El pasado 18 de marzo de 2026, desde Brasil, el actual presidente Rodrigo Paz Pereira anunció el próximo envío al Legislativo de una nueva Ley de Hidrocarburos con la que pretende introducir “cambios de fondo en el país, que beneficie no al Estado sino a la capacidad de desarrollo de cada una de las regiones”, según declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias ABI. La declaración llegó desde Brasilia, donde Paz se reunía con el presidente Lula da Silva para sellar acuerdos de cooperación energética. El mismo Petrobras que lleva décadas extrayendo gas boliviano sin reponer reservas era uno de los interlocutores del viático diplomático.
“Bolivia está haciendo un cambio de fondo porque va a haber una nueva Ley de Hidrocarburos, que la vamos a presentar a Bolivia para que sea un acuerdo entre los bolivianos”, agregó Paz. Explicó que se trata de un “compromiso personal y una visión de gobierno” que impulsa la propuesta de la distribución 50/50 de los recursos entre el nivel central y las regiones, que debe ser transversal al modelo de desarrollo que se busca en sectores como hidrocarburos, minería y otros. La norma contemplaría un régimen impositivo promedio del 50%, contrato con cláusulas fijas y un marco orientado a atraer inversión privada para la exploración.
El debate, una vez más, está abierto.
En ese contexto, el abogado Ramiro Moreno Baldivieso recordaba en una columna publicada en este mismo medio la infructuosa práctica de los políticos bolivianos de turno: cada cambio de gobierno plantea una nueva ley de hidrocarburos.
“En Bolivia seguimos una suerte de tradición al cambiar o modificar las leyes y normas vigentes cada vez que hay un cambio de gobierno. Así, desde 1921, con la Ley Orgánica del Petróleo; en 1955 con el Código del Petróleo (conocido como Código Davenport); en 1972 con el Decreto Ley No. 10170; en 1990 con la Ley No. 1194; en 1996 con la Ley No. 1689; y en 2005 con la actual Ley No. 3058. Es decir, en cada cambio de Gobierno tuvimos una nueva ley aprobada por el gobierno de turno; hasta ahora suman seis; y con el anuncio de una nueva ley ya serían siete”, recordó el pasado 9 de marzo de 2026.
El dato histórico es cierto, pero omite un detalle crucial: el nuevo anuncio es el octavo. El séptimo intento ocurrió en septiembre de 2006 y lo impulsó el entonces ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, como parte del cumplimiento del decreto supremo 28701 de la tercera nacionalización de los hidrocarburos. Una semana después de remitir formalmente ese anteproyecto al presidente Evo Morales y sus ministros, Soliz renunció irrevocablemente al constatar que el entonces vicepresidente Álvaro García Linera había desautorizado la Resolución Ministerial 207/2006, que disponía la recuperación de las refinerías al descubrirse cobros indebidos de Petrobras por tasas de refinación y otras irregularidades.
Andrés Soliz Rada, ministro de Hidrocarburos de Evo Morales, renunció el 15 de septiembre de 2006 después de que García Linera desautorizara su intento de recuperar las refinerías de Petrobras. Su anteproyecto de ley de refundación de YPFB —enviado siete días antes al Palacio— no fue leído por nadie durante veinte años.
El anteproyecto de Soliz Rada, propuesta olvidada
El anteproyecto de ley de refundación de YPFB, redactado por Soliz Rada, llegó a los escritorios de Evo Morales y Álvaro García Linera mediante la carta MHE-2432 DESP-0520 del 8 de septiembre de 2006, siete días antes de su renuncia irrevocable.
El trabajo mereció el mismo silencio que rodeó a su clásica obra “La Fortuna del Presidente”, publicada en el primer semestre de 1997, cuando aún gobernaba Gonzalo Sánchez de Lozada, y donde describió documentadamente su enriquecimiento ilícito, yendo desde la falsedad de su título universitario hasta la exacción minera en condiciones de fraude contra Bolivia, y a costa del Estado boliviano.
