Bolivia prepara un nuevo proyecto de ley para responder a las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras su reciente inclusión en la lista gris, que señala deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que el país ya ha trabajado en cumplir varias de las recomendaciones del organismo internacional, pero que persiste una debilidad clave: la ausencia de técnicas especiales de investigación dentro del marco legal.
Montenegro recordó que en 2021 se aprobó la Ley 386, diseñada para fortalecer la lucha contra delitos financieros. Sin embargo, una ola de protestas impulsada —según el Gobierno— por sectores conservadores, obligó a su abrogación. Posteriormente, se presentaron los proyectos de ley 218 y 280, que tampoco prosperaron.
“En su momento advertimos de las consecuencias que tendría anular estas normativas”, sostuvo.
En 2023, el Ejecutivo incluyó una disposición similar en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2024, pero tampoco fue aprobada por la Asamblea Legislativa.
Ante este panorama, el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley que incluya los puntos pendientes señalados por el GAFI, especialmente relacionados con métodos de investigación financiera y judicial. Montenegro remarcó que esta norma busca mostrar “la buena voluntad del Estado boliviano” y evitar que el país quede expuesto a restricciones en el sistema financiero internacional.
“El sabotaje legislativo ha tenido sus consecuencias subrayó el ministro, instando a los legisladores a priorizar el interés nacional frente a agendas políticas.
La inclusión de Bolivia en la lista gris no solo afecta su imagen internacional, sino también su capacidad de atraer inversiones, operar con corresponsales bancarios y mantener la confianza en su sistema financiero.