Ley de Hidrocarburos: Propuestas para atraer inversión en el sector

Lactual Ley de Hidrocarburos de Bolivia, vigente desde 2005, enfrenta crecientes cuestionamientos por parte de expertos del sector, quienes coinciden en que su estructura jurídica, fiscal y contractual ha frenado la inversión privada, ha limitado el desarrollo exploratorio y no se adecúa al nuevo contexto constitucional ni a las exigencias del mercado energético internacional.
Iver Von Borries, reconocido como uno de los principales abogados asesores de empresas internacionales en Bolivia, indicó que uno de los principales cuellos de botella de la actual es la inseguridad jurídica generada por la salida del país del CIADI y la denuncia de los tratados bilaterales de inversión, lo cual desalienta a las empresas extranjeras a asumir riesgos en territorio boliviano. A esto se suma la estructura tributaria y fiscal poco competitiva, caracterizada por un government take elevado que reduce significativamente la rentabilidad de los proyectos hidrocarburíferos.
Otro aspecto limitante es el modelo de contrato vigente, en el cual el operador asume todo el riesgo, lo que desincentiva la participación del sector privado en proyectos exploratorios. Además, la excesiva burocracia institucional y la superposición de funciones entre el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) generan demoras operativas y falta de claridad en la ejecución de contratos. Finalmente, dijo Von Borries, la falta de incentivos reales y materializables han sido una constante, ya que muchas disposiciones legales, como la Ley de Incentivos a la Producción de Líquidos, no han logrado efectos concretos y han quedado en el plano declarativo.
Por su lado, el especialista en derecho empresarial, hidrocarburos y energía, Pablo Stejskal, coincidió que la Ley vigente, no ha sido aún adecuada a los preceptos de la Constitución Política del Estado de 2009, por tanto, son inaplicables varias de las disposiciones.
Entonces, ¿qué tipo de modelo necesita Bolivia?. Von Borries señaló que Bolivia necesita adoptar un modelo normativo más flexible y adaptado a las nuevas condiciones del mercado energético global. “Este modelo debe ser mixto, permitiendo la coexistencia -dentro del marco constitucional- de contratos con participación estatal razonable, garantizando al mismo tiempo rentabilidad para las empresas”, dijo.
Los artículos prioritarios a modificar son los referidos a las disposiciones tributarias rígidas que imponen cargas excesivas al capital privado y los artículos que impiden la diversificación de tipos de contratos, respecto de las alianzas público privadas. Asimismo, se debe reformar la normativa que otorga a YPFB funciones tanto operativas como regulatorias (más allá de las establecidas por ley a la ANH), lo que constituye un claro conflicto de interés y una traba para una gestión eficiente y transparente del sector, apuntó Von Borries.
Del mismo modo, Stejskal señaló que el modelo de legislación hidrocarburífera que requiere el país, deberá estar orientado a incentivar la inversión de capital de riesgo de exploración, a través de una equilibrada repartición de la renta petrolera entre el Estado y el inversionista privado, como complemento a los proyectos exploratorios que YPFB ejecuta. “La experiencia en el rubro confirma la conveniencia de que el Estado opere de manera directa sobre áreas de aceptable prospectividad y relativo riesgo de descubrimiento de reservas, pero que traslade estratégicamente ciertos proyectos de alto riesgo exploratorio a operadores privados o estatales con diversificación internacional y mayor suficiencia financiera y tecnológica”, apuntó el jurista.
Por otro lado, Von Borries afirmó que los gobiernos subnacionales deben tener un rol activo y coordinado dentro de la nueva Ley de Hidrocarburos. Su participación es clave en las decisiones sobre exploración y explotación en sus territorios, especialmente en lo relativo al uso del suelo y el relacionamiento con las comunidades locales. Además, estos gobiernos deben beneficiarse de las regalías, en el marco constitucional, bajo un esquema que promueva la equidad y la sostenibilidad fiscal. En este sentido, también pueden actuar como facilitadores de la inversión privada, contribuyendo a reducir conflictos sociales y agilizando los procesos administrativos regionales. “Su participación efectiva permitirá una articulación más eficiente entre lo local y lo nacional, así como un mejor aprovechamiento de los recursos”, remarcó.
Esta necesidad de coordinación se vuelve aún más relevante si se considera, como señaló Stejskal, que uno de los principales obstáculos para atraer inversión en exploración es la alícuota fija de recaudación del 50% sobre el valor de la producción de hidrocarburos en boca de pozo. Esta carga, establecida mediante las Regalías, participaciones e IDH, y fijada de forma rígida por el artículo 8 de la Ley de Hidrocarburos, responde al mandato de la Ley de Referéndum Nacional de 18 de julio de 2004.
Sin embargo, un esquema de regalía única e inflexible rara vez responde a las diversas condiciones de los proyectos, considerando su magnitud, fase de prospección o riesgo exploratorio. Por ejemplo, no debería aplicarse el mismo tratamiento tributario a un mega campo gasífero que a un pequeño campo de hidrocarburos líquidos, dado que la rentabilidad entre ambos varía de forma considerable.
Von Borries indicó que para que Bolivia recupere competitividad frente a otros productores, se requieren incentivos fiscales y contractuales alineados con estándares internacionales. Se debe reducir la carga impositiva —incluido el IDH— y ofrecer estabilidad fiscal mediante convenios impositivos duraderos, deducción anticipada de inversiones y regalías progresivas según volumen o rentabilidad. Estos elementos deben generar confianza para inversiones desde la exploración hasta la comercialización.
La nueva Ley de Hidrocarburos debe redefinir la relación con YPFB, eliminando su triple rol de operador, comercializador y regulador. Von Borries planteó una separación funcional clara, limitando a YPFB a tareas operativas y comerciales bajo supervisión externa, junto con una reforma estructural que fortalezca su gobernanza técnica y eficiencia empresarial.
Respecto a la participación social, la consulta con pueblos indígenas, comunidades y actores sociales debe ser vinculante, pero sobre todo precedida por procesos de capacitación que garanticen decisiones informadas y libres de manipulación ideológica.
Von Borries recomendó adoptar estructuras tarifarias progresivas, bonificaciones por éxito exploratorio, descuentos por reinversión y alícuotas diferenciadas para proyectos de alto riesgo. En cuanto a seguridad jurídica, propuso restablecer tratados internacionales y evaluar el retorno al CIADI.
El proceso para una nueva Ley de Hidrocarburos no debería durar menos de 18 meses, dependiendo de la composición legislativa.