La Fundación Sólon, en un análisis de la situación energética del país afirma que Bolivia presenta un excedente de producción eléctrica de casi el 50% de su capacidad instalada, sin mercados externos asegurados. Recomienda incentivar mayor consumo interno a partir del aparato productivo y la transición del parque automotor.
“El tema más grave de hoy en día es de sobreoferta; tenemos mucha capacidad para generar electricidad, nuestra capacidad está por los 3.200 megavatios (Mw) y nuestro consumo está por los 1.600 megavatios”, señala a Brújula Digital, Pablo Solón.
Ningún proyecto de exportación ha prosperado hasta el día de hoy, según el director ejecutivo de Fundación Sólon e investigador de temas energéticos, por lo que corresponde al Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) el rotundo fracaso de convertir a Bolivia en país centro energético de la región.
“Hay una mitad ociosa, y es cierto que siempre hay que tener un excedente, pero debe oscilar entre el 10 al 20%, pero no la mitad”, apunta.
En análisis del entrevistado, el único intento real de exportación que está en curso de Bolivia hacia Argentina es a partir de la Termoeléctrica del Sur, que prevé exportar poco más de 100 megavatios al vecino país. “No es el ni el 10% de la sobreoferta en capacidad instalada que tenemos”, apunta.
Sin embargo, señala que ni siquiera esos 100 megavatios están asegurados para la exportación, pues no hay un contrato de diez o 20 años de plazo, sino que esta se realizaría en función del incremento de la demanda argentina para las provincias fronterizas.
“Es decir, que no tenemos ni un contrato ni siquiera de 100 megavatios de exportación a largo plazo, sino la posibilidad en el caso de Argentina de una exportación puntual y cuando lo requiera un poco más, pero además Bolivia está construyendo las líneas de transmisión tanto en Bolivia como en territorio argentino”, explica.
“Mi opinión es que todo el tema energético fue equivocado durante el Gobierno de Evo Morales y dejó un problema porque se lanzaron a construir proyectos de generación eléctrica sin asegurar previamente los mercados”, menciona.
El problema de la situación actual energética del país, advierte Solón, es que la electricidad no se vende como una mercancía más. “La energía eléctrica en la región se vende sobre todo a través de subastas. Brasil hace una subasta internacional para decir requiere tal cantidad para tal año, y la subasta ya ocurrió y ya asignaron al proveedor”, indica.
La norma -dice el investigador- es que cuando se trata de grandes volúmenes de electricidad, se prevé que crecerá su demanda y ya empieza a subastar muchos años antes.
“La lógica en Bolivia esté mal, no es que produzco y después veo quién me quiere comprar, porque no funciona así el mercado, porque la línea de transmisión cuesta muchísimo e implica mucha infraestructura. Primero son los mercados”, menciona.
En ese contexto, Sólon recomienda impulsar el uso de electricidad a nivel interno potencial al aparato productivo y la transición a vehículos eléctricos, entre otras políticas.
Chepete y El Bala: inviables
En cuanto a los megaproyectos hidroeléctricos de El Bala y El Chepete sugiere que el Gobierno sea transparente y reconozca que son al 100% inviables, no solo en términos ambientales y sociales, sino también económicos y financieros.
“Significarían una inversión que duplicaría la deuda externa de Bolivia y ¿lo vas hacer en la actual situación económica sin asegurar la venta y la inversión?, y ¿qué banco te va a financiar?”, lanza cuestionamientos.
Aun en la lógica de que al Gobierno no le importa los tremendos efectos ambientales, los megaproyectos hidroeléctricos no funcionan porque los precios ofertables no serían nada competitivos con los de Brasil, y tampoco compensarían la inversión.
“Si a lo ambiental le sumas los riesgos como lo hemos visto en el caso de Colombia, no es algo que puedas emprender así nomás, y no lo digo yo, ellos lo saben, porque trabajamos en base a sus propios datos, son conscientes de la inviabilidad de sus proyectos”, sostiene.
Sin embargo señala que es muy difícil que el Gobierno reconozca “que fracasó rotundamente su plan de convertir a Bolivia en el centro exportador de energía, y fracasó por factores internos”.
Para Solón, llama la atención que el Gobierno insista en más estudios de evaluación de impacto ambiental cuando se conoce la inviabilidad de sus proyectos, más aun cuando estos le cuestan al Estado millones de bolivianos.
“El Gobierno debería decir seriamente haremos un estudio de mercado, de posibilidades reales de exportación y analicemos autocríticamente los errores cometidos”, menciona.
Por ello considera necesario transparentar toda la información energética del país e impulsar un diálogo con participación del Estado, la academia, la sociedad civil y las regiones para definir la ruta que debería seguir el país en material de electricidad.