En medio de gritos, agresiones físicas, objetos lanzados y un fuerte resguardo policial, la Cámara de Diputados debatió este jueves el controvertido contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china CBC, en un ambiente marcado por la falta de acuerdos políticos y el rechazo ciudadano.
La sesión evidenció un escenario caótico, con acusaciones cruzadas, protestas cívicas y denuncias de violencia dentro y fuera del hemiciclo. La sesión comenzó a las 17:50, con la presencia del ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, quien intentó explicar los alcances del contrato desde la testera.
Sin embargo, su intervención fue interrumpida por abucheos, gritos e incluso el lanzamiento de papeles, botellas y restos de comida por parte de varios diputados. “Ni siquiera se molestaron en leer el contrato”, reclamó Gallardo.
Para evitar que el ministro y el presidente de la Cámara, Omar Yujra, fueran alcanzados por papeles, botellas y agua, personal del Legislativo y parlamentarios usaron paraguas como escudo ante esa peculiar lluvia.
A pesar del caos, el oficialismo forzó la continuidad del debate sin contar con consensos. Los legisladores arcistas defendieron la aprobación y presionaron para que se proceda a la votación, mientras la oposición y los cívicos potosinos intentaban paralizar la sesión.
Las protestas fueron repelidas con un fuerte despliegue policial. Manifestantes que lograron ingresar fueron desalojados y las puertas del hemiciclo se cerraron. Incluso, varios diputados que intentaron tomar la testera fueron contenidos por agentes de civil.
Uno de los episodios más graves de la jornada ocurrió cuando la diputada María José Salazar (Comunidad Ciudadana) fue agredida físicamente por su colega Verónica Aguilera (Creemos), quien le cubrió la boca con la mano mientras Salazar exigía que la votación sea nominal “en nombre de la transparencia”.
El incidente fue registrado por las cámaras del hemiciclo y generó condena pública en redes sociales.Durante el debate, se lanzaron duras descalificaciones sin intervención del presidente de la Cámara. El diputado Walty Egüez (Creemos) dirigió insultos contra oficialistas, evistas y androniquistas.
Tampoco prosperaron los pedidos de postergar el tratamiento del contrato. Yujra argumentó que el Ejecutivo había esperado desde enero por su aprobación y no correspondía más demora. La bancada arcista optó por dejar que se agoten las cinco horas reglamentarias de debate para luego aplicar la figura de “suficiente discusión” y forzar la votación.
Desde el Senado, sin embargo, surgió una advertencia: “Es muy irresponsable que un gobierno con un pie afuera esté tocando estos temas”, dijo el senador Santiago Ticona, quien anticipó que la Cámara Alta actuará como un “dique” y no aprobará el contrato con CBC.
Rechazo potosino
En paralelo, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) expresó su rotundo rechazo al contrato con la empresa china CBC.
Una delegación de seis dirigentes llegó a La Paz para hacer oír su posición. El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, denunció que los acuerdos se firmaron sin consulta previa ni garantías ambientales, y calificó los contratos como “una vulneración de los principios del Estado”.Pérez también arremetió contra la senadora oficialista Ana María Castillo, a quien tildó de “enemiga y traicionera del pueblo potosino”.
El dirigente aseguró que Comcipo no reconoce ninguna declaración que ella emita y advirtió con medidas de presión si se aprueba el proyecto de Ley 197 que tiene que ver con la regulación para la explotación de recursos evaporíticos en el país.
Los cívicos potosinos exigen, en ese contexto, una mayor participación con regalías que le permita al departamento mejorar las actuales condiciones de desarrollo, tal como sucedió, según explicaron, con la actual política de hidrocarburos.
YLB defiende contratos
En medio del tenso clima político, René Salinas, gerente sectorial de Ingeniería de YLB, defendió el contrato con CBC en una entrevista radial. Afirmó que las críticas parten de “discursos exagerados” y “datos tergiversados” promovidos por sectores cívicos y fundaciones.
“El contrato afecta apenas al 1,34% de los 21 millones de toneladas certificadas de litio en el Salar de Uyuni, y la superficie de intervención no supera el 2% del área total”, afirmó Salinas.
Agregó que el acuerdo abarca un periodo de 30 años, durante los cuales se construirán y operarán plantas con tecnología de extracción directa (EDL).Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno al uso del agua.
Salinas explicó que las plantas utilizarán entre 2,8 y 3,3 millones de metros cúbicos anuales, lo que representa menos del 10% del total recargado a los acuíferos locales. “El diseño de las plantas es cada vez más eficiente, y estimamos que el consumo será incluso menor al proyectado”, aseguró.
Sobre la consulta previa, aclaró que esta se llevará a cabo una vez se apruebe la fase de factibilidad.
“Fracasamos con el litio”
Desde una mirada crítica, el experto en energía y expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Carlos Delius, calificó como un “fracaso” la gestión estatal del litio en Bolivia. “No es un problema de agua ni de regalías, es nuestra incapacidad de tomar decisiones y ejecutar proyectos”, dijo en el programa Dinero 360 de EL DEBER-Radio.
Delius recordó que Bolivia ha repetido errores históricos. “En los años 90 corrimos a la empresa que hoy opera en el Salar del Hombre Muerto, en Argentina, y allá armaron uno de los negocios más grandes del mundo. Nosotros no pudimos hacerlo”, lamentó.
También minimizó el debate sobre el uso del agua, comparando con el desierto de Atacama, donde se produce el 25% del litio global. “Allí, el agua no ha sido un obstáculo”, puntualizó.
Finalmente, criticó la falta de resultados tras años de inversión. “Gastamos 1.200 millones de dólares y no tenemos nada”, sentenció.
Alta tensiónLa jornada legislativa concluyó con fuertes cuestionamientos a la manera en que se condujo el debate. Mientras el oficialismo buscó apurar el tratamiento del contrato, sin escuchar las demandas de la oposición ni de las regiones afectadas, el episodio de violencia física dentro del hemiciclo y el impedimento del ingreso de los cívicos potosinos reforzaron la percepción de un proceso viciado de origen y sin consenso.
En medio del caos, una misión de la Defensoría del Pueblo fue impedida de entrar a la sesión de ayer.
Así, el contrato con CBC, que busca impulsar la industrialización del litio con inversión extranjera, se ha convertido en un nuevo foco de tensión política y regional. Su futuro dependerá de la correlación de fuerzas en el Senado en caso de que, finalmente, se apruebe el contrato. Hasta medianoche continuaban las discusiones en el hemiciclo.