En el año 2024 se registró un total de 915 vulneraciones a las libertades fundamentales en Bolivia –entre libertades de expresión, prensa, libre asociación, reunión pacífica, protesta y defensa de derechos- y a la institucionalidad democrática, según un último informe de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) publicado hoy.
“La fragilidad de las instituciones del Estado, el incumplimiento a las normas, los reiterados casos de corrupción de máximas autoridades ejecutivas en los distintos niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal), entre otros casos, son la muestra de un creciente y preocupante nivel de debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país, que va en incremento año a año y afianzándose por encima de las violaciones a las libertades fundamentales y el derecho a defender derechos”, señala el informe.
El análisis también revela que la Policía Nacional es la institución responsable de la mayor cantidad de vulneraciones, con 212 (23%) del total de casos, sobre todo de hechos y declaraciones que atentaron contra la institucionalidad democrática, así como las libertades de reunión y protesta.
Del total de vulneraciones registradas, el 57% (525 casos) fueron a la institucionalidad democrática, mientras que un 17% (150 casos) están relacionados con vulneraciones a la libertad de prensa, posicionándose como las dos categorías con mayor incidencia de casos por segundo y tercer año consecutivo, respectivamente.
Según el informe, también hubo 95 vulneraciones a la libertad de reunión y protesta, 93 a derechos de defensores de derechos, 34 registros relacionados con vulneraciones a la libertad de expresión y 18 con la libertad de asociación. De acuerdo con Unitas, estas violaciones evidencian que el gremio periodístico vive en riesgo constante.
“Por otro lado, los registros contrarios a la libertad de prensa confirman el permanente estado de alerta y riesgo en el que se ven involucrados los trabajadores de medios comunicación, afectados no solo por agresiones directas de parte de organizaciones o personas particulares, sino también por una ausencia de protección y garantías para el ejercicio periodístico de parte del Estado”, señala el informe.
El informe, a cargo del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, revela un “incremento sustancial” de las vulneraciones registradas en los últimos cuatro años: en 2021 hubo 666 casos, en 2022 hubo 768 y en 2023 la cifra bajó a 743 registros, con lo que la cifra del año pasado significó un incremento del 19%, es decir, 172 casos más.
Como uno de los factores que explican este incremento no habitual de registros, Unitas señala que hubo al menos 53 casos, durante enero de 2024, relacionadas con denuncias de acoso político por gestión compartida contra concejalas de varios municipios del país, situaciones en la que se coartó a mujeres electas como autoridades para que renuncien a su mandato para que un varón la reemplace en el cargo. Estos hechos también constituyen un detrimento de los derechos políticos de las mujeres bolivianas.
Otros dos eventos detonantes de casos en 2024 fueron vulneraciones cometidas en relación a los incendios forestales entre el tercer y cuarto trimestre del año, como el incumplimiento de funciones de autoridades, y casos de agresiones a periodistas y otras violaciones en torno al bloqueo de caminos de sectores simpatizantes con el expresidente, Evo Morales, entre septiembre y noviembre de 2024.
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA
Con 525 casos, las vulneraciones a la institucionalidad democrática incrementaron un 28% desde 2023, año en el que se registró 379 casos. Del total, 282 estuvieron relacionadas con actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos (actos contrarios a la presunción de inocencia, expresiones y arbitrariedades de autoridades, etc.), 70 fueron casos de acoso político, 48 procedimientos no basados en la norma y 48 casos de corrupción de autoridades públicas.
Asimismo, en 2024 hubo 27 registros de incumplimiento de procesos adecuados en elección de autoridades, 24 casos de incumplimiento de normas relativas a la duración de autoridades y funcionarios, 12 casos de falta de independencia de órganos del Estado, ocho relacionados a condicionamientos en el servicio público y seis a la falta de transparencia y acceso a la información.
LIBERTAD DE PRENSA
De las 150 vulneraciones registradas en esta categoría, 42 fueron agresiones físicas, psicológicas o sexuales a periodistas. En tanto, hubo 30 impedimentos de acceso a información, 24 casos de amenaza o amedrentamiento a periodistas, 11 casos de criminalización a periodistas -cifra que también aumentó respecto a gestiones previas-, 11 casos de estigmatización, ocho de censura y siete ataques a medios de comunicación.
