Tras denunciar que los gobiernos del MAS, durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, dilapidaron 2.595 millones de dólares en la creación de empresas públicas inviables y plantas industriales que no operan, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que con esos recursos el país habría podido encarar obras estratégicas y evitar la crisis económica actual.
Según explicó la autoridad, ese monto habría sido suficiente para construir alrededor de 30 hospitales de cuarto nivel, centros altamente especializados para el tratamiento de patologías complejas, con equipamiento de alta tecnología, investigación médica y formación de especialistas. Alternativamente, dijo, los recursos habrían permitido ejecutar entre 4.000 y 5.000 kilómetros de carreteras, levantar entre 700 y 900 mega unidades educativas, o incluso financiar la exploración de al menos 30 pozos gasíferos.
“Estamos hablando de un dinero que fue robado a los bolivianos y que, de haberse invertido correctamente, equivaldría a no tener la crisis económica que hoy enfrenta el país”, sostuvo Lupo.
Este lunes, el ministro presentó lo que calificó como datos alarmantes sobre las inversiones realizadas en empresas públicas y plantas industriales que fueron inviables desde su creación, pero que hasta hoy continúan generando un elevado costo para el Estado.
En ese marco, explicó que un inventario reciente reveló que, en un plazo de 90 días, el Estado tendría que desembolsar 1.550 millones de bolivianos únicamente para mantener en funcionamiento estas empresas fallidas, lo que representa una presión adicional sobre las finanzas públicas.
Lupo advirtió además que la magnitud real del desfalco ocurrido entre 2006 y octubre de 2025 es incluso mayor a la expuesta este lunes, ya que los datos presentados corresponden solo al daño causado a las reservas internacionales.
Según el ministro, los gobiernos del MAS recurrieron a créditos internacionales para financiar estas empresas públicas inviables, recursos que no están contabilizados dentro de las reservas internacionales. “Es decir que ya no estamos hablando únicamente de millones de dólares de daño a las reservas, sino de una cifra que puede ser casi el doble”, señaló.
Finalmente, Lupo indicó que estos montos seguirán siendo objeto de investigación, con el objetivo de establecer el daño total causado por la política de empresas públicas e industrialización aplicada durante los gobiernos del MAS.