La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi ha sufrido un recorte sustancial de su presupuesto y del número de guardaparques por parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), mientras la minería ilegal se expande en la región, según un artículo de Armin Escobar y Douglas Velásquez, integrantes del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) Norteamazónico.
“Durante más de dos décadas, la reserva pudo contar con 13 guardaparques y un presupuesto anual cercano a los dos millones de bolivianos. Sin embargo, para 2024, solo quedan cinco guardaparques y el presupuesto se redujo a 160.000 bolivianos, un monto insuficiente para cubrir los costos de combustible, mantenimiento de vehículos y equipamiento necesario para el personal operativo”, señalan.
Los investigadores indican que los cinco guardaparques deben vigilar 700 mil hectáreas de la reserva, donde la principal actividad es la extracción de la castaña, seguida de la minería ilegal.
Desde 2011, el lugar recauda alrededor de un millón de bolivianos anuales a través Sistema de Cobro por Aprovechamiento de la Castaña (CISCO), por el que se cobra cuatro bolivianos por hectárea a los propietarios de predios dentro del área protegida. Sin embargo, solo se destina el 16% a la protección de la reserva, con un presupuesto a la baja.
Especialistas denuncian corrupción
Escobar y Velásquez también denuncian que “la reserva sufre otras vicisitudes que apuntan a una escalada de corrupción en instancias que la administran”, puesto que en 2024 guardaparques documentaron 15 procesos administrativos en contra de la minería ilegal, pero ninguno de estos llegó a tener sentencia, “dejando en la impunidad a los actores vinculados a la minería ilegal, que a la fecha continúan operando en la zona, amparados por sus arreglos internos”.
Según el reporte, las zonas con presencia de minería en la reserva Manuripi son Gran Progreso, Tacuaral, Santa Martha, Puerto América, Cachuelita, El Cairo y Providencia.
“La actividad minera, después de la castaña, se ha convertido en una importante fuente de ingresos para las comunidades, sobre todo para los jóvenes, quienes venden su fuerza de trabajo”, señala el artículo.
El documento señala que en el río Madre de Dios operan entre 200 y 250 balsas mineras “sólo en los límites de la reserva” e incluso dentro del territorio de la misma, “pese a que la normativa prohíbe que las balsas se acerquen a menos de 50 metros de la orilla”.
Impacto de la contaminación
Escobar y Velásquez, en su artículo, señalan que la minería está provocando contaminación del agua con mercurio.
-La situación afecta a peces y comunidades que dependen del río.
-También causa deforestación acelerada con la destrucción de riberas y la alteración del cauce del río.
-Se produce una pérdida de fauna silvestre por la expansión de asentamientos mineros.
-Se registra comercio ilegal de carne de monte.
-Prolifera el contrabando de mercurio y combustible.
-Aumenta la presencia de actores ilegales en la zona.
Datos de la reserva
La reserva de Manuripi, que está ubicada en el departamento de Pando, ha sido históricamente un refugio de la biodiversidad y un pilar fundamental para la economía local a través del manejo sostenible de la castaña y otros productos del bosque. Sin embargo, “en los últimos años se ha visto una desprotección sistemática por parte del Estado y sus instancias operativas que dejaron el territorio expuesto al avance de la minería ilegal, la tala indiscriminada y el tráfico de fauna silvestre”.
Existe un Comité de Gestión de la Reserva Manuripi, que en febrero tomó pacíficamente las oficinas del Sernap y realizó bloqueos en la ciudad de Cobija para exigir la destitución del director de dicha entidad.
Según los autores del artículo, en la zona operan intereses económicos de unas 30 familias no campesinas que se dedican a la minería con unas 12 balsas cada una.
En 2023, una expedición liderada por Misereor, en coordinación con el CIPCA y Fundación Tierra, partió vía fluvial desde el Chive (comunidad pandina fronteriza con el norte de La Paz) hasta la comunidad indígena El Tigre, con visitas intermedias a las comunidades indígenas de Puerto Pérez y Las Mercedes, “mostrando que los mineros locales solo toman el 20% del oro que extraen, mientras que los grandes operadores controlan el resto del negocio”, señala el artículo.
Frente a la inacción del Estado, los autores proponen impulsar el fortalecimiento de los guardaparques comunitarios voluntarios y promover la participación de las organizaciones comunitarias en la toma de decisiones.