Quienes manipularon la justicia ahora deben responder ante ella

Cuestionando las amenazas del “evismo” sobre someter a un juicio de responsabilidades al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en caso de que se libere a procesados por los hechos de 2019, legisladores de oposición afirmaron que a partir del próximo gobierno se acabará la persecución política y quienes manipularon la justicia ahora deberán responder por sus actos.

En criterio del diputado paceño Alejandro Reyes, las advertencias de la dirigencia leal a Evo Morales deben tomarse solo como la respuesta de un sector a resultados electorales que prácticamente han borrado del mapa al “masismo” en todas sus vertientes.

Asimismo, calificó dichas advertencias como la respuesta del “radicalismo masista” ante los inminentes procesos que deberá enfrentar el líder cocalero, una vez asuma funciones el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Están hablando mientras sangran por la herida, saben que el que va a tener un juicio de responsabilidades es Evo Morales”, dijo.

En su criterio, con la llegada de una nueva administración, se pondrá fin a un período de gobierno, caracterizados por la vulneración de derechos fundamentales y una encarnizada persecución política y judicial contra sus opositores, de la que, además, se esperan sanciones ejemplares hacia aquellas autoridades y operadores de justicia que manipularon y torcieron las leyes y la propia Constitución para satisfacer intereses personales y de grupo.

“Se acabaron los juicios políticos, ahora los políticos serán los que vayan a juicio, sobre todo esos que han presionado y manipulado la justicia”, agregó Reyes.

En esa línea, el legislador paceño afirmó que Morales y varios de sus excolaboradores “tienen los días contados” y deberán prepararse para responder ante la justicia.

“Todos aquellos que han destruido el Estado de Derecho con corrupción y manipulación de la justicia, ahora deberán responder por sus actos”, finalizó.
Por su parte, el diputado y recientemente electo senador por La Paz, José Manuel

Ormachea, adelantó que para la próxima ALP será prioritario llevar adelante investigaciones relacionadas a la manipulación de la justicia y actos de corrupción en la administración del Estado.

“Va a ser prioritario para la bancada de la alianza Libre que se investiguen todos los hechos de corrupción, no solo durante la gestión de Arce Catacora, sino de los gobiernos previos (…), además de gobiernos municipales y departamentales”, sostuvo.

Ormachea expresó que las investigaciones deben ser responsables e integrales, esto para garantizar que se haga justicia y se establezcan responsabilidades sobre cualquier acto de corrupción y violación sistemática de derechos fundamentales que se haya registrado a partir del año 2006 en adelante.

“No vamos a ser de aquellos gobiernos que solo se enfocan en una parte de la historia o en una sola parte de un período de gobierno, cualquier investigación que se haga debe ser integral y lograr conformar una Comisión de la Verdad para que quien haya incurrido en irregularidades y cometido actos de corrupción en los últimos años, no quede en la impunidad”, advirtió.

Esta semana, dirigentes y parlamentarios “evistas” anunciaron el inicio de gestiones para procesar a través de un juicio de responsabilidades al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, esto por haber dispuesto la revisión de las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Añez y los excívicos Marco Pumari y Fernando Camacho.
Asimismo, se anunció que mediante ampliados se definirá la forma de promover esta iniciativa y tratar de revertir las recientes determinaciones judiciales con las que se beneficia a estas tres personas.
“Hemos tomado una decisión firme como diputados y senadores, estamos trabajando en un juicio de responsabilidades por estas acciones del Tribunal Supremo de Justicia, contra su presidente”, aseveró el diputado Héctor Arce.
Según el parlamentario “evista”, es cuestionable que una instancia de justicia como el TSJ no haya pensado en el pueblo boliviano con igualdad. “En esas 33.000 personas que en este momento están con detenciones preventivas”.

La semana pasada, luego de haberse oficializado los resultados de las elecciones generales 2025, confirmando un inminente cambio de gobierno en el país, desde el Tribunal Supremo de Justicia se emitió un instructivo, ordenando a los tribunales departamentales revisar el cumplimiento de plazos en las medidas de detención preventiva de la expresidenta Jeanine

Añez, Fernando Camacho y Marco Pumari.

A partir del lunes de esta semana, en diferentes audiencias se emitieron fallos que benefician a la exmandataria con juicios de responsabilidades en los procesos que se le siguen, además de disponer medidas sustitutivas a la detención preventiva para Camacho y Pumari.

SourceEl Diario

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