Sin debate ni publicación previa conocida, el trabajo contiene elementos que hoy resultan más pertinentes que en 2006. En ocho artículos, el documento proyectaba la transformación de YPFB en una corporación autárquica con personalidad jurídica plena, con capacidad de crear filiales, contratar en condiciones paritarias con privados nacionales o extranjeros, y financiar sus propias operaciones mediante instrumentos financieros —bonos y otros títulos valor— en mercados locales e internacionales. En su artículo 2, numeral IV, facultaba a YPFB-Corporación a seleccionar y ejecutar mecanismos de financiamiento e inversión del mercado, preservando en todo momento los intereses de la empresa estatal.
De haberse aplicado desde entonces, la estatal petrolera habría podido captar financiamiento externo e interno para su propio crecimiento empresarial, sin necesidad de asociarse en condiciones desventajosas con transnacionales. El artículo 3 del anteproyecto, sobre Gobierno Corporativo, establecía un Comité de Auditoría con minoría independiente para el examen de estados financieros y contratos —el mismo mecanismo de transparencia que hoy, veinte años después, el país sigue exigiendo.
El artículo 6 disponía que, al publicarse la ley, YPFB se transformaría en YPFB-Corporación y los pasivos heredados de la era neoliberal serían asumidos, según corresponda, por la nueva corporación o por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), liberando a la nueva empresa del lastre financiero de los diez años anteriores. Era, en suma, una refundación real, no solo retórica.
Pocos meses después empezó el largo historial de escándalos en YPFB que aún hoy continúa, y toca incluso al ex vicepresidente García Linera, según indicios publicados por actuales autoridades que descubren información de las computadoras de uno de los hijos detenidos del ex presidente Luis Arce Catacora.
La propuesta de Soliz Rada nunca fue discutida, y el anteproyecto permaneció en el olvido hasta que esta investigación lo recupera junto con el debate actual.
La nacionalización boicoteada
Las Memorias de YPFB de 1990 y 1991, así como sus estados financieros desde 1980 hasta 1993, acreditan que la estatal petrolera invirtió sostenidamente recursos propios y personal técnico y científico boliviano de alta calificación en la exploración de los bloques ubicados en el Chaco tarijeño y chuquisaqueño. Los subcontratos en servicios de sísmica y las perforaciones exploratorias resultaron en el descubrimiento de los campos San Alberto (cerca de Caraparí) en 1990 y San Antonio (a pocos kilómetros de Villa Montes) en 1991, siendo YPFB 100% estatal.
El descubrimiento del campo Margarita en diciembre de 1998, entre Chuquisaca y Tarija, fue realizado por Maxus, subsidiaria de Repsol, sobre la base de información geológica y sísmica que YPFB ya tenía en sus archivos antes de su división y privatización en 1996. La información era boliviana; los beneficios, extranjeros. La información geológica y los estudios sísmicos de los archivos de YPFB así lo confirman.
Cuando el D.S. 28701 “Héroes del Chaco” decretó la nacionalización el 1 de mayo de 2006, el primer ministro de Hidrocarburos, Soliz Rada, estructuró un equipo técnico liderado por Enrique Mariaca Bilbao para ejecutar auditorías exhaustivas. Esas auditorías —realizadas con asistencia técnica de Noruega y Canadá— revelaron documentadamente fraude contable por parte de Repsol-YPF e incumplimientos de compromisos de inversión de Petrobras, Total y otras empresas.
Nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia, El País
1 de mayo de 2006.
El proceso fue boicoteado desde adentro. En junio de 2006, un “emisario palaciego” buscó a Soliz Rada en su despacho ministerial para encargarse de las auditorías: Erick San Miguel Rodríguez, abogado con vínculos con la Contraloría de la República en tiempos del hermano de Gonzalo Sánchez de Lozada. Soliz Rada rechazó la insinuación. Poco después, el núcleo palaciego designó como viceministro de Exploración a Guillermo Aruquipa Copa, informático sin experiencia alguna en el sector, cuya función de facto fue obstaculizar el avance del trabajo de Mariaca Bilbao.
