La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (Cadeco) y la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco) expresaron su rechazo a los bloqueos y restricciones que impiden el transporte de cemento desde la Unidad de Cemento de la Cooperativa Multiactiva Coboce, afectando el despacho de 2.500 toneladas diarias y frenando el suministro a proyectos de infraestructura pública, vivienda y desarrollo comunitario en la región y el país.
A través del pronunciamiento empresarial en defensa del derecho al trabajo, la libertad de empresa, y la estabilidad productiva del departamento de Cochabamba se señala que el conflicto se origina en presiones corporativas para condicionar la logística de distribución y exigir beneficios contrarios a la normativa y a la gestión empresarial.
El pronunciamiento advierte: “La situación vulnera principios esenciales para la actividad productiva formal, como la libertad de empresa, la libertad de contratación, la seguridad jurídica, la continuidad operativa y la preservación del empleo formal”.
Asimismo, el documento precisa: “el sector de la construcción en Cochabamba representa cerca del 4% del PIB departamental, equivalente a 1.700 millones de bolivianos anuales, y está compuesto por 9.617 empresas —el 14,7% del tejido empresarial departamental— que generan 132.270 empleos formales”.
Por otro lado, se añade que la Población Económicamente Activa vinculada al rubro alcanza a 401.000 personas”, en un contexto donde los costos generales del sector se incrementaron entre 20% y 25% en el primer semestre de 202”.
“La construcción impulsa cadenas productivas hacia atrás, demandando insumos de industrias como acero, madera, transporte y servicios”, por lo que “la interrupción de su logística genera un impacto multiplicador negativo sobre la competitividad, la inversión y la generación de empleo”, destaca el Pronunciamiento Empresarial.
Además, el documento alerta que permitir que prácticas como estas se consoliden como mecanismo de presión sienta un precedente grave que:
• Inhibe la inversión privada por incertidumbre operativa.
• Debilita la seguridad jurídica, base de relaciones económicas estables.
• Limita el derecho de las empresas a organizar libremente su logística y asociaciones.
• Compromete la continuidad del abastecimiento del mercado interno.
• Pone en riesgo la estabilidad del empleo formal.
• Aumenta la presión inflacionaria, agravando la situación económica de la población.
En el pronunciamiento, la FEPC demanda a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas para restablecer la libre circulación de insumos estratégicos y garantizar el respeto a la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el derecho al trabajo.
Finalmente, el documento reafirma la disposición de las instituciones a participar en un diálogo técnico, constructivo y basado en la ley, con el objetivo de proteger el desarrollo regional, la competitividad del sector productivo y el bienestar de las familias que dependen de estas actividades.