Ante la caída de la producción de gas natural y la reducción de ingresos, analistas y expertos coinciden que es urgente revisar y actualizar el marco normativo y regulatorio del sector, ya que la actual Ley 3058 presenta “obstáculos” que dificultan la ejecución de inversiones necesarias para impulsar el desarrollo de las actividades de exploración en el país.
Para el geólogo petrolero Jorge Márquez, la opción más práctica es derogar la Ley 3058 mientras se genera una nueva norma que podría demorar en la Asambles Legislativa.
“Propongo un cambio cualitativo de los contratos, pagando mejor, con reglas claras, con beneficios, es decir, un contrato de riesgo compartido, pues actualmente los contratos de servicios petroleros son como si tendrías a las empresas operadoras a tu servicio, como si fueran tus empleados, y eso no debe ser así; en cambio, con un contrato de riesgo compartido tú, como Yacimientos, como país, eres socio del inversor, del operador, y van juntos”, declaró a CORREO DEL SUR.
Márquez insiste en que esta opción es la más viable, pues elaborar una nueva ley tomará bastante tiempo en el Legislativa, por las demandas regionales que hay. “Los departamentos productores ahora no solamente quieren volver a recibir 12% de regalías, sino el 15%; además, ahora entra como departamento productor también La Paz, entonces la cosa se va a complicar con esta nueva ley”, sostuvo el también exvicepresidente de Operaciones de YPFB.
En la actualidad, las regalías hidrocarburíferas comprenden un porcentaje del total de volúmenes de explotación de hidrocarburos (gas y petróleo) que ascienden al 18% del global de ingresos por este concepto. Este 18% de regalías es distribuido desde el nivel central en el siguiente orden: 11% como regalía departamental para departamentos productores, un 1% representa la regalía nacional compensatoria (en favor de los departamentos de Beni y Pando) y, finalmente, 6% es canalizado por el Tesoro General del Estado.
En cambio La Paz, que no recibe regalías ni compensatorias, empezará percibir ingresos como departamento producto cuando entre en operación comercial el pozo Mayaya X1.
La Ley de Hidrocarburos 3058 en actual vigencia fue aprobada en mayo de 2005 y desde el 2012 se realizaron esfuerzos para actualizarla y mejorarla, pero solo se logró “pequeños ajustes y normativa complementaria para incentivar la exploración que no prosperó”, recuerda Márquez.
Por lo tanto, frente a la actual coyuntura de imperativa necesidad de reponer reservas de gas natural para la industrialización y exportación, además de la producción de líquidos para el mercado interno, “resulta impostergable proyectar un entorno de mayor atracción de capitales privados de riesgo exploratorio en busca de gas y nueva regulación para la reactivación de pozos en campos maduros, a fin de asegurar la sostenibilidad de la cadena de valor de los hidrocarburos”, subraya.
CAMBIO DE RÉGIMEN FISCAL
El analista del sector Hugo del Granado coincide con Márquez al señalar que para revertir la crítica situación del sector hidrocarburos, urge la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que modernice la dinámica petrolera del país, pero además es necesario cambiar la Constitución Política del Estado (CPE).
La nueva normativa debe incorporar a Bolivia en la comunidad internacional petrolera y para ello se necesita modificar el régimen fiscal para que sea compatible con los niveles impositivos que rigen en los países de la región.
“No puede ser una ley como la que está vigente, donde el impuesto fijo del 50% se aplica a pozos petroleros de manera general e independiente de su nivel de reservas y capacidad de producción. Los impuestos deben aplicarse en forma escalonada de acuerdo con el tipo de yacimiento que se descubra o se va a explorar y explotar. El Impuesto Directo a los Hidrocarburos es ciego”, explicó el experto en una reciente entrevista con Ahora El Pueblo.
Añadió que se debe también modificar varias disposiciones legales como es el Decreto Supremo 27681 de 20024, que estableció un precio tope de $us 27,11 para el barril de petróleo que entregan las empresas privadas en refinería. Esto es un desincentivo porque en el mercado internacional la cotización internacional está en más de $us 90 y es el valor con el que Bolivia importa.
La Fundación Jubileo, en un análisis reciente, manifestó que es necesario actualizar el marco normativo y ajustar el régimen fiscal aplicable al sector, buscando un nuevo equilibrio entre Estado y empresas petroleras que haga atractivo invertir en Bolivia. Esto pasa por incorporar mecanismos de escalas movibles de la alícuota del IDH, cambiar la participación del TGN y de YPFB en las ganancias de los contratos de exploración y explotación.
VISIÓN DEL GOBIERNO
En enero, el Ministerio de Hidrocarburos adelantó que, con el objetivo de reactivar la economía, modernizar el marco normativo y atraer inversiones, se impulsa la elaboración de un paquete de cuatro leyes orientadas a una reforma estructural del sector energético.
El Ejecutivo propone una nueva tipología contractual y un sistema impositivo diferenciado, acorde a las características de cada campo y región productora de hidrocarburos. “Hoy tenemos el mismo impuesto para todos los campos de Tarija, Cochabamba y Santa Cruz. Es como si todos los bolivianos usáramos el mismo terno y la misma talla. A algunos les queda grande y a otros pequeños. Necesitamos un sistema impositivo a medida”, añadió Medinaceli.
POTENCIAL
Sobre las oportunidades que ofrece Bolivia, el experto Jorge Márquez señala que incluso después de 100 años el Subandino Sur, la zona con el mayor potencial exploratorio de gas del país, sigue siendo una cuenca semimadura, o sea que todavía se pueden descubrir un par de megacampos y algunas estructuras menores.