La disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 no será reformulada y menos abrogada, esa fue la conclusión del Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria que se reunió este jueves para examinar alternativas que pueden ofrecer a los sectores movilizados que piden eliminar esta normativa.
“No podemos atender el pedido de derogar o abrogar un artículo de la ley Financial porque no tiene competencia el Ejecutivo para ese cometido, mucho menos cuando esta ley no ha seguido el procedimiento legislativo, está en vigencia porque así establece la Constitución; Ni tampoco puede abrogar la Asamblea porque ellos no han conocido esta ley”, dijo el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, enseñando de ese modo el candado que puso el Gobierno para aplicar el PGE a su modo.
Distintos sectores sociales, como los gremiales de El Alto y La Paz, además de sectores industriales conminaron al Gobierno a derogar este precepto que según sus puntos de vista los amenaza y pone en peligro su trabajo; por tanto, exigieron que sea derogado o anulado.
Los gremiales afines al Gobierno les dieron 24 horas para responder a su demanda, mientras que los productores de Santa Cruz otorgaron un plazo de 14 días para modificar esa disposición del PGE. Ahora el Gobierno asegura que es imposible atender esa demanda y a cambio ofreció trabajar en la reglamentación de la norma.
“Se trata de una propuesta de reglamento, de normativa que ‘clarifique’ ese es el término, que le de claridad y certidumbre, esta disposición no va a afectar a los productores industriales ni a transportistas y mucho menos a comerciantes minoristas, esto tiene otro sentido”, explicó el viceministro.
Dijo que para la importación de alimentos o productos de forma ilegal están las entidades reguladas como la Aduana o los grupos policiales de control; pero no hay ninguna entidad que controle el ‘contrabando a la inversa’ y por tanto se hacía necesaria una norma que ayude a combatir la salida de productos, aseveró Silva.
De ese modo, convocaron para este jueves y viernes a los grupos gremiales, que son afines al Gobierno; para aquellos que son opositores Silva pidió que presenten sus propuestas alternativas, pero que no sean derogación o eliminación porque no se pueden aplicar.