El Tribunal Constitucional admitió un recurso contra un decreto que establece a La Paz como sede obligatoria para juzgar ciertos delitos y como medida cautelar determinó paralizar el juicio por el paro de los 36 días, en la que están acusados el gobernador electo Luis Fernando Camacho y otros líderes cruceños que encabezaron las movilizaciones en defensa del Censo.
El TCP admitió un recurso presentado por el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas y el integrante del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, contra el decreto 138 del 20 de mayo del 2009. Ambos están entre los procesados en el caso.
Argumentan que dicha norma vulnera el derecho al juez natural ya que llevó el proceso por el paro de los 36 días a La Paz, pese a que los hechos denunciados supuestamente ocurrieron en Santa Cruz.
El TCP emitió el Auto Constitucional 0032/2025-CA mediante el cual admite la acción de inconstitucionalidad contra el decreto y ordena que se paralice el proceso hasta que tome una decisión al respecto.
“Con esta sentencia se debe parar los procesos por terrorismo con un decreto supremo de EMA (Evo Morales Ayma), nuestro juicio se paraliza y el gobernador debe ser liberado”, señaló el vicerrector Vargas al reaccionar a la decisión del TCP.
El rector Cuéllar añadió que la detención del gobernador Camacho en este caso es ilegal y arbitraria.
En el caso también está incluido el exlíder cívico Rómulo Calvo. Entre el 21 de octubre y el 26 de noviembre del 2022 los cívicos y otras instituciones como la UAGRM impulsaron un paro con el fin de exigir al gobierno que realice el Censo de manera oportuna. El empadronamiento general debía realizarse en noviembre de ese año.
El gobierno anunció luego su postergación para mayo o junio de 2024 y la entrega de resultados entre los años 2025 y 2026. La presión de los sectores de Santa Cruz hizo que la administración de Luis Arce determine realizar el Censo el 23 de marzo del 2024, con el compromiso de entregar los primeros resultados de población en agosto para hacer la reasignación de escaños en la Cámara de Diputados y ajustar la distribución de recursos a las regiones por coparticipación tributaria.
El resultado oficial del Censo provocó una serie de cuestionamientos al Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta entidad anunció que Bolivia tenía el año pasado 11.312.620 habitantes y Santa Cruz es el departamento más poblado con 3.115.386 habitantes. Esas cifras están por debajo de las proyecciones intercensales anteriores del propio INE y de un levantamiento de datos hecho por la gobernación en la que señalaba que la población de Santa Cruz era en el 2024 de 4.000.143 habitantes.
Existía además la expectativa de que Santa Cruz aumente entre cuatro y cinco diputados, pero con el dato oficial del INE solo subió un curul en la Cámara Baja para igualar con 29 a La Paz, en cantidad de representantes.