Legisladores anunciaron que apoyarán desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la promoción de una ley anti bloqueos. En la Asamblea hay al menos tres proyectos que sancionan estas medidas, pero los parlamentarios aseguran que estas iniciativas no van en contra del derecho a la protesta.
“Nuestra intención es apoyar cualquier iniciativa legislativa que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos. Creo que es fundamental tener una normativa que sancione a estos grupos radicales, pero eso no significa que estemos en contra el derecho a la protesta o reivindicaciones de cualquier sector”, afirmó Lissa Claros, diputada de Libre, a Urgente.bo.
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se están presentando proyectos de ley para regular las acciones de bloqueo y sancionar a quienes las impulsen en el país. En diciembre, el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, fue el primero en plantear tipificar los bloqueos como un delito grave. Su proyecto contempla sanciones de entre 10 y 20 años de cárcel para quienes promuevan, organicen, instiguen o financien estas acciones.
Libre también presentó un proyecto de ley para sancionar los bloqueos. “Cualquier reivindicación siempre y cuando sea legítima y cuente con apoyo de las autoridades correspondientes está garantizada. Pero eso no significa que grupos vandalistas, como hemos visto en la ciudad de El Alto, intenten someter a los pobladores, cometiendo acciones extremistas para imponer sus intereses. Esto no puede volver a ocurrir en Bolivia”, resaltó Claros.
En los últimos días se denunció que bloqueadores afines a la Central Obrera Boliviana (COB) agredieron a transeúntes e incluso a negocios. En la urbe alteña Alto, el pasado domingo, grupos vandálicos agredieron a transeúntes y causaron destrozos en vehículos que circulaban pro el sector.
Desde el Senado, también se presentó un proyecto de ley. La senadora por APB Súmate, Claudia Mallón, propuso sanciones de 8 a 10 años de cárcel para bloqueadores. “Hemos sido rehenes de los caprichos de la COB. Por eso, nuestro proyecto establece sanciones de 8 a 10 años para quienes impidan el paso de agua potable, alimentos y bloqueen las principales carreteras del país”, puntualizó la legisladora.
Manolo Rojas, diputado del PDC, también manifestó su apoyo. “No vamos a retroceder en este proyecto de ley que criminaliza los bloqueos. La nueva Bolivia garantiza el derecho a la protesta y a la huelga, pero no toleraremos negociaciones con criminales que golpean a hombres y mujeres en las calles y bloquean la economía”, señaló.
Por su parte, la bancada de la oposición, como Alianza Popular, adelantó que no apoyará esta normativa, al igual que la COB, que rechazó este martes que la ALP promueva un proyecto de ley para sancionar penalmente los bloqueos.