Al cumplirse 10 días de bloqueo en las carreteras que conectan a Cochabamba con el interior y exterior del país, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) se declara en estado de emergencia de todos los sectores que componen esta Federación, debido al daño irreversible que genera la interrupción al libre tránsito en el departamento, provocando una afectación económica al aparato productivo y de servicios de la región que asciende a 832,6 millones.
El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure condenó la falta de voluntad política de las autoridades llamadas por ley para liberar las carreteras en Cochabamba, como asimismo la intransigencia de quienes atentan contra la libertad de circulación. Cochabamba ha sido tomada como rehén de los bloqueos, registrando con hoy 61 días de bloqueo en lo que va de 2024, provocando una afectación de 4.286,1 millones de bolivianos. «Rechazamos rotundamente las actitudes de ambos sectores que han llevado a un crecimiento y dilatación innecesario del conflicto con una escalada de violencia que agrava la delicada situación económica que atraviesan las regiones, y por lo tanto pone en riesgo el futuro del país», dijo.
Denunciaron públicamente que los ciudadanos y el sector privado formalmente establecido de Cochabamba han sido secuestrados y aislados del resto del país por los actores anteriormente mencionados, que no han sido capaces de encontrar una salida pacífica al conflicto que ya desangra la economía boliviana y lamentaron que todos los cochabambinos tengamos que padecer un cerco al departamento, generando un desabastecimiento de productos de primera necesidad, el encarecimiento de la canasta básica de alimentos, la escasez de combustible, afectando las fuentes de empleo, y también la continuidad de las empresas.
El respeto a los derechos de una persona terminan cuando afectan los derechos de los demás y en este caso, está siendo afectada toda la población en general. Por lo tanto, exigimos el inmediato cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado y leyes complementarias por el bien de Cochabamba y todos los bolivianos.