Bolivia dio un paso importante hacia la industrialización del litio al suscribir su primer contrato de extracción directa de litio (EDL) con la empresa rusa Uranium One Group. El acuerdo, por un monto de 970 millones de dólares, contempla la instalación de una planta industrial en el salar de Uyuni, con una capacidad de producción estimada de 14 mil toneladas métricas de litio en un plazo de dos años y medio, lo que coincide con el inicio del próximo periodo gubernamental.
Este ambicioso proyecto, sin embargo, no está exento de desafíos. Pese a que Bolivia posee las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en 23 millones de toneladas, su incursión en el mercado global ha sido lenta y problemática. Durante los últimos 16 años, el país ha enfrentado múltiples dificultades en sus intentos de industrializar este recurso estratégico, tales como deficiencias en la infraestructura, fallas en el diseño de plantas, y la falta de un marco regulatorio claro que otorgue seguridad jurídica a los inversionistas. Además, los conflictos sociales y la oposición de grupos cívicos y legisladores, que exigen mayores beneficios para las regiones productoras, han generado incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto.
Desconfianza
Los analistas del sector energético y minero expresan escepticismo respecto a la capacidad de Bolivia para consolidarse como uno de los grandes productores de carbonato de litio a nivel mundial. Gonzalo Mondaca, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), advirtió sobre la ausencia de condiciones estructurales para que el proyecto prospere: “No contamos con una legislación específica, tampoco se han logrado acuerdos con actores clave, y la capacidad institucional para evitar daños ambientales es limitada. Además, aunque se ha hablado de regalías para Potosí, ese es un tema que no ha sido consensuado ni resuelto hasta el momento. Se esperaba una ley del litio, pero ésta aún no ha sido aprobada”.
Mondaca también expresó preocupación por el contexto político y social del país, que podría dificultar la ejecución del contrato. “Estamos en un país electoralizado, con crecientes conflictos sociales, y un rechazo firme por parte de Comcipo (Comité Cívico Potosinista). Si bien la firma del contrato es un avance, los principales impedimentos están relacionados con el desarrollo normativo”, dijo.
Contrato bajo la lupa
El 11 de septiembre, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Uranium One firmaron el contrato por 970 millones de dólares, que contempla la construcción de una planta de extracción directa de litio (EDL) en el salar de Uyuni. La planta, según los planes oficiales, comenzaría a operar en dos años y medio, con una producción inicial de 14 mil toneladas métricas anuales.
Sin embargo, el acuerdo aún debe ser remitido al Legislativo para su aprobación, un proceso que, hasta el cierre de esta edición, sigue sin avanzar. Legisladores tanto del oficialismo como de la oposición aseguraron no haber sido informados sobre los detalles del contrato, lo que genera interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Oportunidad perdida
A nivel global, los principales productores de carbonato de litio son Australia, con un 46 por ciento de la producción mundial; Chile, con el 24 por ciento; China, con el 18 por ciento, y Argentina, con el 5 por ciento. Brasil, aunque participa en el mercado, apenas representa el 3 por ciento de la oferta mundial, de acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Bolivia, a pesar de contar con la mayor cantidad de recursos de litio del planeta, continúa desempeñando un papel marginal en la provisión de este mineral estratégico. YLB ha optado por vender su producción de manera esporádica, sin contratos fijos, lo que ha limitado la inserción del país en el mercado global. Además, Bolivia no ha publicado información oficial sobre sus reservas explotables, es decir, aquéllas que son económica y tecnológicamente viables para su extracción.
Mondaca recordó que, en 2019, el Gobierno de Bolivia canceló un contrato con la firma alemana ACI Systems (Acisa) para la industrialización del litio en Uyuni, tras las protestas de Comcipo y en medio de una crisis política derivada de las denuncias de fraude electoral contra el expresidente Evo Morales. Este antecedente—según Mondaca— es un claro reflejo de la fragilidad de los proyectos de industrialización del litio en Bolivia.
Producción
A pesar de los ambiciosos planes, la realidad de la producción de litio en Bolivia dista mucho de las expectativas. En diciembre de 2023, el Gobierno inauguró una planta industrial de carbonato de litio con una capacidad de producción anual de 15 mil toneladas. Sin embargo, debido a problemas de diseño, YLB redujo la proyección de producción a 3 mil toneladas para 2024.
Hasta agosto de este año, según datos de la estatal YLB, se comercializaron apenas 770 toneladas, lo que representa el 26 por ciento de la producción prevista para el año. José Carlos Solón, investigador de la Fundación Solón, señaló que si Bolivia lograra producir 5 mil toneladas de litio estaría “en buen camino”. No obstante, destacó que la producción debe alcanzar un nivel de pureza de “grado batería”, un estándar que hasta ahora no se ha logrado en las plantas bolivianas.
También expresó dudas sobre la capacidad de la planta actual para alcanzar las 3 mil toneladas prometidas para este año. “La producción está muy por debajo de lo esperado, y la tasa de extracción sigue siendo baja. Además, el método de extracción directa de litio podría tardar más de cinco años en producir resultados significativos”, advirtió.