Productores campesinos de al menos cuatro subcentrales del departamento de Tarija se concentraron este lunes 9 de marzo en la plaza principal de la ciudad en una movilización autoconvocada desde las bases. La convocatoria, anunciada el viernes por el exdirigente Luis Alfaro, reunió a comunarios que rechazan tres medidas del Gobierno nacional: el proyecto de ley que crea un impuesto del 5% sobre las ventas agrícolas, la Ley 157 que permite convertir la pequeña propiedad campesina en bien hipotecable, y el deterioro de la calidad del combustible que daña maquinaria y equipos. La movilización se produjo sin respaldo formal de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), cuya conducción los productores señalan como ausente. “Las bases se han autoconvocado”, declaró Alfaro a El País en la Plaza Luis de Fuentes y Vargas, lugar de la concentración.
Un impuesto del 5% sobre las ventas brutas
El detonante inmediato fue el Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario, presentado por el ministro de Economía José Gabriel Espinoza. La norma crea el Régimen SIETE-RG: un sistema de pago bimensual equivalente al 5% del ingreso bruto, destinado a pequeños emprendedores y productores con ventas anuales inferiores a 400 mil bolivianos. El Gobierno lo describe como voluntario y orientado a facilitar la formalización del sector. Los productores cuestionan esa lectura. “Dice que es voluntario, pero nosotros no vendemos por voluntad, vendemos porque necesitamos comer”, afirmó Alfaro. El punto técnico que subrayan los campesinos es preciso: el impuesto se calcula sobre el ingreso bruto, no sobre la ganancia, lo que significa que un productor que vende papa, maíz o hortalizas en márgenes reducidos —ya comprimidos por el encarecimiento de insumos y el alza de combustibles— pagaría el 5% independientemente de si su actividad fue rentable ese bimestre.
José Humacata, productor de la comunidad de San Andrés presente en la movilización, identificó una segunda preocupación igualmente central: la Ley 157, aprobada a fines de 2025. La norma permite que propietarios de pequeñas parcelas campesinas soliciten voluntariamente reclasificar su tierra como propiedad mediana o empresarial. El cambio de categoría tiene una consecuencia jurídica concreta: la pequeña propiedad, que desde la Reforma Agraria de 1953 tiene carácter de patrimonio familiar inembargable e inalienable bajo el artículo 169 de la Constitución, pasa a ser un bien que puede hipotecarse, embargarse y venderse. “La propiedad campesina es inembargable, inalienable. Eso lo están queriendo cambiar”, señaló Humacata. El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) calificó la ley como uno de los retrocesos más graves en el régimen de tierras boliviano desde 1953, al abrir la puerta a la concentración de parcelas en manos de capitales financieros o agroindustriales. La norma fue aprobada sin proceso de consulta previa a comunidades indígenas y campesinas.
Un sector que ya acumula pérdidas por clima, combustible y dólares
La movilización llega sobre una acumulación de golpes que el sector rural de Tarija ha encajado en los últimos dos años. La sequía de 2023-2024 —clasificada por la Cruz Roja Internacional como la más extensa en la historia moderna de Bolivia— redujo los caudales de los ríos Camacho y Guadalquivir a menos de la mitad de su nivel histórico, afectando el riego de viñedos, huertas y cultivos en los valles centrales del departamento. Alfaro resumió la percepción de los productores sobre la respuesta estatal: “El cambio climático está haciendo desastres en los ciclos de lluvia, de calor, y no hay ninguna contingencia.” Humacata, que lleva tres años cultivando maíz bajo principios agroecológicos, aportó un dato local concreto: en San Andrés, el granizo —que históricamente caía dos o tres veces por año— se presentó más de diez veces en la última temporada y lo que va del año 2026. “Eso te da un entendimiento de que está variando algo”, dijo.
A este escenario climático se suma el efecto del Decreto Supremo 5516, vigente desde enero de 2026, que retiró el subsidio estatal a los combustibles. El precio del diésel pasó de 3,74 a 9,80 bolivianos por litro, un incremento del 162%. Para el productor que usa tractor, motobomba o transporte para sacar su cosecha al mercado, ese aumento se traduce directamente en mayores costos de producción sin un precio de venta que lo compense. Humacata señaló además un problema de calidad: “El mal estado de la gasolina está fregando totalmente los motores y los equipos”, advirtiendo que el sector de tractoristas podría sumarse a las protestas. La crisis de dólares, que llevó las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia de 15.000 millones de dólares en 2014 a menos de 2.000 millones al cierre de 2024, encareció también los insumos importados —fertilizantes, agroquímicos, semillas certificadas— entre un 40 y un 60% en términos reales durante ese período.
Agenda abierta, elecciones a trece días
La movilización de este lunes no llegó con un pliego de peticiones cerrado. “La agenda la vamos a definir ahora”, reconoció Alfaro al ser consultado sobre los pasos siguientes. Los productores presentes coincidieron en que el objetivo de fondo es más amplio: recuperar la conducción efectiva de la Federación de Campesinos como instancia representativa del sector y recuperar el mercado campesino de Tarija, que Humacata describió como capturado por comerciantes intermediarios, dejando al productor a vender en la calle o en los márgenes de la ciudad. Alfaro precisó que la movilización debe extenderse a las subcentrales de otras provincias, que enfrentan problemáticas similares, pero aún no se han sumado formalmente. La concentración de este lunes, afirmó, es el primer paso de ese proceso de articulación. La marcha se realizó a trece días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en las que Tarija elegirá gobernador y alcaldes en sus once municipios.