A fines del año pasado escribía en esta misma columna: “En este escenario de desaceleración juegan su papal el creciente aumento de la subvención a alimentos y carburantes; el déficit en la balanza comercial que empeora nuestra también reducida disponibilidad de divisas y el también cada vez mayor endeudamiento del sector público, tanto externo como interno”.
Frente a los desafíos existentes durante esta gestión, la economía de Bolivia se encamina hacia una crisis la cual, si no actuamos oportunamente, podría tener consecuencias para los bolivianos.
A mediados de la década pasada, cuando empezó a bajar la producción de gas natural y, consecuentemente, los ingresos generados por su venta, analistas de la economía empezaron a recomendar al gobierno a bajar sus gastos, evitando incurrir en déficits.
Hace un par de semanas decía “…. Como es de conocimiento de todos, el país tiene un déficit fiscal, que lo arrastra durante los últimos 12 años, con este 2025, que muestra una tendencia preocupante: gastar por encima de nuestras posibilidades. El déficit nacional lo estamos financiado con deuda, práctica nada recomendable si queremos alcanzar estabilidad económica”.
La crisis generada por la caída en las exportaciones de gas natural fue agravada por el también creciente déficit en la balanza comercial. Al primer semestre de este año, el déficit llegó a 272 millones de dólares, resultado de exportaciones de 4.392 millones de dólares e importaciones de 4.664 millones de dólares.
A pocos días de finalizar este 2024, los problemas económicos de este año se pueden resumir de la siguiente manera:
Escasez de dólares. El dólar oficial se mantiene en 6,96 bolivianos por dólar, pero en el mercado paralelo, a principios de este mes se lo podía comprar hasta en 12 bolivianos.
A la escasez de la divisa estadounidense debemos añadir la escasez de gasolina y diésel que, en los últimos meses de este año, se tradujo en largas filas -de varias cuadras- de vehículos en los surtidores de combustible. Los reiterados reclamos de los transportistas, que se vieron obligados a bloquear algunas ciudades, llevaron al Gobierno a autorizar a empresas de sector privado a importar combustible, que lo venderán a precios reales, sin la subvención que ahora tienen.
Escasez de productos de la canasta familiar, como aceite y arroz que generaron protestas de varios sectores de la población y el gobierno suspendió las autorizaciones de exportación de aceite, hasta que se normalice la provisión al mercado interno.
Huelgas, marchas y bloqueos de carreteras, que forman parte del enfrentamiento político, se tradujeron en cortes del suministro de alimentos y combustible, con los consiguientes problemas en varios centros poblados del país, por la escasez de productos y el encarecimiento de los mismos.
Estimaciones de algunos analistas señalan que este año podría estar cerrando con un crecimiento de su economía que fluctúe entre 1,5% a 2,5%; un déficit fiscal superior al 10% del Producto Interno Bruto; una inflación entre un 8% al 12%; deuda pública –que incluye la deuda externa y la deuda interna- mayor a 85% del PIB; y una baja ejecución de la inversión pública que podría estar entre el 50% y el 60%.
Se necesita instrumentar políticas que fomenten las inversiones privadas, así como promover la libertad de empresa que otorgue un clima empresarial adecuado. Los analistas económicos remarcaron muchas veces la necesidad de atraer al inversionista extranjero, que pueda suplir la falta de divisas que afronta el gobierno. La llegada del capital externo privado dependerá de las garantías que pueda ofrecer el país, ofreciendo seguridad jurídica.
Los empresarios planteamos al Gobierno fomentar la inversión privada para que contribuyan a acelerar el crecimiento diversificando la economía con miras a un mundo que es cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles.
En estas fiestas de fin de año deseamos expresar, para todos los empresarios y para el pueblo, nuestros sinceros deseos de que la Paz de la Noche Buena perdure por todo el Nuevo Año.