Con el objetivo de blindar el calendario de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostendrá este jueves una reunión de alto nivel en Sucre con las máximas autoridades del Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la Fiscalía General del Estado. El encuentro busca establecer mecanismos de coordinación efectivos que impidan que fallos judiciales o acciones administrativas entorpezcan el desarrollo del proceso democrático.
La cita, programada para las 10:00, fue convocada por el presidente del TSE, Gustavo Ávila, quien adelantó, en una conferencia de prensa en Sucre, que se abordará “todo el tema jurisdiccional electoral”. El ente electoral busca prevenir que recursos legales o sentencias de otras instancias alteren la preparación, el desarrollo y la conclusión de los comicios, garantizando así el normal ejercicio del voto.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, confirmó su asistencia y ratificó el compromiso de la justicia con la institucionalidad democrática. Según el magistrado, la reunión servirá para definir acciones claras y, sobre todo, para respetar las competencias privativas de cada órgano del Estado.
La reunión será “para tomar algunas acciones que puedan garantizar que no se entorpezcan el desarrollo del calendario electoral de las elecciones que ya están en curso. Es importante tener las cosas claras y, por sobre todo, respetar las atribuciones que cada institución tiene. Hemos dicho que nuestro compromiso con la democracia es firme no vamos a entorpecer las actividades del TSE. Ese será uno de los puntos que abordaremos mañana”, adelantó Saucedo.
Entre los temas sensibles en agenda, se prevé analizar el rol de las salas constitucionales frente a recursos presentados por partidos políticos que perdieron su personería jurídica. Saucedo reconoció que este será uno de los puntos de debate para brindar certidumbre a la ciudadanía.
Al finalizar la jornada de trabajo, Ávila anunció que las autoridades de todas las instituciones participantes emitirán un pronunciamiento conjunto dirigido al país.