El año 2025 marcó un hito silencioso en la minería boliviana, casi $us 8.000 millones registrados valió la producción de ese año. El valor del oro extraído y registrado oficialmente superó los $us 3.100 millones, una cifra impresionante por su magnitud. Sin embargo, las regalías que ingresaron al fisco por ese concepto no llegaron a los $us 60 millones. La proporción es elocuente: por cada 100 dólares de oro salido del territorio nacional, el Estado recibió menos de 2. El problema no es solo del oro; es estructural y atraviesa toda la minería boliviana, cuya renta –la parte del valor mineral que administra el Estado– se ha mantenido en torno al 9% del total a lo largo de toda la última década, independientemente del ciclo de precios internacionales.
MARGINADO DE SU PROPIA RIQUEZA
Desde 2016, el valor de la producción minera boliviana ha seguido las oscilaciones de los precios internacionales: se contrajo con el fin del superciclo de materias primas, se recuperó entre 2021 y 2022 con el alza del zinc, el estaño, la plata y el oro, y se sostuvo en niveles elevados en 2025 gracias al precio histórico del metal dorado; pero, sobre todo, de la plata. Sin embargo, la renta minera nacional –el conjunto de regalías, impuestos y dividendos de empresas estatales que retiene efectivamente el Estado– nunca acompañó esa expansión en términos proporcionales. Las recaudaciones impositivas son bajas, muchos operadores están exentos de los impuestos que aplican al sector privado, y los mecanismos de control sobre la comercialización son débiles. Mientras el valor total del mineral extraído se multiplicó a lo largo de la década, la proporción gestionada por el Estado apenas se movió del entorno del 9%. La renta minera creció en términos absolutos, pero como reflejo de los precios y no como resultado de una mejora en la captura fiscal.
EL ORO: EL CASO MÁS EXTREMO
La producción aurífera registrada ilustra con precisión la naturaleza del problema. En 2022, Bolivia reportó oficialmente 54 toneladas de oro extraídas. En los años siguientes, esa cifra fue cayendo: 47 toneladas en 2023, apenas 21 en 2024, y una leve recuperación a 26 en 2025. A primera vista, los datos podrían interpretarse como una caída productiva. La explicación real es más preocupante: el contrabando sistemático hacia países vecinos donde los exportadores pueden cobrar en dólares –algo que en Bolivia se volvió inviable por la escasez de divisas– y la reducción del oro de países limítrofes que previamente se registraba como boliviano, aprovechando la mínima carga fiscal que impone el país a este metal.
Los operadores auríferos –en su mayoría cooperativistas– pagan una regalía que varía entre el 1,5% y el 2,5% del valor de su producción, cuando la ley establece un 7%. Un acuerdo diseñó un esquema en que ese 7% total se dividiría: el 2,5% iría a las regiones productoras y el 4,5% restante al gobierno central. Pero este último porcentaje debía instrumentalizarse mediante una ley complementaria que nunca fue aprobada. En consecuencia, los operadores auríferos pagan únicamente la fracción regional, y solo el 1,5% cuando la venta se realiza en el mercado interno o directamente al Banco Central –aunque este último exporte luego el oro al exterior.
Las organizaciones que extraen oro en Bolivia operan además en condiciones de excepcionalidad regulatoria difícil de justificar: no pagan impuesto a las utilidades, y apenas el 15% de los operadores cuenta con licencia ambiental, a pesar de ser un requisito legal para iniciar actividades mineras. Los últimos acuerdos debilitaron aún más este requisito, abriendo la puerta para que las cooperativas ingresen a áreas naturales protegidas bajo condiciones extremadamente ventajosas.
‘‘Por cada cien dólares de oro salido del territorio boliviano, el Estado recibió menos de dos en concepto de regalías. La tasa legal es del 7%; la efectivamente pagada no supera el 2,5%.
MUCHO MINERAL, POCO RETORNO
Las regalías que reciben los departamentos productores reflejan con fidelidad la geografía minera del país. Potosí y Oruro concentran la mayor parte de los ingresos por este concepto, sustentados en la producción de zinc, plata y estaño de sus grandes operaciones –entre ellas San Cristóbal, Huanuni y las numerosas cooperativas que explotan los yacimientos del altiplano. La Paz ocupa un tercer lugar, apoyada en la producción de zinc de la mina Colquiri y en el oro de las cuencas del norte departamental.
El contraste más llamativo se produce en La Paz, Beni y Pando. Estos departamentos albergan las mayores operaciones de extracción de oro aluvial del país, con todo el peso ambiental, social e institucional que esa actividad conlleva. Pero las regalías que reciben son mínimas: la combinación de tasas bajas, subdeclaración de producción y contrabando hace que el retorno fiscal sea irrisorio respecto al valor efectivamente extraído. El departamento que soporta los costos ambientales de la minería amazónica recibe, en el mejor caso, unos pocos millones de dólares al año. Es una de las inequidades más llamativas del actual modelo de distribución de la renta minera, y revela que el principio de compensación territorial por la explotación de recursos naturales no se cumple en el sector aurífero.