En septiembre de 2006, cuando Soliz Rada quiso ejecutar la Resolución Ministerial 207/2006 —que disponía el control de las refinerías de Petrobras ante cobros indebidos por tasas de refinación—, el vicepresidente García Linera cedió a la presión brasileña y lo desautorizo públicamente. El 15 de septiembre, Soliz Rada presentó su renuncia irrevocable.
Sin esperar los resultados de las auditorías, en octubre de 2006 el gobierno firmó 44 contratos de operación con las mismas transnacionales: Repsol YPF, Petrobras, Shell, y otras más. Ninguna se fue, y hoy Moreno Baldivieso alerta que cualquier cambio en los regímenes tributarios y de retribución podría no ser aplicable, lo que implica que el gobierno actual carece de legitimidad y poder para introducir cambios de fondo.
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Entre 2007 y 2018, esas empresas recibieron USD 7.906,7 millones en participaciones y USD 8.457,4 millones en “costos recuperables”. En estos últimos se incluyeron más de USD 1.500 millones reportados como fraudulentos por Mariaca Bilbao. Bolivia perdió el control total de megacampos como San Alberto, Sábalo y Margarita, que siguen hasta hoy operados por Petrobras y Repsol.
Entre 2006 y 2024, Bolivia acumuló aproximadamente USD 50.000 millones en renta petrolera. El presupuesto de YPFB pasó de USD 745 millones en 2006 a USD 15.100 millones en 2014, representando el 54% del Presupuesto General del Estado. Esos números financiaron el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y la expansión de infraestructura social. Pero las transnacionales explotaron sin reponer, y nadie les obligó a explorar con seriedad.
Reservas que se esfuman en medio de la urgencia
Los datos de la Rendición Pública de Cuentas Final 2025, presentada por YPFB en Santa Cruz el 1 de abril de 2026, confirman lo que los especialistas alertaban desde hace años: las reservas probadas de gas natural del país se sitúan en 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF). La cifra representa una caída del 57% respecto a los 10,45 TCF certificados en 2013. Si se mantiene el ritmo actual de producción y no se incorporan nuevos descubrimientos de magnitud, Bolivia podría comenzar a importar gas natural para el mercado interno antes de 2031. Hasta 2013 exportábamos gas; hoy somos importadores netos de diésel y gasolina.
La producción de gas natural alcanzó su máximo histórico en 2014, con cerca de 59 millones de metros cúbicos por día (MMmcd). Desde entonces el descenso fue constante: 45 MMmcd en 2019, 35,7 MMmcd en 2023, y apenas 31,6 MMmcd en la actualidad. Los ingresos por venta de gas natural en 2025 cayeron a poco más de 1.000 millones de dólares, frente al promedio de USD 2.742 millones anuales del período 2006-2020.
En ese escenario, los dos descubrimientos recientes de YPFB cobran dimensión estratégica. En julio de 2024, el campo Mayaya Centro-X1 en el Subandino Norte (municipio de Alto Bení, La Paz), cuyo pozo alcanzó 6.000 metros de profundidad, reveló reservas certificadas de 1,7 TCF de gas natural, con potencial de hasta 6,7 TCF en estructuras aledañas. S&P Global Commodity Insights lo ubicó entre los 10 mayores descubrimientos de petróleo y gas del mundo en 2024. La inversión requerida para su desarrollo se estima en 403 millones de dólares, incluida la construcción de un gasoducto de 455 kilómetros. Su principal desafío es la ubicación remota, sin infraestructura existente.
Mayaya Centro-X1, Luis Arce Catacora, Armin Dorgathen, El País
Luis Arce y el entonces presidente de YPFB, Armin Dorgathen, en el campo Mayaya Centro-X1, el mayor descubrimiento de gas boliviano en décadas. El hallazgo —1,7 TCF certificados, entre los diez mayores del mundo en 2024— fue obra de técnicos de YPFB, no de las transnacionales que llevan veinte años extrayendo sin reponer. Igual que San Alberto en 1990.
