Jessica Echeverría, fiscal asignada al caso de violencia familiar que involucra a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del presidente, denunció que enfrenta obstáculos, filtraciones y hasta molestias de parte de sectores del Órgano Ejecutivo debido a las pesquisas. La ministra de Justicia, Jessica Saravia, desmintió las acusaciones y descartó conflictos.
“Si algunos creen que podrán corromper o doblegar para impedirnos hacer nuestro trabajo, se equivocan. Si me tengo que ir, me iré por la puerta grande, por cumplir con mi deber”, afirmó Echeverría en entrevista con Erbol, al recordar que el allanamiento al domicilio de Marcelo Arce generó incomodidad en algunas personas cercanas al Gobierno.
Por el contrario, la ministra Saravia rechazó de manera categórica cualquier interferencia del Ejecutivo en el caso. “Negamos enfáticamente que exista molestia o solicitudes de cambio de la fiscal asignada. Somos respetuosos de su trabajo y reafirmamos que debe continuar en el marco de la normativa vigente”, expresó la autoridad en un pronunciamiento publicado en redes sociales.
El proceso se inició tras la denuncia presentada el 19 de septiembre por Mary Carmen C.B., presunta pareja de Arce Mosqueira, quien fue sometida a un examen forense que estableció 12 días de impedimento por las agresiones recibidas.
La Fiscalía emitió una orden de aprehensión el 20 de septiembre y, un día después, se realizó un allanamiento en un departamento de la avenida Beni, en Santa Cruz, donde residía el denunciado. Aunque no fue encontrado, se secuestraron equipos de video vigilancia y se tomó declaraciones a varias personas.
Echeverría advirtió además sobre intentos de impedir la labor del Ministerio Público: “Incluso se cambió la clave del ingreso al inmueble para obstaculizar el operativo”, reveló.
En este contexto, el presidente Luis Arce reiteró días atrás que sus hijos deben responder como cualquier ciudadano ante la justicia boliviana. “Son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos”, escribió en redes sociales