La Cámara de Senadores ha dado un paso significativo en la lucha contra las leyes que, según ambientalistas, han contribuido al agravamiento de la crisis ambiental en Bolivia. El miércoles aprobó la abrogación de la Ley 741, una de las principales normas consideradas “incendiarias” por permitir el desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades pequeñas y comunitarias, una medida que ha facilitado la destrucción de bosques y la expansión descontrolada de la frontera agrícola. Sin embargo, advierten nuevos riesgos con la Ley 157.
La abrogación
La Ley 741 fue señalada por permitir a comunidades interculturales realizar desmontes o quemas en extensas áreas sin la necesidad de tener un derecho propietario consolidado, lo que generaba un alto riesgo de incendios forestales. La senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, explicó que esta norma permitía que varias familias llevaran a cabo desmontes, lo que resultaba en quemas masivas y, en muchos casos, incendios incontrolables.
Centa Rek, otra de las senadoras que abogó por la abrogación, afirmó que la Ley 741 era una de las más polémicas del denominado «paquete incendiario» y que su eliminación marca un hito en la defensa del medio ambiente.
Cabe recordar que, además de la Ley 741, la semana pasada se abrogaron otras dos normativas polémicas: la Ley 1171, que regulaba el uso y manejo racional de las quemas, y la Ley 337, que apoyaba la producción de alimentos y la restitución de bosques. La eliminación de estas leyes ha ido en el marco del trabajo legislativo para mitigar el impacto de los incendios forestales, que han afectado a vastas zonas del territorio boliviano en los últimos años.
La Ley 157, un nuevo peligro
A pesar de los avances logrados, la Asamblea por los Bosques y la Vida Bolivia ha encendido las alarmas respecto a una nueva amenaza, la Ley 157. Esta normativa, que se encuentra en revisión, ha sido descrita como una extensión del paquete incendiario, ya que «autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión de la clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial».
Según la Asamblea por los Bosques, esta ley podría exacerbar la crisis ambiental, social, económica y de salud que atraviesa el país, al promover la ampliación de la frontera agrícola y otorgar incentivos a sectores privados que históricamente han sido favorecidos por el Estado. Sostiene que esta medida podría profundizar la mercantilización de los bosques, facilitar el tráfico de tierras y vulnerar los derechos de las comunidades indígenas, quienes dependen de sus tierras comunales para subsistir.
En una carta enviada al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la Asamblea advirtió que de aprobarse esta ley, se incentivaría aún más la deforestación, aumentando el riesgo de incendios forestales. Además, señala que la ley no ofrece soluciones claras para la protección de la pequeña propiedad, lo que podría derivar en inseguridad jurídica y el despojo de tierras a familias que dependen de ellas para su subsistencia.
Mencionaron que uno de los puntos más preocupantes de la Ley 157 es que crea una figura de conversión de tierras sin establecer cambios en los máximos tamaños de propiedad, lo que generaría caos en la administración agraria del país. Las críticas se centran en que la ley no define con precisión qué constituye una pequeña propiedad agraria y cómo se mantendrá su carácter familiar, lo que podría abrir la puerta a la explotación indiscriminada de los recursos naturales.