Un debate que hasta hace poco transitaba por los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) comenzó a ganar fuerza en la agenda pública: la denominada “ley antibloqueos”. Aunque todavía no existe un texto único ni consensuado, al menos cuatro proyectos legislativos avanzan con una premisa común: sancionar penalmente la obstrucción de vías de comunicación en Bolivia, bajo el argumento de proteger la economía nacional, el libre tránsito y el derecho al trabajo.
Sin embargo, más allá de los anuncios oficiales y los respaldos sectoriales, el tratamiento de estas iniciativas se ha caracterizado por una marcada falta de información y socialización, lo que ha encendido las alertas de organizaciones sociales, sindicatos y defensores de derechos humanos. El temor central es que esta normativa pueda convertirse en un instrumento para judicializar luchas sociales consideradas “incómodas” para el poder político y económico, como ocurre actualmente con la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Alarmas encendidas por Tariquía
El conflicto por Tariquía se ha convertido en un caso testigo. Actualmente, 17 personas —defensores del área protegida— enfrentan procesos penales tras haber participado en un punto de vigilia en el cantón de Chiquiacá, en rechazo al ingreso de empresas petroleras a la reserva. Aunque los acusados esperan librarse de estas denuncias, el escenario que plantea una eventual ley antibloqueos genera incertidumbre.
Desde las comunidades y plataformas ambientales advierten que, aun cuando estos procesos no prosperen, no existen garantías de que en el futuro no vuelvan a ser perseguidos penalmente si retoman medidas de presión para defender el territorio. “La lucha por Tariquía, es permanente”, han señalado dirigentes comunales, quienes temen que una nueva normativa endurezca aún más el panorama judicial.
¿Qué plantean los proyectos de ley?
Aunque los textos difieren en algunos matices, las propuestas coinciden en incorporar al Código Penal el delito de “obstrucción ilegal de vías de comunicación”. Las penas planteadas oscilan entre los 6 y 10 años de privación de libertad, aunque algunos informes y versiones preliminares mencionan sanciones que podrían llegar hasta los 20 años.
Otro punto común es la ampliación de responsabilidades: no solo serían pasibles a sanción quienes ejecuten bloqueos, sino también quienes los instiguen, financien u organicen. Incluso se plantea que estas personas asuman responsabilidad civil por los daños económicos ocasionados, una figura que preocupa a dirigentes sindicales y sociales.
Si bien los proyectos afirman garantizar el derecho a la protesta pacífica, esta quedaría condicionada a que no afecte el abastecimiento de bienes esenciales como alimentos y medicamentos, no interrumpa servicios de salud ni se realice en vías troncales de alcance nacional. Para sus críticos, estas restricciones vacían de contenido el derecho a la protesta.
Respaldo oficial y apoyo empresarial
El Gobierno nacional ha expresado su respaldo a la iniciativa, argumentando que el país no puede seguir soportando las millonarias pérdidas económicas generadas por los bloqueos, y que es necesario garantizar el derecho de la mayoría a trabajar y circular libremente.
En la misma línea, sectores empresariales y productivos han manifestado su apoyo a la norma, recordando los impactos negativos que los cierres de carreteras han tenido en la cadena de abastecimiento, las exportaciones y la estabilidad económica, especialmente en contextos de crisis.
Asimismo, legisladores tanto del oficialismo como de la oposición coinciden en que los bloqueos han sido utilizados recurrentemente como un mecanismo de presión política, por lo que consideran necesaria una herramienta legal que limite esta práctica.
El rechazo de los sectores sociales
Desde la otra vereda, la Central Obrera Boliviana (COB) ha rechazado de manera categórica los anteproyectos, calificándolos como un intento de eliminar una herramienta histórica de reivindicación social y laboral. Para el ente matriz de los trabajadores, el bloqueo ha sido, durante décadas, una forma legítima de visibilizar demandas ignoradas por el Estado.
Organizaciones sociales, como las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, han ido más allá al calificar la iniciativa como “anticonstitucional”, al considerar que criminaliza la protesta social y vulnera derechos consagrados en la Constitución Política del Estado.
En la misma línea, sectores del transporte también se han pronunciado en contra, señalando que el cierre de vías es, en muchos casos, el único mecanismo efectivo para que sus demandas sean atendidas por las autoridades.
Críticas, vacíos y riesgos
Una de las principales observaciones es el uso discrecional que podría tener la ley. Dirigentes y analistas advierten que la normativa podría ser utilizada para perseguir políticamente a opositores o líderes sociales, dependiendo de quién gobierne y a qué intereses afecten las movilizaciones.
También se ha abierto el debate sobre el rol de la Policía y las Fuerzas Armadas. Algunos especialistas plantean que una ley de esta naturaleza debería ir acompañada de una normativa clara sobre el uso de la fuerza, para evitar excesos y vulneraciones a los derechos humanos durante operativos de desbloqueo.
Desde Tarija, el presidente del Comité Cívico, Jesús Gira, reconoció que existen movilizaciones que sí se justifican, como el paro cívico nacional que exigió la realización del Censo. No obstante, también admitió que hay bloqueos con fines netamente políticos, citando como ejemplo lo que ocurre en el Chapare.
Consultado sobre cómo diferenciar un paro legal de uno ilegal, Gira sostuvo que ese es uno de los mayores desafíos. Mencionó que eso debe definirse con mucho cuidado en la redacción de la ley, pero antes tiene que existir una socialización con instituciones y sectores sociales, instando al Gobierno a evitar decisiones unilaterales.
La propuesta de un referéndum
En medio de la controversia, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, propuso que la ley antibloqueos sea sometida a un referéndum antes de su promulgación. El legislador argumentó que la norma podría detonar nuevas movilizaciones sociales, por lo que consideró necesario consultar directamente al soberano.
“Aprobaremos la ley en la Asamblea Legislativa y, antes de que el presidente la promulgue, hagamos un referéndum para ver si la población está de acuerdo o no”, señaló Alarcón, quien sostuvo que es necesario “desterrar” una cultura de más de 20 años que concibe el bloqueo como un derecho.