El conflicto en torno a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía continúa escalando y mantiene en vilo a la población tarijeña. En este contexto, para este viernes se tiene prevista la realización de una audiencia pública informativa en el Patio del Cabildo de la ciudad de Tarija, un espacio en el que se espera la participación de comunarios del Cantón de Chiquiacá que rechazan el ingreso de las petroleras, así como de representantes del Gobierno nacional que defienden la intervención de Petrobras Bolivia en el pozo exploratorio Domo Oso X-3 (DMO X-3).
La convocatoria se da luego de una semana marcada por una creciente tensión social, tras el ingreso de un contingente policial que abrió paso a la empresa petrolera, rebasando el punto de vigilia que los comunarios mantienen desde finales de 2025 en defensa de la reserva natural.
Escalada del conflicto y rechazo
La intervención policial generó una ola de repudio en Tarija. Diversas instituciones, colectivos ambientales y ciudadanos expresaron su rechazo a lo que califican como un atropello a los derechos de las comunidades y a la normativa ambiental vigente.
Este malestar se reflejó en una marcha realizada el pasado miércoles por las principales calles de la capital chapaca, donde los manifestantes exigieron el retiro de las petroleras de Tariquía y el respeto al proceso de consulta previa, libre e informada.
Los movilizados advirtieron que los comunarios no fueron debidamente informados sobre el proyecto y denunciaron que la supuesta consulta se habría realizado solo con algunos dirigentes, quienes —según los denunciantes— habrían sido persuadidos mediante ofrecimientos económicos.
A este escenario se sumó la Defensoría del Pueblo, que instó al Gobierno nacional a cumplir con la normativa vigente y observó que no se habría respetado el proceso de consulta previa conforme a los estándares nacionales e internacionales. Además, la institución defensorial condenó el inicio de procesos penales contra 17 comunarios que defienden la Reserva de Tariquía, advirtiendo que se estaría incurriendo en la criminalización de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
La audiencia pública en Tarija
En medio de este clima de confrontación, la Brigada Parlamentaria de Tarija decidió convocar a una audiencia pública informativa que se llevará a cabo este viernes desde las 15.00 horas en el auditorio del Patio del Cabildo, con el objetivo de generar un espacio de información y diálogo entre las partes involucradas.
El presidente de la Brigada Parlamentaria, Gabriel Corvera, señaló que la finalidad del encuentro es escuchar ambas posiciones: por un lado, la de los comunarios que se oponen al ingreso de las petroleras a Tariquía, y por otro, los argumentos técnicos y legales que el Gobierno expone para justificar la actividad hidrocarburífera en la zona.
Desde el Cantón de Chiquiacá, una comitiva de comunarios confirmó que se trasladará hasta la ciudad de Tarija para participar de la audiencia y exponer públicamente las razones de su rechazo al proyecto DMO X-3.
La activista ambiental y defensora de Tariquía, Nelly Coca, explicó que la mayoría de las comunidades del cantón se oponen al ingreso de las petroleras debido al riesgo de contaminación de sus fuentes de agua. Recordó que experiencias similares en otras áreas protegidas, como la Reserva del Aguaragüe, dejaron pasivos ambientales que contaminaron quebradas y provocaron la muerte de animales.
Coca advirtió que la actividad petrolera se proyecta en una zona de recarga hídrica, lo que implicaría un riesgo inminente para los acuíferos aguas abajo, de los cuales dependen tanto las comunidades como su ganado. “Nuestra prioridad es el agua y la vida, no estamos dispuestos a sacrificar eso”, sostuvo.
La dirigente enfatizó que los comunarios han cerrado filas y mantienen una postura firme, no permitir el ingreso de las petroleras y exigir el respeto al medio ambiente, considerando que Tariquía es uno de los principales humedales que garantizan el abastecimiento de agua al valle central de Tarija.
Asimismo, cuestionó la afirmación del Gobierno de que el proyecto se encuentra fuera de la reserva. Advirtió que el desarrollo integral del campo petrolero implica infraestructura y actividades que afectarían directamente el interior de Tariquía.
Postura del Gobierno
Por su parte, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Caleb Montes Velarde, quien arribó a la capital tarijeña, aseguró que el Gobierno está dispuesto a transparentar toda la información relacionada con el proyecto. Argumentó que el pozo DMO X-3 se encuentra a 1,2 kilómetros fuera de la Reserva de Tariquía y que cuenta con todos los documentos exigidos por la normativa, como la licencia ambiental y la licencia pública.
Montes sostuvo que la consigna del Gobierno es que “Tariquía no se toca” y que, precisamente por ello, se busca informar a la población sobre los alcances del proyecto. No obstante, descartó cualquier posibilidad de retirar a Petrobras de la zona, señalando que existe un contrato vigente y que el Estado tiene la obligación de cumplirlo.
Universitarios refuerzan la vigilia
Mientras se aguarda el desarrollo de la audiencia pública, el respaldo a los comunarios también se hace sentir en territorio. Un grupo de aproximadamente 15 universitarios se trasladó desde la ciudad de Tarija hasta el punto de vigilia en la Quebrada Las Vacas, en el Cantón de Chiquiacá, para apoyar a las comunidades que desde finales de 2025 resguardan el ingreso a la zona.
Los jóvenes señalaron que su presencia busca visibilizar la defensa del medio ambiente y acompañar a los comunarios que, día tras día, continúan resistiendo pese a ser rebasados por operativos policiales. La vigilia se mantiene como uno de los principales focos de resistencia frente al avance de la actividad petrolera en Tariquía.
Senadora alista una ley
La senadora por Tarija, Marcela Guerrero, expresó su repudio a la versión del Gobierno por afirmar que “Tariquía no se toca”, pero en los hechos hacen otra cosa. Ratificó que la postura de los tarijeños es que no quieren petroleras en torno a la reserva, por ello es que está impulsando un proyecto de ley nacional que prohíba de forma definitiva toda actividad petrolera en la reserva y la zona de amortiguamiento, anule contratos viciados de anteriores gobiernos, auditorías ambientales y cerrar con este conflicto que vulnera los derechos humanos de los habitantes de la zona.