Ramiro Villarpando Camargo fue gerente ejecutivo de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) entre 2022 y 2025 y por ese periodo de trabajo recibió tres denuncias por malos manejos. En septiembre de 2025 se iniciaron las investigaciones. Este miércoles fue aprehendido por otra denuncia que presentó el actual ministerio de Desarrollo Productivo. El daño económico estimado sería de Bs 500 millones.
Villarpando llegó a las 20:00 aproximadamente a oficinas de la Felcc en La Paz, fue trasladado desde la ciudad de Cochabamba, donde residía. “Que asuma conocimiento y defensa material dentro de la investigación penal seguida por el Ministerio Público a denuncia de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria, Ministerio de Desarrollo Productivo en contra de William Ramiro Villarpando Camargo y otros, por los ilícitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, señala la orden de aprehensión.
El exgerente era investigado desde 2025 cuando Yamil Flores asumió el ministerio de Desarrollo Rural y dijo que se decidió la investigación luego de realizadas las auditorías. Pero en septiembre de ese año, el diputado Héctor Arce ya había presentado denuncia contra Villarpando y las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero el caso no avanzó sustancialmente.
Ahora el Ministerio volvió a insistir en el caso y se descubrió otras anomalías como la compra de equipo, maquinaria y bienes que nunca fueron utilizados, pese a contar con recursos millonarios desde el Estado.
El 20 de abril de 2022 el gobierno de Luis Arce promulgó el decreto 4701 mediante el cual se creó B-Agro con un patrimonio de Bs 140 millones. Su objetivo era la compra de semilla y almacenamiento de productos agropecuarios. En suma, garantizar la seguridad alimentaria.
Pero el diputado Arce fue a visitar las propiedades que había adquirido la empresa y constató que eran obras fantasmas. También señaló que la semilla adquirida fue revendida a productores locales sin rendir cuentas de nada. Los casos que estaban abiertos son: “agroquímicos”, que identificó posibles delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación; “semilla de urea”, también incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; finalmente el caso “urea”, por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y falsedad material.