También se registró seis casos de incumplimiento al deber de investigación y sanción, cuatro de violación a la reserva de fuentes, tres de impunidad en casos de periodistas, tres de incumplimiento al deber de protección de trabajadores de la prensa y un caso de incumplimiento al debido proceso.
“Autoridades de diferentes niveles de gobierno, el Ministerio Público, organizaciones sociales como el sector gremial o el transporte público, además de la Policía y otros, se encuentran como los principales actores que obstruyeron o se negaron a brindar información a periodistas y medios de comunicación”, destaca Unitas.
El informe enfatiza que “la violencia ocurrida en octubre en Parotani, Puente Ichilo y otros sectores de Cochabamba, en contra de periodistas que fueron a cubrir bloqueos y protestas por la inhabilitación de Evo Morales, reflejan cómo, en ciertos contextos de conflictividad, las movilizaciones pueden derivar en acciones violentas que afectan no sólo al Estado de Derecho, sino también a la prensa, limitando el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información”.
DERECHO A PROTESTA Y REUNIÓN PACÍFICA
En esta categoría también se vio un incremento de cifras, de 68 casos en 2023 a 95 el año pasado, aunque representa una disminución sustancial respecto a 2022, gestión que registró 202 vulneraciones. Del total, los tipos de vulneración con mayor incidencia son personas heridas en el uso desproporcional de la fuerza pública, con 50 casos, y la represión de protestas, con 18 registros.
También hubo cuatro registros de criminalización de protestas, cuatro impedimentos de protesta, dos detenciones indebidas, una obstaculización de reuniones pacíficas temporales y un caso de amenaza a la realización de una protesta.
Este incremento, refleja el informe, se debió en parte a un mayor uso desproporcional de la fuerza en manifestaciones sociales, como las acciones militares del 26J y los conflictos internos de la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari.
Como segundo factor, la entidad informó que incorporó dos nuevos tipos de vulneración en el último estudio tras identificar nuevos patrones: incumplimiento de deber de garantía de protestas pacíficas y estigmatización de protestas, en los cuales se registró ocho y siete casos respectivamente. Como ejemplos de estos casos, se mencionó las protestas del sector de transporte pesado por la crisis económica, los conflictos partidarios y la marcha “evista” de 24 días.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
De los 34 casos registrados de vulneraciones a la libertad de expresión en 2024, 14 fueron por estigmatización -cifra que disminuyó respecto a años pasados-, diez por criminalización, cuatro por agresión física, psicológica o sexual, dos por censura previa, presión o interferencia, dos por condicionamientos previos, uno relacionado con sistemas de vigilancia y otro por amenaza o amedrentamiento.
“Se nota un incremento inusual de los casos de criminalización, de dos en 2022 y tres en 2023, a 10 en 2024. Éstos tienen que ver con hechos en los que actores políticos o instituciones públicas instauraron procesos legales por declaraciones o actos de fiscalización contra actores políticos, organizaciones o personas particulares”, agrega el documento.
DERECHO DE DEFENSORES DE DDHH
También hubo un incremento de las cifras de vulneraciones hacia personas e instituciones defensoras de derechos, de 51 casos en 2023 a 93 en 2024, lo que significa un aumento del 82%, entre las cuales destacan 53 casos de criminalización en contra de personas que fueron procesadas por defender su tierra y su territorio frente a actividades extractivas o avasallamientos, entre otros.
En las otras categorías figuran la desprotección en situaciones de riesgo, con 14 casos; amenaza y amedrentamiento de defensores, con 11 casos; obstaculización en realización de actividades, con seis denuncias; incumplimiento al deber de investigación y sanción, con cuatro; agresiones físicas, psicológicas, sexuales o cibernéticas a defensores, con tres; y restricción de acceso a información pública, con dos casos registrados.
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
En 2024, Unitas registró un total de 18 casos de vulneraciones a la libertad de asociación, entre las cuales hubo ocho casos de suplantación y división de organizaciones, ocho de obstrucción indebida del funcionamiento de una asociación y dos de obstrucción indebida de libre determinación de estatutos, estructura y actividades, tanto por parte de autoridades del poder Ejecutivo y otros grupos de personas.
Sin embargo, “estas cifras no reflejan la dimensión real de las restricciones que afrontan las organizaciones de la sociedad civil en el país, como por ejemplo en la obtención de su personería jurídica, cuyo proceso de tramitación es largo, dilatorio y discrecional”, aclaró la entidad.