En octubre de 2025, YPFB anunció el descubrimiento del campo Bermejo-X46D en Tarija, zona petrolera desde 1924. Las reservas oficiales son 0,2 TCF, aunque geólogos independientes estiman hasta 2,1 TCF considerando las tres formaciones atravesadas (Huamampampa, Icla I y II, Santa Rosa). La inversión proyectada es de 518 millones de dólares. Aunque Bermejo es un productor marginal comparado con Mayaya, su ubicación en zona tradicional con infraestructura existente facilita su desarrollo.
Estos números hacen comprensible la urgencia del debate legislativo, pero también iluminan la necesidad de exploración.
Tariquía: la reserva en el borde
La urgencia extractiva del gobierno choca con sus compromisos ambientales en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en Tarija. El 5 de enero de 2026, un contingente policial resguardó el ingreso de funcionarios de Petrobras al proyecto exploratorio Domo Oso-X3 (DMO-X3), en las comunidades de San Telmo y Astillero.
Tariquía, Domo Oso X3, El País
El 5 de enero de 2026, efectivos policiales escoltaron el ingreso de funcionarios de Petrobras al proyecto Domo Oso X3, a 1,5 kilómetros de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Dieciséis comunarios que resistieron fueron procesados penalmente. La consulta previa que exige la Constitución, dicen los pobladores, fue «trucha».
Petrobras alega contar con un Contrato de Servicios Petroleros firmado con YPFB el 5 de julio de 2018, aprobado por ley, y con una Licencia Ambiental otorgada en julio de 2025 bajo el gobierno de Luis Arce. El Ministerio de Hidrocarburos afirma que el pozo se ubica a 1,5 kilómetros de los límites de la reserva y tiene potencial estimado de 2,8 TCF de gas. “Si todo va bien, ayudará a incrementar la regalía departamental y a disminuir la presión ante una posible importación de gas en 2029 y 2030”, explicó el ministro Mauricio Medinaceli.
Las comunidades locales rechazan el proyecto. Comunarios de Chiquiacá denuncian que la consulta previa realizada por Petrobras fue “trucha”, y que su procedimiento de consulta “es de mala fe”. Diecisiete comunarios fueron procesados penalmente por su resistencia. El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) advierte que la intervención podría hacer que Tariquía pierda sus cualidades como área protegida, y que la historia de impactos petroleros en Bolivia no otorga garantías a las promesas de extracción limpia.
El presidente Paz, quien en 2019 como alcalde de Tarija se comprometió ante comunarios a que no se tocaría la reserva, publicó en sus redes sociales un video negando que se haya otorgado permiso dentro de la misma. Bolivia necesita gas, pero la forma en que lo busca vuelve a reproducir el patrón histórico de priorizar la renta sobre los derechos. Aunque las empresas entienden la consulta previa e informada como un trámite, se trata de un derecho constitucional. Por lo tanto, el esfuerzo en Tariquía debe ser ejecutado respetando las normas legales y constitucionales para áreas de protección, incluyendo la consulta previa e informada.
Las fichas de YPFB: Akly, la gasolina contaminada y Cronenbold
Yussef Akly, El País
Yussef Akly duró cuatro meses y veintiún días al frente de YPFB. Los registros de la ASFI revelan que ya había sido Gerente General de YPFB Andina en 2020, que fue removido por el gobierno de Arce, y que al regresar en 2025 presidió simultáneamente YPFB y el Directorio de esa misma subsidiaria. Del otro lado de esa mesa, Repsol no cambió de representante.
En cuatro meses y veintiún días de gestión, Yussef Akly Flores dejó YPFB en circunstancias que dicen mucho sobre el estado real de la empresa. La crisis que lo sacó del cargo fue la distribución de “gasolina desestabilizada” —combustible adulterado con goma y manganeso— en Beni, Santa Cruz y Oruro, que dañó motores de vehículos en todo el país. Más de 10.874 reclamos fueron registrados en el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). YPFB pagó compensaciones por al menos 357.000 dólares y anunció desembolsos proyectados de Bs 2,5 millones.