LA LEY QUE QUEDÓ A MEDIAS
La brecha entre la tasa legal y la tasa efectivamente pagada no es resultado de evasión en sentido estricto: es consecuencia de una arquitectura legal inconclusa. El acuerdo mencionado requería una ley complementaria para activarse por completo; esa norma nunca llegó. El costo acumulado de esa omisión legislativa se mide en cientos de millones de dólares de ingresos no percibidos por el Estado boliviano.
MERCURIO EN LA AMAZONÍA
El uso de mercurio para la recuperación del oro en la minería amazónica ha generado una crisis ambiental de proporciones alarmantes. Este metal líquido, altamente tóxico, es empleado para amalgamar el oro en los yacimientos aluviales del norte boliviano, y sus residuos contaminan ríos, sedimentos y cadenas alimentarias de manera acumulativa e irreversible. Los pueblos indígenas y las comunidades ribereñas son las primeras víctimas de una contaminación que no reconoce fronteras administrativas ni períodos de gestión, afectando sus sistemas de vida. El poder acumulado de las cooperativas en la esfera política les permite operar, de hecho, en un régimen de excepción permanente –incluso dentro de áreas naturales protegidas.
EL ZINC COMO CASO EMBLEMÁTICO
La exportación de concentrados de zinc representa otra fuente masiva de pérdidas para Bolivia. Cuando el mineral sale del país sin haberse procesado, el exportador boliviano sufre múltiples descuentos aplicados por los compradores extranjeros: por los metales valiosos (acompañantes del metal principal) que no se reconocen ni se pagan, por los costos de fundición de las plantas del exterior que debe pagar Bolivia, por las ineficiencias de los procesos metalúrgicos de los compradores y por la penalización de metales que “obstaculizan” sus procesos. El resultado es una transferencia de valor de magnitud extraordinaria: las pérdidas asociadas a la exportación de concentrados de zinc superan los $us 1.500 millones anuales.
La excepción que confirma la regla es la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que vende prácticamente la totalidad de su producción como metal refinado –no como concentrado–, maximizando el valor agregado nacional. Sin embargo, incluso Comibol enfrenta un cuello de botella: las 40.000 toneladas de concentrados de zinc subproducto de su mina de Colquiri siguen exportándose sin procesamiento, por falta de una planta de procesamiento del concentrado, propia.
TRANSFORMAR: OPORTUNIDAD POSTERGADA
La necesidad de procesar los minerales en Bolivia antes de exportarlos no es un planteamiento nuevo. Desde la creación de las primeras fundiciones estatales en el siglo XX, el Estado boliviano reconoció que exportar concentrados equivalía a ceder valor a los países compradores. Pero esa comprensión nunca se tradujo en una política sostenida de industrialización minera. Hoy, la capacidad instalada de fundición y refinación es mínima frente al volumen de producción: Vinto procesa estaño y podría procesar antimonio, pero Bolivia no tiene capacidad para procesar zinc, plata o litio en volúmenes significativos. El resultado es que la mayor parte del valor añadido en la cadena del zinc –entre el 20% y el 30% del precio final del metal– se genera en fundiciones de Europa, Corea o China, no en Bolivia.
El argumento habitual contra la industrialización es el costo: construir una planta metalúrgica de zinc requiere inversiones del orden de los 150 a 500 millones de dólares para procesar el 10% de la producción. Pero ese argumento debe sopesarse contra la pérdida recurrente de más de 1.500 millones anuales por exportar concentrado en lugar de metal. En diez años, la diferencia supera con creces el costo de la inversión. Lo que se requiere no es solo capital, sino voluntad política sostenida, marcos regulatorios que atraigan inversión privada o mixta, y acuerdos con países socios para que no se obstaculice el desarrollo metalúrgico en el país. En el sector aurífero, la opción más urgente es la instalación de plantas de tratamiento de preconcentrados en las propias zonas de producción: tienen menor escala, menor costo y pueden implementarse de manera descentralizada, reduciendo de inmediato el contrabando y ampliando la base tributaria.
¿QUÉ DEBE HACER BOLIVIA?
Las medidas capaces de aumentar la renta minera del Estado son conocidas. La primera es centralizar y fortalecer el control sobre la comercialización de metales, impidiendo la subdeclaración de valores en frontera. La segunda es ampliar la capacidad nacional de transformación de concentrados en metales, reduciendo la dependencia estructural de fundiciones extranjeras. La tercera es descentralizar hacia los gobiernos subnacionales la supervisión de la comercialización, generando incentivos concretos para que las regiones productoras fiscalicen las operaciones en su propio territorio, a la vez que recibirían mayores ingresos se les apoyaría en planificación del desarrollo regional sostenible del territorio departamental y de los territorios dónde están ubicadas las minas. Junto a ello, es urgente limitar el crecimiento de los operadores que incumplen sistemáticamente las normas del sector, y avanzar en la transformación de quienes ya operan en asociación con capitales privados –figura actualmente ilegal para las cooperativas– hacia formas empresariales que faciliten la inversión y mejoren la sostenibilidad operativa.
La minería boliviana mueve miles de millones de dólares cada año. El desafío urgente es que una parte justa de esa riqueza se quede en el país, se distribuya entre quienes más la necesitan y financie el desarrollo que Bolivia todavía tiene pendiente.