Los extrabajadores de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S. A. (SABSA), por intermedio de su abogado José Antonio Mozza, exigieron que se cumpla la orden de apremio emitida por la justicia contra el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño Rojas, en caso de no pagar la deuda de Bs 55.189.880, correspondiente a diferencias salariales de los demandantes.
La orden fue dictada por el Juzgado de Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní, ante el incumplimiento del pago de Bs 55.189.880 por concepto de diferencia salarial, fallo que se encuentra ejecutoriado desde 2015. Según Mozza, el dinero debió ser transferido desde hace años, pues fue descontado del paquete accionario de la empresa española Abertis S. A. cuando el Estado nacionalizó SABSA en 2013.
“No hay más instancias. Ya se agotaron todos los recursos y el Estado sigue sin pagar. Ahora corresponde que se ejecute la orden y se haga efectivo el pago”, sostuvo el abogado en contacto con EL DEBER.
El proceso comenzó en 2011, cuando trabajadores de los aeropuertos El Alto, Viru Viru y Jorge Wilstermann demandaron al Estado por discriminación salarial: empleados con el mismo cargo recibían sueldos diferentes según la ciudad en la que trabajaban.
El Tribunal Supremo de Justicia, en 2022, ratificó la sentencia a favor de los trabajadores, declarando infundado el último recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Obras Públicas y la Procuraduría.
Mozza advirtió que el incumplimiento ha sido sistemático y deliberado. “Han convocado a supuestas conciliaciones, pese a que en materia laboral no existe esa etapa. Ni siquiera instalaron las reuniones. Todo ha sido una estrategia para dilatar y no pagar”, señaló.
El mandamiento de apremio obliga al ministro Montaño a cumplir con el pago bajo riesgo de detención y arraigo, al ser el principal representante del Estado, en calidad de accionista mayoritario (99,995%) de Sabsa.
Además, la deuda podría aumentar. “Se debe aplicar la indexación por el tiempo de demora, y eso no es culpa de los trabajadores, sino de la persistente negativa del Estado”, agregó Mozza.
Cabe destacar que este proceso es independiente de otro juicio paralelo iniciado por un grupo diferente de extrabajadores —aproximadamente 300— que reclaman el pago de beneficios sociales, acumulando así una presión doble sobre el Ministerio de Obras Públicas.
La sentencia está respaldada por el Decreto Supremo 1494, que establece que los pasivos laborales de Sabsa debían ser cubiertos con parte del precio de las acciones transferidas al Estado. “Ese dinero ya fue descontado. No se trata de un gasto nuevo. Solo tienen que entregarlo a quienes les corresponde”, enfatizó Mozza.
Este lunes, el ministro Montaño se ecuentra en Tarija, acompañando al presidente, Luis Arce, en los actos protocolares por el aniversario de ese departamento.