Transición de modelos de negocios energéticos: clave para el desarrollo sostenible de Bolivia

Bolivia encara un dilema energético: continuar con los subsidios que frenan su sostenibilidad o avanzar hacia un modelo renovable que libere gas, genere divisas y modernice su matriz.
La coyuntura energética y económica de Bolivia presenta una paradoja estructural: mientras el país mantiene una de las tarifas eléctricas más bajas de la región —en torno a 15 USD por megavatio-hora (MWh) en el nodo de inyección—, sostiene al mismo tiempo un esquema de subsidios en la cadena de suministro que limita la viabilidad de inversiones en energías renovables, incrementa la presión fiscal y frena la diversificación del sistema energético.
Según Jaime Portugal, presidente de la Asociación Boliviana de Economía Energética (ABEE), esta situación expone una contradicción de fondo: “La energía eléctrica hoy no solo crea productos, sino también inteligencia. En esta nueva era, la electricidad debe entenderse como un pilar estratégico de competitividad”.
Actualmente, la balanza comercial boliviana acumula un déficit de aproximadamente 500 millones de dólares, que podría superar los 2.000 millones hacia 2030 debido a la caída de exportaciones de gas natural y el incremento de las importaciones de combustibles. Mantener modelos energéticos dependientes y distorsionados —advirtió Portugal— solo profundiza la vulnerabilidad macroeconómica del país.
Sin embargo, de este escenario también surge una oportunidad estratégica. Sustituir y redirigir 2,5 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural —de los 4,5 MMmcd actualmente destinados a la generación eléctrica— por 700 megavatios (MW) de fuentes renovables, principalmente solar y eólica, equivalentes a 2,7 teravatios-hora (TWh) por año, permitiría un impacto económico inmediato.
Más allá del impacto financiero, los beneficios estructurales serían determinantes: reducción del 55% de las emisiones de CO2 termoeléctrico, incorporación de más de 700 MW inerciales al sistema, creación de unos 5.600 empleos directos e indirectos y reposicionamiento estratégico de Bolivia como proveedor de energía limpia en la región.
Todo ello en coherencia con la Contribución Nacional Determinada (NDC) 3.0, que plantea que el 75% de la electricidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) provenga de fuentes renovables hacia 2035, fomentando el desarrollo de almacenamiento eléctrico y producción de hidrógeno verde.
A nivel territorial, Portugal destaca que esta transición podría generar impactos positivos en regiones como Santa Cruz, donde el dinamismo económico y el aumento sostenido de la demanda eléctrica abren la posibilidad de una independencia energética basada en renovables. Esto permitiría reducir la dependencia del gas natural y consolidar polos industriales verdes, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
n ODS 7: Energía asequible y no contaminante.
n ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
n ODS 9: Industria e innovación.
n ODS 11: Ciudades sostenibles.
n ODS 13: Acción climática.
No obstante, advirtió que el reto central será garantizar una transición justa. Corregir las distorsiones del sistema energético es inevitable, pero debe hacerse mediante mecanismos de compensación focalizados que protejan a los sectores más vulnerables. “Eliminar los subsidios sin una estrategia social clara podría aliviar la balanza comercial, pero también aumentar la pobreza”, subraya.
Bolivia se encuentra en un punto de inflexión. Persistir en los subsidios masivos significaría hipotecar la sostenibilidad fiscal y energética. En cambio, avanzar hacia un modelo renovable, sostenible y exportador —que libere gas para generar divisas, dinamice economías regionales y contribuya a los ODS— permitiría transformar una debilidad estructural en una ventaja competitiva.