La directiva del Comité pro Santa Cruz formalizó ayer, una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental cruceña contra el expresidente Evo Morales, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el dirigente de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, a quienes responsabiliza de impulsar los bloqueos que, durante 53 días, paralizaron el país, causando severos daños a la economía y a la producción nacional.
La organización cívica pidió además que el Ministerio Público emita órdenes de aprehensión inmediatas contra los tres denunciados.
El presidente cívico, Stello Cochamanidis, sostuvo que la denuncia busca establecer responsabilidades por los efectos de las protestas que, afirmó, ocasionaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares, fallecimiento de personas que no pudieron recibir atención médica y severas afectaciones al aparato productivo.
El líder cívico señaló que la acusación está respaldada por más de un centenar de elementos de prueba, principalmente publicaciones periodísticas y otros antecedentes recopilados durante el conflicto.
“Lo que ocurrió en el país desde el 1 de mayo hasta junio tiene que tener responsables”, afirmó Cochamanidis, quien aseguró que la Fiscalía debe investigar a los principales impulsores de las movilizaciones y determinar su responsabilidad penal. Añadió que el Comité actuará como vigilante del proceso y pidió a otras personas afectadas por los bloqueos, sumarse como denunciantes.
Argumentos y delitos
El primer vicepresidente del Comité, Agustín Zambrana, indicó que la acción penal comprende nueve tipos penales contemplados en el Código Penal y fue presentada en representación de la institución cívica. A su vez, el abogado Diego Coímbra explicó que la denuncia apunta contra Morales, Argollo y Salazar por considerar que vulneraron derechos fundamentales de los bolivianos durante los días de bloqueo.
Según el documento entregado al Ministerio Público, los denunciados habrían adecuado su conducta a los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado; asociación delictuosa; terrorismo; financiamiento del terrorismo; tenencia y portación ilícita de armas de fuego, municiones y explosivos; atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado; atentados contra la seguridad de los medios de transporte; atentados contra la seguridad de los servicios públicos y atentados contra la libertad de trabajo.
La denuncia solicita la emisión de órdenes de aprehensión, al considerar que existen suficientes indicios de autoría, que las penas previstas superan los dos años de privación de libertad y que los denunciados tendrían facilidad para ocultarse, eludir la acción de la justicia u obstaculizar la investigación.
Los dirigentes cívicos se constituyeron formalmente en víctimas y denunciantes.