El expresidente de Bolivia y jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, reconoció que el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Añez fue una decisión política y que el exministro Iván Lima se quedó “solo” con su posición de que correspondía juicio de responsabilidades.
La decisión de que la exmandataria sea procesada por la vía ordinaria fue producto de un debate político que realizaron entre las autoridades gubernamentales y organizaciones sociales del Pacto de Unidad, en la que “todos coincidimos (que) es proceso ordinario”, sostuvo Morales.
Describió que realizaron dos reuniones, en las que participaron el presidente (Luis Arce) y vicepresidente (David Choquehuanca), a veces la ministra de la
Presidencia (María Nela Prada), a veces Iván Lima (en ese entonces ministro de Justicia), y también el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Además, de
dirigentes.
“Tocamos ese tema, dijimos todos: ‘es proceso ordinario’. David suspendió (la reunión de Sacaba) porque no tenía argumento para defender sobre el juicio de responsabilidades. Luego en otra reunión estaban convencidos el presidente y vicepresidente, solo Iván (Lima) se quedó solo con juicio de responsabilidades”, afirmó Morales en radio Kawsachun Coca.
El otro elemento por el que decidieron que Añez sea enjuiciada en la vía ordinaria fue porque la Asamblea Legislativa Plurinacional no contaba con los dos tercios, que se requería -de acuerdo a norma- para procesarla.
“Primero, no va haber juicio de responsabilidades, no va haber dos tercios. Segundo, es decir (reconocer) que Añez es presidenta constitucional, que no hubo golpe de estado, eso sostiene Lima, ¿qué clase de abogado es?”, cuestionó Morales.
El pasado fin de semana, Lima responsabilizó a Morales de haber impulsado el juicio ordinario contra Añez por “capricho”. En relación al tema, el exmandatario dijo: “Iván (Lima) me amenazó: ‘Evo puedes tener problemas en el futuro, sobre el proceso ordinario’. Claro, yo planteé pero todos (coincidimos)”, reiteró.
Inicialmente, la Fiscalía General del Estado, en el marco de la Ley 044 de Juzgamiento a altas autoridades del Estado, admitió la proposición acusatoria para el inicio de investigación en contra de la expresidenta Transitoria de Bolivia, Jeanine Añez Chávez, a denuncia de 20 proponentes acusatorios de los hechos luctuosos registrados en “Senkata y Sacaba”.
“En el marco de la Ley 044 de 8 de octubre de 2010, el informe de inicio de investigación fue comunicado a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para dar paso a la emisión de las citaciones respectivas y el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes, a cuya conclusión, si corresponde se remitirá el correspondiente requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la posterior autorización de juicio de responsabilidades”, dijo
Lanchipa en julio de 2021.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tardó poco más de un mes y la sala plena determinó remitir el informe sobre la proposición acusatoria que presentó el Ministerio Público contra la exmandataria a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por el caso Senkata y Sacaba.
“La Sala Plena en su conjunto ha tomado conocimiento y conforme a la Ley 044, Art. 16, se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio y el informe de Sala Penal, esto con el fin de que la ALP pueda pronunciarse y pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Añez”, informó en agosto el propio presidente del TSJ, Ricardo Torres.
Sin embargo, posteriormente se interpusieron acciones para que los casos sean remitidos a juzgados ordinarios, bajo el criterio de que asumió “ilegalmente” la presidencia del Estado en 2019, por lo tanto, fue un supuesto “golpe de estado”.
Actualmente, Añez enfrenta nueve procesos penales por la vía ordinaria, incluido una sentencia por el denominado “golpe I”.