El Decreto Supremo 5597 se perfila como una medida clave para evitar un freno mayor en el sector de la construcción en Bolivia, una actividad que representa cerca del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera miles de empleos directos e indirectos, según datos de organismos sectoriales y reportes del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, destacó que la norma llega en un momento crítico, cuando el encarecimiento de insumos como el cemento, el acero, el asfalto y los combustibles había puesto en riesgo decenas de proyectos públicos en todo el país.
En los últimos dos años, el sector ha enfrentado una combinación de factores adversos: inflación importada, dificultades en el acceso a divisas, incremento del precio del diésel subvencionado en el mercado internacional y problemas logísticos. Todo esto impactó directamente en los costos de ejecución de obras, especialmente en infraestructura vial y proyectos de gran escala.
“El decreto permite analizar proyecto por proyecto para que el Estado reconozca el aumento de precios y así muchos contratos puedan salvarse”, sostuvo Arze.
Golpeado por alza de precios
De acuerdo con datos de cámaras empresariales, algunos materiales clave registraron incrementos superiores al 50% desde 2022. El acero, por ejemplo, tuvo picos de alza vinculados a la volatilidad internacional, mientras que el costo del transporte se elevó por la presión sobre los combustibles.
Este contexto provocó que varias empresas operen con márgenes negativos o, en algunos casos, paralicen obras por inviabilidad financiera. La situación también impactó en el empleo: el sector constructor redujo su dinamismo en los últimos meses.
Arze explicó que proyectos que inicialmente costaban 100 pueden requerir ahora entre 150 y 200 para concluirse, reflejando el fuerte desajuste entre los presupuestos originales y los precios actuales del mercado.
Reajuste o rescisión
El DS 5597 establece un mecanismo flexible para enfrentar esta situación. Por un lado, permite reajustar los contratos en ejecución, y por otro, habilita la rescisión consensuada cuando el proyecto no sea viable.
Esta segunda opción busca evitar litigios prolongados entre el Estado y las empresas constructoras, que en el pasado derivaron en arbitrajes internacionales o procesos judiciales costosos.
“El objetivo es evitar paralizaciones y juicios. Si un proyecto no puede ajustarse, se puede rescindir y volver a licitarlo con los precios actuales”, explicó el gerente de Cadecocruz.
Reajustes diferenciados
Los porcentajes de ajuste no serán uniformes. Según estimaciones del sector: obras con alto grado de avance podrían requerir incrementos de entre el 20% y el 40% para su conclusión.
Proyectos en etapa inicial, donde los costos se dispararon incluso por encima del 60%, podrían ser candidatos a rescisión y nueva licitación.
El análisis técnico incluirá variables como el tipo de obra, la intensidad en uso de maquinaria, la dependencia del diésel y el avance físico-financiero.
El impacto de la paralización de obras no solo afecta al sector constructor, sino a toda la economía. La construcción tiene un efecto multiplicador sobre rubros como el comercio, la industria de materiales, el transporte y el empleo urbano.
En Santa Cruz, uno de los motores económicos del país, están en juego proyectos de carreteras, electrificación e infraestructura hospitalaria. Arze remarcó que estos últimos deberían ser priorizados, aunque también subrayó la importancia de las rutas para la logística productiva.
“Las carreteras son vitales para que los alimentos lleguen a las ciudades y para generar exportaciones”, indicó.
Si bien el sector valora la aprobación del decreto, expertos coinciden en que el principal reto será su implementación. Cada entidad contratante —como la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), gobiernos subnacionales y ministerios— deberá realizar evaluaciones técnicas, legales y financieras antes de aprobar los reajustes.
Además, surge un factor clave: la disponibilidad de recursos fiscales. Bolivia enfrenta restricciones presupuestarias en un contexto de menor liquidez y presión sobre las reservas, lo que podría limitar la capacidad del Estado para cubrir los incrementos.
DATOS
EFECTO. El sector de la construcción destacó que el decreto introduce previsibilidad. En un entorno marcado por la volatilidad de precios y la incertidumbre macroeconómica, contar con un marco normativo claro permite a las empresas planificar y tomar decisiones.
DECRETO. La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que abre una ventana temporal para reordenar la cartera de proyectos públicos.