Revelan que diésel importado por privados no se vende por alto precio

De acuerdo con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia, más de 1,3 millones de litros de diésel importados por privados para la comercialización en el mercado interno están parados y no se venden porque el precio por litro llega hasta Bs 15.
“En una primera etapa, el Gobierno tomó la decisión de liberar la importación para autoconsumo. Después, pues (algunas personas dijeron) que ‘cualquiera puede importar para vender’ y también lo liberamos ¿y cuál es la realidad de esto? De que hay un millón de litros de diésel en Senkata y hay 300 mil litros acá en Palmasola, hace varios meses que nadie lo compra”, declaró la autoridad de YPFB.
Según Dorgathen, esa situación se debe a que “el diésel (importado por los privados) está en 14 o 15 bolivianos el litro”, por lo que los consumidores “prefieren esperar el diésel subvencionado”. “Eso ha sido una realidad y una constante”, aseveró.
Se conoce que el litro de diésel importado por YPFB está en Bs 3,72. De igual manera, la gasolina subvencionada cuyo litro tiene un costo de Bs 3,74.
“En La Paz, para el tema de minería, no se movió el millón de litros, y acá en Santa Cruz tampoco se movieron los otros 300 mil litros. Hay alguna otra empresa que decidió autocomprarse, evidentemente, mientras haya un diésel subvencionado, ningún otro diésel va a ser competitivo”, manifestó.
Además, para facilitar la importación directa de combustibles, tanto para consumo propio como la comercialización, el Gobierno nacional aprobó un conjunto de decretos a fin de simplificar los trámites y flexibilizar requisitos con el fin de brindar mejores condiciones para desarrollar estas actividades de manera continua.
Por ejemplo, el Decreto Supremo 5218 simplifica los requisitos legales y técnicos para la importación directa de combustibles de consumo propio, permite a personas individuales, empresas, cooperativas y asociaciones realizar este proceso de manera más ágil y eficiente. Con esta norma, los trámites que antes demoraban hasta un año ahora se completarán en un plazo de 5 a 10 días. (Con datos de ABI)