Seis partidos de izquierda y centroizquierda interpusieron una nueva Acción Directa de Inconstitucionalidad en el Tribunal Supremo Federal (STF) para derogar por completo la Ley 14.182 / 2021, de privatización de Eletrobras.
«En nuestra opinión, esta es una ley flagrantemente inconstitucional y, sobre todo, también tuvo el grave error de incluir tortugas con un costo estimado de R $ 84 mil millones, cuando lo que se esperaba recaudar de la privatización era de R $ 64 mil millones» , dice el líder de la oposición en la Cámara, el diputado Alessandro Molon (PSB-RJ).
ADIN cuenta con el apoyo de los partidos PSB, PT, REDE, PDT, PSOL y PCdoB.
«No tiene sentido que el Congreso Nacional determine que el país gasta R $ 24 mil millones, que es el saldo negativo de esta cuenta, para entregar la sexta empresa más rentable de Brasil», agrega Molon.
Esta semana Podemos, del senador Álvaro Dias, también presentó una demanda en el STF contra el 14.182 / 2021 .
Álvaro Dias dice que el problema no es la privatización per se, sino las “tortugas” – la contratación obligatoria de 8 GW de centrales termoeléctricas a gas en regiones sin acceso a combustible y otras medidas incluidas en el Congreso Nacional, con el apoyo de la Gobierno federal.
La reestructuración empresarial a los ojos de los parlamentarios
Inicialmente, el partido pide que se considere ilegal la totalidad de la ley. Se parte del mismo principio invocado en la acción de Podemos: la privatización no podría haberse discutido mediante una medida cautelar, que debe cumplir criterios urgentes.
El propio gobierno federal había enviado un proyecto de ley normal a la Cámara de Diputados, pero no avanzó.
“(…) La intención era evitar el debido proceso para la promulgación de leyes ordinarias, no habiéndose probado la caracterización del requisito de urgencia para justificar el uso del instrumento excepcional”, dice la pieza.
Incluso con el pleno apoyo del gobierno federal, que dejó en claro que no vetaría la contratación de las centrales térmicas, los legisladores cuestionan el hecho de que toda la medida estuviera incluida en el artículo primero de la ley. Fue una estrategia para hacer cumplir la voluntad del Congreso Nacional y evitar el veto parcial de las centrales térmicas, por ejemplo.
«Muchas de estas impertinentes enmiendas al tema de la medida provisional fueron insertadas en el § 1 del art. 1, cuya redacción absurdamente larga revela, además de una mala técnica legislativa, la intención de evitar y así eludir el veto presidencial ”, dice el documento.
Un punto discutido en las acciones -y que ha molestado a los parlamentarios- es la previsión de reestructuración empresarial de Eletrobras.
Jair Bolsonaro vetó un artículo que garantizaría la presencia de filiales estatales repartidas por todo el país, como lo es hoy.
A su vez, en la capitalización, será necesario reorganizar la empresa para separar las actividades de Eletronuclear e Itaipu Binacional, que quedarán bajo el control de la Unión.
Esta semana, en entrevista con Canal Energía, el presidente de la estatal Rodrigo Limp mencionó que no se espera un cambio brusco en la estructura del holding en el corto plazo.
En la segunda mitad del año, sin embargo, el Congreso Nacional puede revocar el veto y establecer algunos de los cambios que el gobierno pretende hacer antes de la capitalización.
Además de los recursos garantizados por el MP, como la renovación de becas, con pago al Gobierno Federal, la valoración y eventuales ofertas secundarias se vislumbran como una oportunidad para incrementar los ingresos del Tesoro Nacional.
La privatización está programada para febrero de 2022.