La escasez de combustibles sigue afectando de forma crítica al transporte en Bolivia. Desde la ciudad de El Alto, los principales dirigentes del sector denunciaron que más del 50% de sus afiliados no pueden operar con normalidad por la falta de gasolina y diésel, y aseguraron que están en conversaciones con un consorcio privado para viabilizar la importación directa de carburantes.
Reynaldo Luna, representante de los choferes de El Alto, confirmó que ya se sostuvieron reuniones preliminares con empresarios interesados en traer diésel y gasolina para abastecer al transporte público y de carga. “Se está trabajando con el consorcio de empresarios para que llegue el combustible a nivel nacional”, afirmó en conferencia de prensa.
Las gestiones, según explicó, incluyen la coordinación con organizaciones de transporte de otros departamentos. “Nos vamos a reunir con nuestros compañeros de Santa Cruz. Las reuniones van a continuar”, adelantó.
En paralelo, los choferes intensifican su coordinación con organizaciones sociales y vecinales para ejercer presión política. Durante una conferencia de prensa ofrecida en El Alto, Luna denunció que el problema del combustible no es solo logístico, sino también institucional, ya que las principales autoridades del sector energético enfrentan procesos penales por presunto daño económico al Estado.
“El ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB están procesados. ¿Cómo vamos a trabajar con autoridades enjuiciadas?”, cuestionó. Añadió que en los encuentros sostenidos con parlamentarios y empresarios se verificó la existencia de sobreprecios en el transporte de combustibles y un esquema que, a su juicio, está lejos de garantizar transparencia.
“No hay subvención real. Hay sobreprecio en el combustible, hay sobreprecio en el traslado de las cisternas. Eso queremos que entienda el pueblo”, expresó.
También señaló que las propuestas oficiales para resolver la crisis son insuficientes y poco confiables. “No se puede dejar la seguridad energética del país en manos de una empresa con una simple boleta de garantía”, agregó.
El dirigente fue enfático en negar cualquier motivación política detrás de las movilizaciones. “No tenemos representantes ni candidatos en partidos políticos. Nuestra preocupación es el combustible. Eso es lo que afecta a nuestras familias”, subrayó.
Por ahora, el sector descarta medidas de presión inmediatas, pero advierte que dependerá de lo que se decida en los ampliados y futuras reuniones. La urgencia por encontrar soluciones se mantiene, mientras gran parte del transporte permanece en filas o parado, y la economía nacional acusa el impacto de una crisis energética que no da tregua.