La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó a Bolivia, Colombia, Afganistán, Venezuela y Birmania de la lista de países que luchan contra el narcotráfico por un supuesto “incumplimiento manifiesto” de obligaciones internacionales antidrogas. El hecho desató la inmediata reacción del Gobierno de Luis Arce, que rechazó la medida y acusó a Washington de actuar como “juez unilateral” en un problema global.
El Departamento de Estado norteamericano advirtió que los países que no atiendan sus responsabilidades enfrentarán “graves consecuencias”, aunque remarcó que continúa considerando “vital” la asistencia a Bolivia y otras naciones incluidas en la sanción.
En el caso boliviano, el comunicado reconoció avances en incautaciones y colaboración en casos de narcotráfico —como la extradición del ex jefe antidrogas Maximiliano Dávila—, pero alertó que el país aún tiene “mucho trabajo por delante” para evitar convertirse en refugio de organizaciones criminales.
A través del Ministerio de Gobierno, la administración de Arce respondió señalando que el narcotráfico es un problema de “responsabilidades compartidas” y que la lucha debe darse con un enfoque de cooperación multilateral, no mediante “acusaciones unilaterales”.
“Resulta extraño que un país siga queriendo comportarse como un juez unilateral, cuando es uno de los principales centros de consumo y tráfico de drogas ilegales y armas”, señala el comunicado oficial.
Crítica de exfiscal
El ex fiscal antidrogas Joadel Bravo cuestionó la defensa gubernamental y sostuvo que las observaciones de Estados Unidos tienen sustento en hechos comprobables.
“Lo que manifiesta el Gobierno son epítetos contra la determinación, pero no destruye con pruebas lo que Estados Unidos plantea. No se presentan elementos probatorios suficientes para desmentir que el SAR antidrogas estaba ligado al narcotráfico y que su jefe fue extraditado”, afirmó a EL DEBER.
Bravo recordó que en Bolivia se descubrió a ciudadanos vinculados al crimen organizado con cédulas de identidad bolivianas, lo que, a su criterio, refleja la penetración del narcotráfico en instituciones del Estado. “A esto se suma nuestra condición de país más corrupto de la región. Ese contexto hace más creíble lo señalado por Estados Unidos”, apuntó.
El jurista también cuestionó que el Gobierno haya nacionalizado la lucha antidrogas sin el apoyo de la DEA ni de fondos norteamericanos, lo que debilitó la capacidad institucional. “Hoy incautamos más droga, pero eso refleja que el país produce más droga. Apenas se confisca el 10% de lo que circula”, explicó.
Bolivia es un edén para narcos, según criminólogo
El abogado penalista y criminólogo, Cristian Sánchez, explicó que la descertificación responde a un “juicio político anual” en el que influyen dos variables: la extensión de la superficie de coca —que oscila entre 30.000 y 35.000 hectáreas— y la cantidad de droga incautada.
“El informe reconoce un incremento en las incautaciones, pero no hay reducción de cultivos. Sin resultados integrales en ambos frentes, no puede hablarse de éxito. Más bien estamos ante un crecimiento exponencial del narcotráfico”, señaló a EL DEBER.
Sánchez advirtió que Bolivia se ha convertido en un “Edén para las corporaciones criminales transnacionales”, especialmente en Santa Cruz, donde el crimen organizado se asienta con impunidad y violencia.
Bolivia es productor de droga, según ex jefe policial
El coronel Juan Carlos Ramos, ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coincidió en que la descertificación no es un hecho aislado y recordó que en gestiones anteriores Bolivia ya había recibido alertas de incumplimiento.
“Nuestro país hoy es reconocido como fabricante, transportador y comercializador de cocaína. La descertificación responde a la evaluación de toda la cadena del narcotráfico: desde la hoja de coca y los insumos químicos, hasta la fabricación, transporte y comercio final”, explicó a EL DEBER.
Ramos señaló que el problema estructural radica en la permisividad de las autoridades y la falta de voluntad política.
“Esta administración ha sido permeable, incluso con autoridades en distintos niveles de gobierno vinculadas al narcotráfico. Lo que debe hacer el próximo gobierno es acompañar con políticas públicas claras, fortalecer las instituciones judiciales y policiales, y comprometer voluntad política real. No es tarea de uno o dos años, el narcotráfico se instaló desde los años 70 y desmantelarlo es difícil, pero no imposible”, apuntó.
El oficial retirado advirtió que, sin una estrategia integral y sostenida, Bolivia seguirá bajo observación internacional y vulnerable al avance del crimen organizado.