La arremetida judicial se extiende a la elección del Fiscal General. Un juzgado de Caranavi ordenó este miércoles paralizar el proceso de selección al admitir un amparo, presentado por una postulante.
“Se dispone en calidad de medida cautelar paralizar el proceso de selección y designación del Fiscal General Del Estado hasta que se realice la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional”, señala el dictamen de la juez Sandy Madeleine Rodríguez.
El recurso fue presentado por la postulante, la juez Claudia Marcela Castro Dorado, quien llegó incluso hasta la etapa final de evaluación de méritos en la comisión del legislativo a cargo del proceso.
En esta jornada se conoció también que la Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió un amparo de otro postulante que quedó fuera de carrera, Porfirio Machado Gisbert, aunque no emitió ninguna medida cautelar preventiva. La audiencia para dilucidar este amparo está prevista para el jueves.
“El suscrito ha visto que ha sido suprimido, robado este derecho que me corresponde (a continuar en el proceso de preselección), por tanto, como último recurso ha sido planteado el amparo”, justificó Machado. Agregó que la comisión de Justicia Plural de la Asamblea Plurinacional (ALP) supuestamente no tomó en cuenta su trayectoria de ocho años como abogado litigante en áreas como la penal y constitucional.
La orden de paralización surge cuando los tiempos apremian ya que el sucesor de Juan Lanchipa Ponce debe ser designado hasta el 23 de octubre, cuando fenece su mandato de seis años.
La comisión mixta de la ALP ya realizó todas las etapas de evaluación de los postulantes y este jueves debería presentar la lista final de entre cinco y 10 postulantes que será remitido al pleno de la ALP, instancia donde se debe elegir al nuevo Fiscal General por dos tercios.
Premonitoriamente, el abogado constitucionalista, José Luis Santistevan, había advertido de la peligrosidad de los recientes fallos de tribunales que habían paralizado las judiciales y que podían extenderse a otros procesos como la elección del Fiscal General.
“El que no este de acuerdo con la lista puede demandar y anula la elección en la asamblea. Esto es tan terrible para la democracia que un órgano como es el poder judicial, autoprorrogado, está controlando el poder de los otros órganos”, cuestionó Santistevan. Cree que hay una intención de fondo desde el gobierno de seguir en el poder aunque sea inconstitucionalmente.
Agregó que se está vulnerando el derecho ciudadano a elegir a sus autoridades. Enfatizó, en el caso de las judiciales, que ningún tribunal puede frenar el proceso por el principio de preclusión.