Tras el arribo y posterior expulsión del país de una delegación de activistas y legisladores de izquierda argentinos, EL DIARIO se aproximó a la Embajada de Argentina para consultar si dicha comitiva contaba con el aval del Gobierno argentino. Fuentes diplomáticas, que pidieron mantener su identidad en reserva, señalaron que la comisión no contaba con la autorización oficial del Ejecutivo argentino.
El canciller del Estado, Fernando Aramayo, denunció injerencia por la llegada de una comitiva de ese país, que se presentó como una “misión de observación humanitaria”, y expresó su respaldo a la Cancillería argentina, que reconoció la actuación de Bolivia en el marco de sus atribuciones soberanas y de la normativa vigente.
Durante una conferencia de prensa ayer, el canciller explicó que los visitantes señalaron inicialmente que ingresaban al país como turistas, aunque posteriormente manifestaron que realizarían actividades de fiscalización de la ayuda argentina en Bolivia y observación de derechos humanos.
La autoridad sostuvo que ese tipo de tareas requiere procedimientos y acreditaciones específicas que no fueron cumplidas.
“Cuando uno va a un país para llevar adelante una misión específica como la que declararon que era de fiscalización, aunque luego ellos mismos cambiaron el argumento y dijeron que era de observación de derechos humanos, lo que tienen que hacer es seguir conductos regulares para acreditar ese tipo de actuación”, afirmó.
Según explicó, si el objetivo del viaje era realizar labores de fiscalización, observación o veeduría, los integrantes de la delegación debían gestionar una visa acorde a esa actividad y coordinar previamente con las instancias correspondientes.
El canciller insistió en que la decisión asumida por las autoridades bolivianas respondió únicamente al cumplimiento de la normativa migratoria. “Solamente se ha aplicado norma”, remarcó.
La autoridad indicó que, tras conocerse el caso, el Gobierno boliviano sostuvo contactos con el embajador de Argentina en Bolivia y con autoridades de la Cancillería de ese país para explicar los fundamentos de la decisión.
“Se ha conversado con el embajador de la Argentina en Bolivia en cuanto se ha tomado conocimiento de este ingreso y también con el canciller argentino. Se ha explicado bajo qué argumentos de la normativa nacional e internacional se estaba pidiendo el ingreso y se estaba invitando que abandonen el país”, manifestó.
En ese contexto, destacó el pronunciamiento emitido posteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
“Había un pronunciamiento oficial de parte del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina indicando que el Estado boliviano procedió en vigor de norma”, afirmó.
EXTRANJEROS EN LA ALP
Durante la misma intervención, el canciller también se refirió a denuncias sobre la presencia de activistas argentinos en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), situación que calificó como una posible injerencia en asuntos internos del país.
“El venir de un país extranjero, cualquiera sea esta, a intervenir en asuntos de la política interna de un Estado, sin las acreditaciones, sin los mecanismos, cuales fueran los motivos, es injerencia”, sostuvo.
Asimismo, señaló que se activarán los mecanismos previstos por la legislación boliviana para atender ese caso y reiteró que cualquier actuación de ciudadanos extranjeros en territorio nacional debe realizarse a través de los canales diplomáticos y administrativos establecidos.
RESPETO
El canciller sostuvo que la Asamblea Legislativa representa la soberanía popular y cuestionó que actores extranjeros intenten desarrollar actividades políticas o de fiscalización sin una acreditación formal.
“Cada uno de esos asambleístas es depositario de la soberanía del Estado boliviano. No hay ente que represente la soberanía del Estado boliviano como la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
“Lo que no se hace de forma transparente es porque no se puede transparentar. Entonces, algo escondido debe tener”, finalizó.