La gestión fue sacudida por denuncias legislativas sobre un presunto “Cártel de la gasolina basura” con vínculos entre directivos de YPFB y empresas transportadoras de combustible. 360 funcionarios fueron desvinculados. Se investigó un posible sabotaje interno. Akly estuvo ausente del país cuando el Gobierno firmó un acuerdo de cuatro puntos con los choferes de La Paz para desactivar el paro como medida de presión.
Gasolina adulterada, El País
Una muestra del combustible que dañó miles de motores en Beni, Santa Cruz y Oruro: gasolina adulterada con goma y manganeso. Más de 10.874 reclamos fueron registrados. YPFB pagó al menos USD 357.000 en compensaciones. El contrato de control de calidad que debía evitarlo fue adjudicado directamente, sin licitación, a una empresa argentina.
El registro la ASFI revela que Akly fue Gerente General de YPFB Andina S.A. desde el 24 de enero de 2020 hasta el 14 de diciembre de ese mismo año, cuando el directorio de la subsidiaria —controlado entonces por el gobierno de Arce— lo removió. Cinco años después, el gobierno de Paz lo posesionaba como presidente de YPFB y simultáneamente, el 29 de diciembre de 2025, lo nombraba Director Titular-Presidente del Directorio de la misma YPFB Andina que en su momento lo expulsó. Ambos cargos los ejerció al mismo tiempo. Del otro lado de esa mesa directiva, como Vicepresidente, continuó sentado Mariano Carlos Ferrari, de nacionalidad argentina, representando a Repsol —tal como lo ha hecho desde 2022, sin interrupción, independientemente de qué gobierno esté en Palacio.
El 30 de marzo de 2026, el presidente Rodrigo Paz posesionó a Claudia Cronenbold Harnés como nueva presidenta ejecutiva de YPFB. El perfil de la ingeniera cruceña es llamativo y complejo a la vez: más de 20 años de trayectoria en hidrocarburos, ingeniería industrial de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), MBA en Negocios Internacionales por el IBMEC de Brasil, formación ejecutiva en el Programa de Desarrollo Gerencial de Harvard Business School, experiencia como directora corporativa de Petrobras Colombia, gerente general de YPFB Transierra S.A., y vicepresidenta para América Latina del Consejo Mundial de Energía.
Claudia Cronenbold, El País
Claudia Cronenbold Harnés juró ante Rodrigo Paz y sus ministros como nueva presidenta de YPFB. Fue, antes, la primera mujer en presidir la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía —el gremio de Repsol, Petrobras y Shell. Su antecesor, Yussef Akly, también vino de esa cámara.
Cronenbold fue, además, la primera mujer en presidir la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), el mismo gremio que agrupa a Repsol, Shell, Total, Petrobras y otras transnacionales operadoras en Bolivia, y que desde 2005 impulsa sistemáticamente la reforma de la Ley 3058. Tanto Akly como Cronenbold tienen en común haber presidido esa cámara antes de asumir la presidencia de YPFB. La continuidad del patrón de designaciones merece observación.
Al asumir, Cronenbold dijo que se comprometía a “hacer un excelente papel” en una empresa estratégica. Paz, por su parte, le encomendó “luchar contra la corrupción y desarticular grupos de poder”. Analistas advierten que el cambio de una sola persona no implica un cambio institucional.
Cifras y modelos: ¿qué conviene realmente a Bolivia?
Una investigación de El País publicada el 23 de noviembre de 2025 expuso los resultados de modelación de las propuestas que desde la instalación del nuevo gobierno se han debatido públicamente. Ningún analista o experto ha cuestionado o planteado alternativas a los modelos explorados, que se resumen así:
Escenario A — Ley 3058 con mejoras operacionales: YPFB alcanzaría patrimonio de Bs 70.500 millones y renta petrolera acumulada de USD 12.500 millones al 2030. Extrapolado a 10 años, supera los USD 25.000 millones.
Escenario B — Reforma 50/50: El patrimonio sería de Bs 64.000 millones y la renta acumulada de USD 7.000 millones al 2030. La pérdida extrapolada a 10 años superaría los USD 8.000 millones.
