Varios sectores productivos sienten los efectos de la crisis, como por ejemplo la construcción, que pide nivelación de precios. Otros van con diferimientos en el pago de sus deudas, también están los agropecuarios que piden diésel para cumplir con sus tareas y ofertar productos al mercado nacional.
A última hora sale un proyecto de ley para aplicar el diferimiento de pagos por créditos, por seis meses, que según el analista económico Joshua Bellott, la medida puede agudizar la crisis y llevar al país a una recesión, debido a que afectaría la disponibilidad de créditos para el sector productivo.
A eso se suma, la construcción, que ya se pronunció ante la delicada situación que pasan por la falta de pagos de parte del sector público, así como por el incremento de los materiales, tras la fluctuación del dólar paralelo que marca el valor de la mayor parte de los insumos del sector.
Pero no se queda atrás, ya que el sector agropecuario advierte que la escasez de diésel provocará menor oferta de alimentos para el 2026, y el Comité Multisectorial anunció que está en riesgo la siembra de verano, de 3 millones de hectáreas, en donde se produce el 80% de la oferta alimentaria.
Asimismo, el transporte pesado internacional redujo su actividad en más del 50% por la falta de diésel, las filas en las estaciones de servicio nuevamente crecieron y las movilidades se quedan días esperando cargar combustible.
Declaratoria de emergencia
“La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) declara, con profunda preocupación, el estado de emergencia en la industria de la construcción debido a una serie de factores críticos que están afectando la viabilidad y sostenibilidad de este sector, fundamental para el desarrollo del país”, señalaba un comunicado del sector a principios de semana.
Uno de los primeros problemas que enfrenta el sector es la demora en cancelación de pagos. La no cancelación oportuna de pagos por parte de las entidades públicas, en los diferentes niveles del Estado, están generando varios problemas a las empresas constructoras, como ser: iliquidez e incumplimiento de compromisos en la ejecución de las obras, lo cual deriva en el incumplimiento de obligaciones tributarias.
“Exhortamos al Gobierno a coadyuvar con las entidades públicas para poder cumplir con la cancelación oportuna de las planillas de obras adeudadas al sector de la construcción”, indica el documento.
En el caso de las empresas constructoras y de servicios de Santa Cruz, la situación es aún más crítica por las deudas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra con estas empresas, por concepto de planillas, que bordean los 1.000 millones de bolivianos, de acuerdo con el gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze Justiniano.
También está el tema impositivo. El régimen tributario actual ha resultado ser una carga insostenible. La presión fiscal excesiva, sumada a la rigidez y falta de flexibilidad en los procedimientos, impide la liquidez necesaria para la inversión y el mantenimiento de las operaciones, señala el sector.
“Demandamos una revisión exhaustiva de la política tributaria que considere la realidad del sector contribuyente formal, fomentando la inversión, en lugar de penalizarla. Se presenta fallas crónicas en el Sistema SIAT: el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) presenta deficiencias operativas que se traducen en constantes errores, lo que está generando multas injustas a los contribuyentes, afectando los recursos de las empresas”, apunta el sector.
También mencionan el incremento en los precios de materiales de construcción. Los costos de los materiales, equipo y maquinaria han experimentado un incremento sin precedentes, lo que ha elevado los presupuestos de las obras en ejecución, ha puesto en riesgo la continuidad y planificación de futuros proyectos, tanto públicos como privados.
Entretanto, la aplicación del Decreto Supremo 5321, que buscaba dinamizar la economía mediante la reactivación de la inversión pública con el reajuste de precios unitarios de los materiales de construcción, pero no ha logrado los efectos esperados en nuestro sector, sostuvo.
Exigen que se realice un Decreto Supremo para el reajuste de precios que contemple todos los materiales, equipo, maquinaria e insumos sin restricción, sean estos nacionales e importados.
Como todos los sectores, la falta de suministro de combustibles está afectando el transporte de materiales y equipos, lo que retrasa el avance de las obras y encarece los costos operativos de nuestras empresas, exigimos medidas que permitan garantizar la provisión estable de este insumo, indispensable para el sector de la construcción.
También está la limitada disponibilidad de divisas, que dificulta la importación de insumos, equipos, maquinaria y otros recursos esenciales para la construcción, lo que a su vez ralentiza el progreso de las obras y aumenta los costos generales, afectando la capacidad de las empresas para cumplir con sus compromisos.