El sistema financiero boliviano cerró la gestión 2024 con una utilidad histórica de más de $us 389 millones, la cifra más alta registrada en las últimas dos décadas, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El dato fue presentado por el Gobierno que propuso el proyecto de Ley 547/2024-2025, que plantea suspender temporalmente las ejecuciones de embargo y diferir por seis meses el pago de créditos de vivienda de interés social.
La propuesta legislativa, que ingresará este jueves a consideración de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que advirtió riesgos para la estabilidad financiera. En contraste, el Gobierno sostiene que la banca tiene suficiente solidez para respaldar esta medida temporal, sin afectar su sostenibilidad.
De acuerdo con la Memoria Institucional 2024 de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la rentabilidad de las entidades fue impulsada principalmente por la intermediación financiera y fortaleció el patrimonio sectorial, que alcanzó los $us 3.163 millones, con un crecimiento interanual del 9,7%. Asoban, en su propio informe, reconoció utilidades de $us 379 millones, lo que representa un incremento del 28,6% frente a 2023.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía destacó que la iniciativa no supone condonación de deudas ni intervención en contratos, sino una medida “temporal, específica y focalizada” que busca aliviar la carga de los prestatarios más afectados. Además, precisó que el impacto del diferimiento sería mínimo, equivalente al 3% de la cartera total, lejos del 10,4% alcanzado durante la pandemia en 2020.
En contraste, Asoban alertó que la norma limitaría la capacidad de otorgar nuevos créditos y podría generar efectos adversos en las microempresas, con consecuencias sociales como desempleo, pobreza y exclusión financiera.
Los representantes de prestatarios respaldaron la propuesta y pidieron su aprobación, argumentando que el diferimiento es clave para reactivar la economía familiar. “Esperamos que la Cámara de Diputados apruebe este anteproyecto de seis meses de congelamiento para el sector prestatario”, manifestó Carlos Bautista, dirigente nacional del sector.