La experiencia de 1996-2005 es un precedente empírico. Bajo el esquema de capitalización/privatización, el Estado recibía apenas USD 300 millones anuales. Con el modelo de gestión estatal post-2006, el promedio fue USD 2.742 millones anuales. La diferencia es que el Estado pueda gozar de la capacidad de financiar salud, educación y programas sociales, o transferir esa riqueza a accionistas extranjeros. El modelo de gestión determina radicalmente la distribución de riqueza.
El abogado Ramiro Moreno Baldivieso, cuyo análisis detona el debate actual, alerta que una abrogación de la Ley 3058 “sería una ley que repetiría muchos aspectos contenidos en la ley, disminuiría nuestra competitividad y capacidad de atraer inversión extranjera”, y que cambios en el régimen económico podrían enfrentar acciones de inconstitucionalidad, generando “inseguridad jurídica y una frustración en cambiar nuestra política hidrocarburífera“.
El experto propone la aprobación de una ley corta de no más de 30 artículos que añada a la actual Ley 3058 nuevos tipos de contratos petroleros a los que las empresas privadas puedan recurrir según sus métodos de trabajo, tecnologías y capacidades financieras, entre otros. Conservar lo bueno, y corregir o añadir lo que falte.
La propuesta de Moreno traduce la preocupación y planteamiento de las mismas empresas petroleras privadas, extranjeras, que operan en Bolivia bajo contratos firmados en octubre de 2006, tras la “zancadilla” que Evo Morales y Álvaro García Linera le dieron al Decreto Supremo 28701 de nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006 y a su principal impulsor, Andrés Soliz Rada.
Son, en consecuencia, tres planteamientos en liza: la octava ley del gobierno Paz, la “ley corta” complementaria de Moreno, y la propuesta de Soliz Rada, silenciada durante veinte años, hasta hoy. El primero de los tres planteamientos enfrenta un obstáculo político mayor: el gobierno de Paz no tiene mayoría propia en el Congreso (49 de 130 diputados; 16 de 36 senadores). El vicepresidente Edmand Lara, que preside el Legislativo, se ha declarado opositor en materia de reformas.
La inversión extranjera debe ser verificable
Según expertos consultados, cualquier cambio a la normativa del sector hidrocarburos —sea la ley corta de Moreno, la ley nueva del gobierno o alguna síntesis— y de otros sectores estratégicos, como la minería, deberá exigir que las transnacionales que deseen explotar recursos naturales bolivianos traigan su propio capital e incorporen inversiones verificables, regulando las importaciones de bienes de capital de casas matrices de modo que los “costos recuperables” sean auditados en valor, utilidad y durabilidad. Bolivia no debe repetir el esquema 2007-2018, en que las transnacionales facturaron más de USD 1.500 millones como costos que Mariaca Bilbao había catalogado como fraudulentos: compras con sobreprecio, tecnología obsoleta, entre otros.
La advertencia no es teórica ni abstracta. Los registros de la ASFI confirman que YPFB Andina emitió “Bonos Petrolera Andina” en el mercado local en 2002, captando ahorro boliviano para financiar sus operaciones. En 2004, Andina fue más lejos y constituyó una garantía prendaria a favor de Repsol Netherlands Finance B.V. —filial holandesa de la transnacional— por USD 58.761.862, pignorando las acciones de Transierra S.A. que eran de propiedad boliviana. La Asamblea de Tenedores de Bonos —que incluía a las AFPs administradoras del ahorro previsional de los trabajadores— tuvo que aprobar ese esquema. Los trabajadores bolivianos no solo financiaban con sus ahorros las operaciones de Repsol en Bolivia: también garantizaban con activos bolivianos las deudas de sus subsidiarias en el exterior.
Esa vergonzosa historia no debe repetirse. Y los dividendos que Repsol extrajo de su participación del 48,33% en YPFB Andina permiten dimensionar el tamaño de lo que estaba en juego: solo en las distribuciones documentadas entre 2012 y 2025, la transnacional recibió de esa única subsidiaria más de USD 470 millones en dividendos, incluyendo distribuciones masivas de utilidades acumuladas durante años que se entregaron en lotes entre 2019 y 2022, cuando la producción boliviana ya estaba en caída libre y el país comenzaba a importar los combustibles que antes exportaba.
