Después de años de subsidio público al consumo de combustibles, el Ejecutivo abrió el mercado a la importación privada de gasolina y diésel, sosteniendo que el sector cuenta con el know how, la infraestructura y la capacidad financiera para asegurar el suministro sin la intermediación del Estado que en promedio gastaba más de $us 1.500 millones en la compra de gasolina y diésel, según reportes del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las cifras explican la magnitud del problema. Entre 2015 y 2024 el país importó diésel y gasolina por un valor acumulado de 15.826 millones de dólares, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), elaborados en base a información del INE.
A ese monto se suman 2.358 millones de dólares adicionales solo entre enero y octubre de 2025, por la compra de 2,3 millones de toneladas de combustibles. En términos simples, el país quema miles de millones de dólares al año para que su economía no se detenga.
El origen de esos combustibles refleja una alta dependencia externa. En el caso de la gasolina importada en 2025, Bélgica concentró el 42% del valor, seguida por Paraguay (18%) y Argentina (12%). Para el diésel, Chile, Perú y Rusia aportaron el 62% del total importado. En conjunto, Bolivia compró carburantes a más de una decena de países, una diversificación que no elimina el problema central: la vulnerabilidad frente a precios internacionales, logística y disponibilidad de divisas .
La subvención no solo presionó las reservas internacionales, sino que también incentivó el contrabando y el desvío de combustible hacia países vecinos, además de generar una pesada estructura de controles administrativos. Con la quita del subsidio, el Gobierno apuesta a transparentar el precio real del combustible y reducir la sangría de dólares.
A la par de esta decisión, el Ejecutivo aprobó decretos que flexibilizan la importación y comercialización de carburantes, entre ellos la exclusión del diésel como sustancia controlada. El mensaje político y económico es claro: el Estado ya no puede —ni quiere— ser el único actor en el abastecimiento del mercado interno. El sector privado está llamado a jugar un rol más activo.
Reto
Pero ¿están dadas las condiciones para que los privados asuman ese desafío?
Ante la consulta la gerente general de la Asociación de Surtidores y Estaciones de Servicio de Santa Cruz (Asosur), Susy Dorado, señaló que los decretos supremos 5516 y 5517, emitidos en el marco de la emergencia energética y social, representan un punto de inflexión tras varios años de restricciones, escasez y alta carga regulatoria.
“Las estaciones de servicio son empresas que han apostado por el país con inversiones importantes. Contamos con la experiencia operativa, la logística y el conocimiento del mercado para seguir garantizando el suministro, siempre que existan reglas claras y seguridad jurídica”, afirmó Dorado en entrevista con EL DEBER.
La representante del sector explicó que el impacto de la eliminación del subsidio es inmediato y ordena la operación del mercado. “Hoy ya tenemos un precio y un balance establecidos, lo que nos permite planificar mejor la comercialización”, indicó.
Añadió que se trabaja con el Gobierno en la definición de aspectos operativos, como las comisiones y la convivencia entre el combustible comercializado por YPFB y el importado por privados.
Análisis
Para el ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, declaración de emergencia energética en Bolivia, marca un punto de inflexión en la política hidrocarburífera del país y sienta las bases para una normalización progresiva del abastecimiento de combustibles, con una mayor participación del sector privado y la corrección de distorsiones acumuladas durante años de subsidios y control estatal.
Ríos sostuvo que Bolivia atraviesa una emergencia energética desde hace al menos dos años, que alcanzó su punto más crítico en 2025, cuando el desabastecimiento de diésel y gasolina paralizó el transporte, afectó la producción y puso en riesgo la estabilidad económica del país. “Sin energía no se produce nada. Estábamos camino a una debacle económica”, afirmó.
Ríos explicó que el nuevo Gobierno ha comenzado a resolver lo que denominó la “trilogía energética”: la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles, la estabilización del tipo de cambio mediante el ingreso de divisas y el aseguramiento del abastecimiento interno. “Sin esas tres medidas, el aparato productivo no podía volver a funcionar”, señaló.
El analista reconoció que la eliminación del subsidio al diésel y la reducción parcial del subsidio a la gasolina tendrán un impacto inflacionario en el corto plazo, reflejado en mayores costos de transporte, alimentos y medicamentos. Pero consideró que se trata de un ajuste necesario para evitar escenarios de desabastecimiento prolongado.
“Lo peor que podíamos hacer era volver a las colas y a un país paralizado”, remarcó.
Ríos destacó que la norma promueve una participación más activa del sector privado en la importación y comercialización de combustibles, especialmente del diésel. Explicó que, con precios cercanos a los 10 bolivianos por litro y el actual contexto internacional, las empresas privadas están en condiciones de competir con YPFB y contribuir al abastecimiento del mercado interno.
Ríos indicó que la eliminación de aranceles y la agilización de permisos han reducido barreras para la importación privada, lo que permitirá una mayor oferta de diésel en el corto plazo. Añadió que, en los próximos meses, el precio de la gasolina también deberá alinearse al mercado internacional para consolidar un esquema sostenible de largo plazo.
Ahorro
La quita del subsidio se comenzó incluso en menos de un mes de aplicada la medida. En los primeros 22 días, el Estado boliviano logró un ahorro cercano a $us 240 millones tras la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, informó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
La medida, aplicada desde el 17 de diciembre de 2025, generó un ahorro promedio de casi $us 11 millones diarios para las arcas públicas. “Eso es lo que nos hemos ahorrado en subvención y eso es lo que ahora se puede empezar a destinar a obras públicas, infraestructura y desarrollo”, dijo Espinoza.
Si esta tendencia se mantiene durante todo el año, el ahorro fiscal alcanzaría aproximadamente los 4.000 millones de dólares anuales, una cifra que marca un punto de inflexión en la política económica del país. El monto permitiría aliviar de forma sustancial el déficit fiscal, fortalecer la inversión pública y reducir la presión sobre las finanzas estatales, históricamente afectadas por el costo de importar combustibles y venderlos a precios subvencionados.
Desde el Gobierno afirmaron que estos recursos pueden ser reorientados a proyectos productivos, infraestructura, salud y educación, mientras que sectores críticos advierten sobre el impacto del ajuste en el costo de vida.
En tanto que el sector agropecuario de Cochabamba recibió con optimismo el Decreto Supremo 5516 y el anuncio de una línea de financiamiento del BID por $us 4.500 millones, al considerar que ambas medidas no solo preservan los bonos sociales y frenan el desangre fiscal por la subvención a los combustibles.
El dirigente Rolando Morales, señaló que la decisión del Gobierno corrige una distorsión que venía afectando a la economía nacional. “La subvención estaba desangrando al país, pero al mismo tiempo se han mantenido los bonos sociales, lo cual es clave, porque el alza de los combustibles impacta en los costos de producción y en la economía de la gente más necesitada”, dijo.
Con la apertura del mercado a la importación privada de gasolina y diésel, empresarios y operadores del sector aseguran contar con experiencia, logística e infraestructura para asumir el abastecimiento interno. La medida pone fin a décadas de subsidio estatal que presionaron las reservas y distorsionaron precios.