El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, aseguró este lunes que después de la segunda vuelta electoral “se caerá” el discurso de riesgo institucional impulsado por los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Saucedo señaló que no existe ningún peligro para la realización de la segunda vuelta ni para la estabilidad del sistema judicial, pese a las denuncias de algunos magistrados prorrogados que extendieron su mandato.
“Es una mentira más de las que tanto están acostumbrados a utilizar para beneficio propio. Las elecciones están totalmente garantizadas y el lunes se les acaba ese discurso”, dijo Saucedo a radio Fides.
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, junto a los demás magistrados prorrogados, leyó en días pasados un comunicado en el que denunciaron que la institución es objeto de “fuertes y constantes presiones políticas”.
Según el pronunciamiento, esas presiones buscan tomar el control de la Justicia e instrumentalizarla a favor de intereses particulares.
El titular del TSJ explicó, por su parte, que el TCP puede funcionar con los cuatro magistrados electos, como establece el proyecto de ley en trámite en la Asamblea Legislativa. “En ningún momento se afecta la institucionalidad ni el funcionamiento del tribunal. El año 2017 funcionó con un solo magistrado, y antes también ocurrió lo mismo”, recordó.
Asimismo, Saucedo defendió la denuncia presentada por el Órgano Judicial contra los magistrados “autoprorrogados”, a quienes acusó de vulnerar la voluntad popular. “Toda prórroga de mandato o todo acortamiento le hace daño a la democracia. Han jugado con la voluntad del pueblo, que les dio un mandato de seis años, y decidieron quedarse más tiempo”, sostuvo.
Señaló que la próxima Asamblea deberá ponerse de acuerdo y emitir las convocatorias correspondientes para la selección y elección de nuevas autoridades, pero reiteró que el TCP puede funcionar con los cuatro magistrados electos.
“Buscan, de una u otra manera, aferrarse y decirle al pueblo boliviano que no se quieren ir y eso es desconocer la voluntad”, enfatizó
Recordó que cuando uno entra a un cargo de esta naturaleza, sabe que por Constitución el mandato es de seis años, así como por pacto social emitido en las urnas.