El presidente de la CNI, Pablo Camacho, en contacto con EL DEBER, informó que el sector se mantuvo firme en su posición, de que el Gobierno retire la polémica disposición de la Ley del PGE, mientras los representantes del Gobierno presentaron una “alternativa” para continuar con el diálogo.
La noche del miércoles, el Gobierno convocó a los distintos sectores empresariales que piden la anulación de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado – PGE 2025 (Ley 1613), pero debido a lo ajustado de la convocatoria, la mayoría de los representantes regionales no pudo llegar a La Paz.
Sin embargo, la mañana de este jueves, un grupo de representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) logró reunirse con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo; el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, y el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.
El presidente de la CNI, Pablo Camacho, en contacto con EL DEBER, informó que el sector se mantuvo firme en su posición, de que el Gobierno retire la polémica disposición de la Ley del PGE, mientras los representantes del Gobierno presentaron una “alternativa” para continuar con el diálogo.
“Les hemos explicado que esto puede ahuyentar inversiones, disminuirlas y va a tener un efecto recesivo en la producción, y va a reducir el pago de impuestos, empleos, etcétera”, dijo Camacho, al mencionar que la reunión se extendió por casi dos horas y media, pero no se llegó a concretar un acuerdo.
“Les hemos reafirmado nuestra posición de rechazo a la disposición, y les hemos pedido más bien que hablen con el presidente (Luis Arce), que den certidumbre a 11,5 millones de bolivianos, a 39.000 industrias, y a muchos otros gremios que se están sumando a este rechazo. Hemos quedado en que ellos van a analizar y que nos convocarían para comentarnos qué ha definido el Presidente”, acotó el presidente de la CNI.
Corre el plazo dado por los gremiales
El lunes 13 de enero, los gremiales del país, junto al sector agropecuario, empresarios y transportistas, dieron un plazo al Gobierno de 14 días para derogar la disposición séptima del PGE, que contempla el decomiso de productos.
De acuerdo con la resolución aprobada en Santa Cruz, para el próximo lunes se tiene previsto un segundo ampliado en La Paz, junto a otros sectores que se sumarán y decidirán las medidas a asumir, a partir del 27 de enero. No se descartan movilizaciones y bloqueo de carreteras.
El texto en el PGE 2025
“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
La CNI considera que la medida podría derivar en confiscación de bienes, afectando la inversión y promoviendo la inseguridad jurídica.