Así, los dividendos generados por Repsol YPF fueron a parar anualmente a sus principales accionistas en Estados Unidos, Europa y España. Los trabajadores bolivianos financiaron con su ahorro previsional la operación de una transnacional en su propio territorio.
Mariano Ferrari, Repsol, El País
Mariano Carlos Ferrari, de nacionalidad argentina, lleva en el Directorio de YPFB Andina desde 2022 como representante de Repsol. Vicepresidente del directorio bajo Arce, bajo Dorgathen, bajo Akly, bajo Cronenbold.
Como advierte Moreno Baldivieso, en la base constitucional existente subyace el mismo sustrato que está en la redacción del anteproyecto de ley de Soliz Rada: la propiedad de los hidrocarburos es de los bolivianos. Al respecto, el artículo 357 de la Constitución Política del Estado es explícito: “Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrá utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. La anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado”.
Y en el caso de los hidrocarburos, el Estado es YPFB. Esto significa que es la corporación estatal la que puede y debe acceder al ahorro interno vía mecanismos transparentes para su propio desempeño, tal como lo preveía ya en 2006 el artículo 2 del anteproyecto de ley de Soliz Rada: instrumentos financieros del mercado local e internacional al servicio de YPFB, no de sus operadoras privadas.
El artículo 331 de la CPE establece que “las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley”. La norma propuesta, cualquiera que sea, debe considerar esa disposición constitucional, y recordar y verificar la utilidad para Bolivia de la aplicación y vigencia de la Ley de Incentivos financiados por el 12% del IDH que corresponde a gobiernos municipales, gobernaciones y universidades, entre otros.
Información que regresa, información que aún falta
El Ministerio de Hidrocarburos anunció en noviembre de 2025 que habilitaría un sistema completo de acceso a información del sector energético. El ministro Medinaceli reconoció entonces que “en la anterior administración los viceministerios del área hidrocarburífera no cumplieron la normativa de transparencia” y que “no existe información actualizada”.
En parte, la promesa se ha cumplido: la Rendición Pública de Cuentas Final 2025, presentada en Santa Cruz en abril de 2026, proporcionó datos actualizados sobre reservas, producción e ingresos. YPFB Transporte S.A. informó sobre inversiones de capital y utilidades de 2025. Los estados financieros 2024 de YPFB, certificados por DeGolyer and MacNaughton, fueron citados en medios especializados. La información que en noviembre de 2025 había desaparecido de los servidores institucionales comienza a reaparecer.
Sin embargo, persiste la opacidad en temas críticos, como la interpelación parlamentaria al ministro Medinaceli por presunto sobreprecio en la adquisición de crudo por YPFB, que fue devuelta por el gobierno alegando defecto de procedimiento, sin que el ministro se presentara a la sesión. El diputado Edgar Zegarra Bernal denunció contrataciones directas que eludieron licitación pública. La Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos establece en su artículo 6 que YPFB debe publicar anualmente costos recuperables, gastos operativos, volúmenes de producción, precios e inversiones por campo. Ese mandato aún no se cumple de manera sistemática.
En ese contexto, el Decreto Supremo 5600, firmado el 6 de abril de 2026, abroga todas las autorizaciones de contratación directa de bienes, obras y servicios que distintos decretos anteriores habían establecido como excepciones al sistema normal de licitaciones. Además, ordena a todos los ministerios levantar un relevamiento de esas contrataciones directas para identificar posibles hechos de corrupción, incluyendo las realizadas por Empresas Públicas Nacionales Estratégicas como YPFB.
El decreto lleva la firma de todos los ministros del gabinete de Paz, incluido Medinaceli, y se emite cuando Cronenbold lleva apenas una semana en la presidencia de YPFB: es la respuesta normativa al escándalo de la gasolina contaminada y sus contrataciones irregulares —entre ellas, el contrato directo de Bs 9 millones con la empresa argentina CAMIN CARGO CONTROL para control de calidad de combustibles, eludiendo licitación pública. Los resultados de ese control fueron manifiestamente deficientes. Esa práctica tenía nombre legal que el DS 5600 deroga expresamente: el artículo 83 Bis del Decreto Supremo 181, incorporado en enero de 2021 —el primer mes del gobierno de Arce— y modificado en septiembre de 2024.
