La reciente aprobación de la Ley de Diferimiento de Créditos ha abierto un intenso debate en el país. Mientras algunos prestatarios celebran la medida como un respiro temporal frente a la crisis económica, otros sectores advierten que la norma podría desatar un nuevo desequilibrio financiero en el corto plazo.
La norma fue sancionada el pasado viernes, en la última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) saliente. Su objetivo es suspender hasta abril de 2026 las órdenes judiciales, embargos y procesos relacionados con créditos de vivienda social, garantizando un diferimiento automático sin cargos administrativos adicionales, sin incremento de tasas de interés ni sanciones durante seis meses.
Sin embargo, su aprobación sin consenso previo con el sistema financiero y sin una evaluación técnica profunda ha encendido las alertas de diversos sectores.
Prestatarios celebran con cautela
El representante de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe Tarija, Javier Carrasco, sostuvo que la ley parece más un gesto político que una solución real a los problemas de sobreendeudamiento.
“Esta norma en ningún momento nos favorece; más bien, nos hunde. Lo único que vamos a lograr es pasar bien con la familia en fin de año, pero en abril los bancos no van a tener paciencia. Ellos van a decir que ya se nos ayudó y no habrá más excusas”, advirtió.
Carrasco cuestionó además que la ley haya sido aprobada al cierre de la legislatura, sin esperar la posesión de las nuevas autoridades, y sin socializarla con los sectores involucrados.
“Hubiera sido más sensato que las nuevas autoridades, con una visión más fresca, revisen la situación y construyan una norma realmente justa. Los bancos nunca pierden, siempre encuentran la forma de recuperar su dinero”, señaló.
El dirigente enfatizó que si bien la norma puede traer complicaciones para el sistema financiero, no significa que los bancos vayan a quebrar.
“Los bancos han ganado toda la vida, el tema ahora es que los bancos sean más flexibles para poder pagar, tomando en cuenta que si antes pagábamos 2.000 bolivianos y ahora no gano tanta plata, pues se tenga que ver pagar cuotas mínimas de 300 bolivianos para que ellos tampoco puedan quedarse parados”, expuso.
PDC plantea su anulación
El diputado paceño Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), anunció que gestionará la anulación de la Ley de Diferimiento, calificándola como una medida peligrosa y populista.
“La solución del diferimiento es absurda. Tenemos la mala costumbre de creer que una prórroga es un perdón, pero al final, el prestatario termina pagando más intereses y los bancos enfrentan pérdidas que afectan a todos”, afirmó.
Según el legislador, la norma fue aprobada sin consultar previamente a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), lo que evidencia una falta de coordinación institucional.
Una posición similar expresó el diputado de Oruro, Egidio Arce, también del PDC, quien recordó que una ley similar fue aprobada durante la pandemia del Covid-19 y que, tras el periodo de gracia, los prestatarios terminaron pagando intereses sobre intereses.
Erce señaló que en cinco años los legisladores salientes no fueron capaces de trabajar a favor de los prestatarios y ahora dejan este problema al nuevo gobierno.
Alertan sobre el impacto
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) se sumó al rechazo con un comunicado en el que califica la ley como “improvisada e irresponsable”, alertando que puede debilitar la liquidez de las entidades financieras y afectar la inversión nacional.
El presidente de la CNC, Eduardo Olivo, explicó que la medida podría restringir la capacidad crediticia de las entidades financieras, especialmente hacia las micro y medianas empresas, principales generadoras de empleo en el país.
“Entendemos que no se puede abolir, pero habría que sancionar un reglamento para modificarlo y que el impacto no sea tan fuerte al sistema financiero y que el diferimiento sea para las personas que realmente lo necesitan y para no toda la base de prestatarios”, señaló.
El dato
Reglamentación
Aunque la ley todavía no fue promulgada, su reglamentación y posible modificación estarán en manos del nuevo gobierno.
El apunte
Economista advierte: “Es una bomba de tiempo”
El analista económico Fernando Romero calificó la norma como una “bomba de tiempo” que las autoridades salientes han dejado activada para el nuevo gobierno.
Romero indicó que no se puede diferir de forma indiscriminada sin evaluar caso por caso. Además enfatizó que el Estado debería actuar como mediador, no como interventor en la relación entre bancos y prestatarios.
“Esta normativa refleja una vez más la intervención del Estado en una actividad privada, lo cual no es bueno para los inversionistas y empresarios nacionales ni internacionales”, indicó.
El analista mencionó que a septiembre de este año, en un año la cartera ha crecido en 3,3%, lo que significa que el ritmo del sistema financiero nacional y la captación de recursos y la otorgación de los mismos a otros agentes económicos ha sido con dinamismo pequeño, lo que también refleja la recesión de la economía nacional.
Romero recordó que la promesa del Gobierno ha sido beneficiar a 1,4 millones de prestatarios, lo que representa aproximadamente el 74% de todos los prestatarios del sistema financiero nacional, y considerando solamente la cartera de microcréditos y la de vivienda e interés social, estos representan al menos el 44% de la cartera que se vería afectada.
El economista reconoció que con esta ley existe la posibilidad a que no todos los prestatarios se acojan a la misma, empero, enfatizó que aquí el problema ha radicado que con esta norma no ha habido consenso ni diálogo entre prestatarios, la banca privada (entidades financieras medianas y pequeñas).
Sin embargo, Romero enfatizó que esta si bien puede ser promulgada por el presidente Luis Arce, quedará en manos del gobierno de Rodrigo Paz si es que la pone en marcha o ejecuta ajustes en su reglamentación a fin de reducir el impacto en el sistema financiero.