Han pasado 18 años desde la promulgación del Decreto Supremo 28701, que nacionalizó por tercera vez los hidrocarburos en Bolivia, un recurso estratégico para el país. Inicialmente, esta medida impulsó la producción de gas natural y generó un notable aumento de ingresos por exportaciones, principalmente hacia Brasil y Argentina. No obstante, más de una década después, Bolivia enfrenta una preocupante caída en la producción de gas, que ahora está por debajo de los niveles de 2006, lo que ha ocasionado graves problemas económicos.
El presidente Luis Arce declaró en diversas ocasiones que uno de los errores fue “no cuidar la nacionalización” mediante la exploración constante de nuevos yacimientos. Según el mandatario, si se hubiera ejecutado un plan sostenido de exploración y explotación, el país no estaría sufriendo problemas como la escasez de dólares y combustibles, que afectan tanto a la economía interna como al comercio exterior.
Después de años de una política estatal controlada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Gobierno parece cambiar de rumbo. El financiamiento privado, relegado durante la era de la nacionalización, recupera protagonismo en el discurso oficial. Raúl Mayta, viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, subrayó la necesidad de equilibrar la participación estatal y privada: “Todos los extremos son negativos”.
“Debemos alejarnos de los extremos que dominaron las políticas pasadas y encontrar un camino intermedio que nos permita mantener nuestra soberanía sobre los recursos sin repetir los errores de la capitalización. No podemos seguir apostando sólo por el Estado; es vital que el sector privado contribuya a dinamizar la economía y atraer inversiones”, añadió Mayta.
Por su parte, Raúl Velásquez, investigador de la Fundación Jubileo, sostuvo que la nacionalización “careció de impactos positivos”. Según él, la constante caída en la producción, el aumento de las importaciones de combustibles y el cierre del mercado argentino son señales de su fracaso. “La nacionalización nos ha llevado a una situación peor que la de 2006”, afirmó.
La producción de gas natural, que alcanzó su pico en 2014 con 60 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), cayó drásticamente a menos de 32 MMmcd en agosto de este año. Este nivel es incluso inferior al registrado cuando se emitió el Decreto Supremo 28701. A su vez, la renta petrolera, que en 2014 llegó a 5.777 millones de dólares, bajó a poco más de 2 mil millones de dólares en 2023, principalmente por la caída en la producción.
Las exportaciones también han sufrido. Las ventas de gas a Brasil, que llegaron a 30 MMmcd en 2010, han caído a menos de 14 MMmcd en 2024. Además, Argentina, un comprador clave de gas boliviano, ha cerrado su mercado este año, agravando la crisis del sector.
Este panorama ha incrementado la importación de combustibles, que en Bolivia se venden a precios subvencionados, lo que ha generado mayor gasto público y presión sobre las finanzas del Estado.
Velásquez también recordó que la bonanza económica de 2014-2015, atribuida por el Gobierno a la nacionalización, fue en realidad el resultado de esfuerzos previos de exploración en la década de 1990 y de acuerdos comerciales con Brasil. “La nacionalización se llevó el crédito de algo que ya estaba en marcha”, aseguró.
El problema, según Velásquez, fue la mala gestión de los recursos obtenidos del gas. Los ingresos, que debían diversificar la economía y crear fondos de ahorro, no fueron aprovechados. Hoy, tanto el Gobierno central como los subnacionales, beneficiados por las regalías del gas, enfrentan una reducción considerable de ingresos, lo que afecta su capacidad de inversión.
El economista Joshua Bellot coincidió en que la nacionalización “aniquiló el negocio del gas” al otorgar a YPFB el control absoluto de las operaciones y marginar a las empresas privadas, que habían sido claves en la exploración de hidrocarburos.
Sin embargo, Mayta defendió la nacionalización, destacando que “logró una redistribución más equitativa de los ingresos y la recuperación del valor operativo de YPFB”. Antes de la nacionalización, YPFB era una empresa residual sin influencia en las decisiones estratégicas del sector.
Mayta también criticó la capitalización aplicada por los gobiernos neoliberales, que “entregó” campos hidrocarburíferos a empresas privadas sin participación significativa del Estado. Esta política, afirmó, fue una “conducta antieconómica”. “Hoy, el Estado tiene participación en todos los contratos, pero debemos ajustar esa participación para atraer más inversiones”, agregó.
Government take
Con la nacionalización, el government take —la porción de ganancias que corresponde al Estado— subió al 70 por ciento. Sumando impuestos, como el IVA y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), la participación estatal llega al 90 por ciento. Según Velásquez, esto ha desincentivado la inversión en exploración. En comparación, el government take en Argentina es del 35 por ciento y en Colombia del 40 por ciento.
Aunque Arce ha criticado la falta de inversión en exploración durante el gobierno de Evo Morales y ha afirmado que su gestión ha impulsado la búsqueda de nuevos yacimientos, Velásquez cree que esta estrategia no es suficiente para resolver los problemas estructurales del sector. La inversión en hidrocarburos es riesgosa y no siempre garantiza resultados, por lo que dejar esta tarea en manos del Estado podría resultar en una pérdida de recursos que podrían haberse destinado a otros sectores.
“La política de hidrocarburos estuvo mal planteada desde su origen”, dijo Velásquez, quien además advirtió que la politización de YPFB ha afectado su eficiencia y competitividad.
Aunque el Gobierno reconoce la necesidad de ajustes para atraer inversión privada, Mayta ha sido claro en que esto no significa un retorno a la privatización. “Debemos fortalecer la capacidad del Estado, pero sin asumir que podemos hacerlo todo solos. Ésa es una lección que hemos aprendido con el manejo del litio”, manifestó.
Señales de cambio
El Gobierno busca generar incentivos para atraer inversión extranjera y reactivar la exploración de gas. Sin embargo, Velásquez advirtió que la falta de “seguridad jurídica” es un obstáculo, ya que Bolivia ha expropiado inversiones privadas en tres ocasiones: en 1937, 1969 y 2006.
“La nacionalización genera desconfianza en los inversionistas privados. ¿Cómo convencerlos de que no serán expropiados nuevamente, cuando ya ha ocurrido tres veces en la historia del país? Se necesitan cambios estructurales profundos para revertir esta situación”, concluyó Velásquez.