para el referéndum consultivo.

Indicó que debido a los tiempos que la ley prevé para este propósito, “no podrá llevarse a cabo en el tiempo que propusimos”. Empero, señaló que se continuará con el proceso consultivo.

El 6 de agosto, el mandatario planteó la consulta, para el mismo día de las elecciones judiciales, sobre la distribución de escaños parlamentarios, la continuidad de la subvención de combustibles y la reelección presidencial continua o discontinua.

“No hemos recibido la notificación oficial del TCP respecto a su decisión sobre las preguntas propuestas para el Referendo Consultivo. A esta altura comprendemos que, debido a que los tiempos que prevé la ley para ese propósito ya no lo permiten, ese evento de consulta democrática no podrá llevarse a cabo en el tiempo que propusimos” (sic), escribió la autoridad desde su cuenta de X.

Lima señaló que se continuará con el procedimiento de consulta, “enviando” nuevamente las preguntas al Tribunal Supremo Electoral y una vez se tenga la respuesta, se remitirá al TCP “con el mismo propósito”. “Concluido el procedimiento, el Presidente convocará a la consulta nacional en el plazo que permita la ley”.

En primera instancia, las preguntas del referéndum fueron enviadas al TSE por el mismo mandatario el 21 de agosto, pero éstas fueron observadas y devueltas al Ejecutivo.

Fueron cuatro las preguntas que llegaron al TSE, la primera sobre la reelección presidencial o no, la segunda y tercera sobre la subvención a la gasolina y diésel, respectivamente, y una cuarta sobre la redistribución de los escaños parlamentarios.

La última pregunta, de acuerdo con el Órgano Electoral, no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un “referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa”.

El 27 de agosto, el gobierno remitió las preguntas reformuladas al TCP; tras las observaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el retiro de la interrogante referida a los escaños parlamentarios; sin embargo, estás debían pasar por el control técnico del Órgano Electoral nuevamente.

El 30 de agosto se conoció que el TCP declaró improcedente la solicitud del Ejecutivo para el control de constitucionalidad de las tres preguntas del referéndum, debido a que carecía de una revisión técnica previa por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

SourceLa Razón

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