El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, rechazó ayer la medida judicial que ordena suspender la difusión de encuestas y anunció la defensa institucional y legal.
La medida cautelar, emitida en el marco de una acción popular presentada por una particular, afecta directamente a la Red Unitel y otros medios de comunicación, prohibiendo la publicación de estos estudios de cara al balotaje por la Gobernación de Santa Cruz.
El Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal N°1 de El Torno (Santa Cruz) dispuso, en el marco de una acción popular, la suspensión inmediata de la difusión de encuestas.
Al respecto, Ávila expresó su rechazo y profunda preocupación por esta determinación judicial, y señaló: “Asistiremos a la audiencia correspondiente y ejerceremos nuestra defensa con la misma responsabilidad y firmeza que nos ha caracterizado siempre”.
Durante las elecciones subnacionales, el TSE enfrentó 38 acciones constitucionales y, en todas ellas, la institución demostró con argumentos jurídicos sólidos que sus decisiones se ajustaron plenamente a la Constitución y a la ley.
La autoridad judicial notificó al presidente del TSE para su participación en una audiencia virtual programada para el 17 de abril. Asimismo, se le advirtió sobre posibles sanciones, que incluyen multas de entre 30 y 100 días, además de eventuales acciones por desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento de la medida cautelar, según el reporte de Fuente Directa.
La acción fue presentada por María E. Aramayo Quinteros contra Gustavo Ávila.
“Si bien mi persona es una persona particular, la ley me faculta a pretender un control constitucional pues, claramente tanto mi persona como toda la colectividad se ve afectada en nuestro sagrado derecho al sufragio a raíz de unas encuestas mal intencionadas que a diario como si fuese una figura de suerte varían según los intereses del medio televisivo…”, dice el argumento
En tanto, la diputada cruceña por la alianza Libre, Patricia Arancibia, pidió este domingo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pronunciarse sobre la acción popular que derivó en la suspensión de la difusión de encuestas electorales, al considerar que la medida podría contradecir compromisos institucionales asumidos para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.