El Gobierno admitió este miércoles que Bolivia enfrenta un riesgo real de ingresar a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en las próximas semanas y responsabilizó directamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por la falta de aprobación de una ley para la lucha contra delitos financieros.
En una conferencia de prensa, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, explicaron que, si bien este organismo no tomó una decisión oficial respecto a Bolivia, la ausencia de una norma que incorpore técnicas especiales de investigación pone al país en una posición vulnerable. “El GAFI aún no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre Bolivia. La evaluación formal se conocerá en el pleno que se desarrollará este mes”, aclaró Montenegro.
El punto crítico, según el Gobierno, es que el GAFI exige que las técnicas especiales de investigación –herramientas para detectar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo– estén reguladas por una norma con rango de ley y no acepta decretos o resoluciones.
Bolivia está inmersa desde noviembre de 2022 en la cuarta ronda de evaluaciones del GAFI, que en enero de 2024 emitió un informe con 60 acciones recomendadas. Troche detalló que el país ya cumplió con más del 90% de ellas.
El Gobierno recordó el conflictivo historial legislativo sobre este tema. En agosto de 2021 se promulgó la Ley 1386, pero fue abrogada en noviembre del mismo año tras masivas protestas de sectores que la consideraban una herramienta de “persecución financiera”. Posteriormente, los proyectos de ley 218 y 280, presentados en 2021 y 2023 para reponer esta normativa, fueron paralizados en la Asamblea, según la administración de Luis Arce, por los opositores.
“Si Bolivia enfrenta consecuencias, serán responsables quienes impidieron su aprobación”, afirmó Montenegro. “Ellos son los responsables de cualquier resultado. Nos han puesto en riesgo y han puesto en riesgo al país”, agregó.
Ingresar a la “lista gris” implica que Bolivia sería una “jurisdicción bajo mayor vigilancia”, según la definición del GAFI.
Aunque no supone sanciones automáticas, podría afectar la reputación financiera del país, dificultar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero y encarecer los costos financieros.
Troche advirtió que la situación “podría afectar la reputación financiera de Bolivia en el sistema internacional y limitar el acceso a mecanismos formales de financiamiento”.
No sería la primera vez que el país figura en este registro. Bolivia, según recordó el Gobierno, ya estuvo en la lista gris en 2011 por la falta de avances entre 2001 y 2005.
El Legislativo se encuentra por estos días concentrado en pugnas por los créditos externos pendientes y el bllindaje para las elecciones generales del 17 de agosto.
RIESGO
Si Bolivia es incluida en la lista gris del GAFI, será considerada como una “jurisdicción bajo mayor vigiliancia”, y eso podría afectar a la reputación financiera del país, señaló el Gobierno.