El Gobierno nacional fijó ayer un precio referencial de Bs 11,50 por litro de diésel sin subvención para los sectores minero y agropecuario, con el objetivo de aliviar la crisis de abastecimiento que afecta a estas industrias estratégicas. La medida busca garantizar el suministro del combustible, especialmente para la cosecha de verano en el oriente del país, que requiere 70 millones de litros.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, explicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recurrirá a “activos virtuales” para financiar la importación de combustibles, aunque no precisó de qué recursos se trata. “El precio de 11,50 bolivianos refleja los costos logísticos, de importación y almacenaje”, señaló en declaraciones a Unitel.
La decisión se da en un contexto crítico para YPFB, que enfrenta dificultades para importar combustibles debido a la falta de divisas y la aprobación de créditos externos por parte de la Asamblea Legislativa. Según Gallardo, los préstamos por más de $us 1.667 millones están paralizados desde hace 26 meses, lo que ha reducido la capacidad de la estatal petrolera para abastecer el mercado interno. “Somos como un avión que vuela con una sola ala”, graficó el ministro.
El precio de Bs 11,50 por litro triplica el valor subsidiado (Bs 3,72) y se aproxima al costo del combustible en el mercado paralelo. No obstante, las autoridades consideran que los sectores agropecuario y minero pueden asumir este incremento. Aun así, la medida ha generado críticas desde la oposición y el sector privado, que exigen al Gobierno garantizar el abastecimiento a nivel nacional.
Pablo Demeure, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), recordó que el Estado tiene la obligación de asegurar la provisión de carburantes. “El desabastecimiento tendrá efectos gravísimos en la economía del país”, advirtió. También cuestionó que las autoridades responsabilicen a la falta de créditos externos por la crisis, señalando que hay 16 proyectos pendientes en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el analista energético Álvaro Ríos consideró que las declaraciones oficiales evidencian la “falencia del modelo económico boliviano” y la caída en la producción de hidrocarburos. “El país no tiene con qué pagar la importación de combustible”, sostuvo a Red Uno, criticando la falta de acciones oportunas para resolver el problema.