Rodrigo Paz Pereira, DS 5600, El País
El Decreto Supremo 5600, firmado el 6 de abril de 2026 por todo el gabinete, deroga las contrataciones directas que permitieron el escándalo de la gasolina contaminada. Abre la puerta: ordena relevamientos en todas las empresas públicas estratégicas para identificar corrupción. La cierra también: los contratos ya iniciados siguen su curso bajo las reglas anteriores.
El DS 5600 es una acción concreta en la dirección correcta. Su valor real dependerá de si el relevamiento ordenado produce resultados públicos y consecuencias penales, o si queda como otro decreto de buenas intenciones. Los ministerios de la Presidencia y de Economía tienen 30 días hábiles para reglamentar ese relevamiento mediante Resolución Biministerial. Ese plazo es verificable, y su cumplimiento o incumplimiento dirá mucho sobre la seriedad del giro institucional que el gobierno proclama.
Hay, sin embargo, un límite explícito en el decreto: los procesos de contratación directa ya iniciados antes de su vigencia deben concluirse bajo las normas anteriores. Algunos contratos cuestionados terminarán siendo ejecutados con plena legalidad formal. Y los contratos petroleros con transnacionales, aprobados por la Asamblea Legislativa, quedan expresamente excluidos del alcance de la norma. El decreto apunta a la corrupción administrativa; la estructura de fondo del sector hidrocarburífero permanece intacta hasta que se apruebe —o no— la nueva ley.
Lo que el anteproyecto de Soliz Rada propuso en 2006 como arquitectura institucional permanente —un Comité de Auditoría independiente en cada subsidiaria, con revisión sistemática de contratos—, el gobierno de Paz lo intenta resolver veinte años después con una operación de limpieza. No es lo mismo, pero es un paso.
La ciudadanía boliviana tiene derecho constitucional a conocer el desempeño de sus empresas estatales. El debate sobre la futura ley de hidrocarburos será de mejor calidad si se libra con toda la información sobre la mesa.
Datos y criterios
Bolivia se enfrenta a este debate con un patrimonio neto de YPFB de Bs 54.390 millones (con descenso del 7,9% desde 2022), pasivos que aumentaron un 84% en el mismo período, reservas de gas en caída libre, producción declinante, e ingresos por gas reducidos a un tercio de su pico. Al mismo tiempo, cuenta con dos descubrimientos históricos propios —Mayaya y Bermejo—, personal técnico y científico que siguió trabajando pese al bullicio político, y una infraestructura instalada valuada en miles de millones de dólares.
Entre octubre de 2006 y hoy, las transnacionales vaciaron los campos que YPFB descubrió con personal boliviano en los noventa. Sus actividades exploratorias fueron mínimas, sin otra convicción que hacer caja; y lo lograron. En cambio, YPFB y sus técnicos siguieron trabajando pese a la corrupción que ha rodeado a la empresa desde siempre. Los descubrimientos de Mayaya y Bermejo son su resultado más elocuente.
Si la octava ley de hidrocarburos se elabora sin los modelos numéricos de aplicación hipotética, sin los nuevos tipos de contrato para exploración y explotación de áreas de interés que propone Moreno, sin el deslinde claro entre capitales privados frescos y verificables e intermediación del ahorro boliviano que propone Soliz Rada, sin garantizar que el ahorro interno boliviano, canalizable vía mercado de valores, esté disponible solo para YPFB, sin tecnología que minimice riesgos ambientales y sin la consulta previa genuina que exigen la Constitución y las comunidades indígenas, Bolivia repetirá el ciclo 1996-2005.
Lo anterior es el contexto político, legal, histórico y constitucional a considerar en un debate que no admite más dilación. Bolivianos y bolivianas se están quedando sin gas. El reloj no se detiene mientras se negocia la octava ley.