Vehículos indocumentados son la moneda de cambio del narcotráfic

Cuestionando algunos argumentos expresados por quienes plantean una nueva nacionalización de vehículos indocumentados como una forma para captar mayores recursos en favor del Estado, el analista e investigador Manuel Morales Álvarez afirmó que los autos denominados “chutos” desde hace mucho tiempo son parte importante del blanqueo de divisas del narcotráfico, por lo que una incautación sería más beneficiosa en términos económicos.
Según el especialista, es de conocimiento público que los autos “chutos” vienen siendo utilizados por el narcotráfico como moneda de cambio en sus transacciones con sustancias ilícitas, por lo que considerar la “regularización” de estas unidades debería ser analizada con responsabilidad antes de incurrir en lo que posteriormente sería un antecedente completamente contrario con la legalidad.
“Lo que se está haciendo es querer legalizar dinero sucio que proviene del narcotráfico (…), los autos chutos, aunque se los vea en pequeña cantidad, prácticamente son activos que provienen de estas actividades ilícitas y del contrabando”, explicó.
En criterio de Morales, lo que se debería hacer desde el Estado es investigar seriamente el lavado de activos que se da en áreas como la internación de vehículos indocumentados o la construcción de grandes edificaciones, actividades sobre las que no se hacen los controles necesarios para establecer el origen de dichos recursos.
Asimismo, observó que los autos “chutos” han roto todos los mecanismos de control para su circulación en el país y constantemente se emiten disposiciones dirigidas a beneficiar a un sector completamente ilegal.
Sobre los argumentos que apuntan a una importante recaudación de recursos a favor del Estado, en caso de aprobarse una nueva nacionalización de autos indocumentados, Morales calificó esta posibilidad como falaz, porque si el tema pasa por mejorar ingresos, se obtendrían mejores resultados con controles efectivos al origen de activos o la incautación de vehículos ilegales.
“Los ingresos al Estado podrían ser mucho mayores que con la legalización de activos de procedencia ilícita. Si se habla de siete mil millones o más, ese no es el argumento de fondo. Durante años ha habido una actividad vinculada al narcotráfico y esta es una de las consecuencias del intercambio que se hace en las fronteras, especialmente con Chile”, sostuvo.
Sobre la forma de terminar con el recurrente problema económico y social que representan los vehículos “chutos” en territorio nacional, Morales indicó que se deben buscar formas para que una posible regularización no signifique una vía libre sin aportar nada al Estado por la irregularidad cometida.
“No se les puede regalar una ley para que se regularicen sin aportar nada al país, lo que hay es falta de creatividad en actuales y pasadas autoridades respecto a metodologías para obligar a actuar de forma legal y sancionar a quienes optan por el camino de la informalidad”, señaló.
La nueva polémica por la regularización de vehículos indocumentados surgió en el país luego de que el diputado Reynaldo Seas, de la alianza Libre, anunció la presentación de un proyecto de ley para la legalización extraordinaria de aquellos autos denominados “chutos”, con la supuesta finalidad de recaudar fondos, aportar al mejoramiento de la seguridad vial y cumplir con promesas electorales con sectores productivos de Santa Cruz.
Desde la alianza Libre, la senadora Tomasa Yarhui adelantó que esta organización política no apoyará ninguna normativa enfocada en regularizar la situación de estos vehículos, debido a que, en gran parte, se desconoce su origen y para cumplir la línea de la alianza, expresada desde la campaña electoral.
Respecto a la iniciativa del diputado Seas, la legisladora dijo que el mismo habría tenido una confusión, que el parlamentario aclarará oportunamente.
Ante la polémica, el vocero presidencial José Luis Gálvez señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es el ámbito en el cual debe discutirse una ley de nacionalización de autos “chutos”, por lo que, cuando el Órgano Legislativo sancione una ley autorizando tal nacionalización, recién el Gobierno evaluará “la pertinencia” de dicha norma “y su forma de aplicación”.
“En particular, de parte del Gobierno, somos conscientes de que es algo que hay un sector de la población que lo pide, y hay otro sector que lo cuestiona, y es algo que los padres de la Patria tendrán que discutir”, declaró el vocero, en conferencia de prensa.
El diputado proyectista justificó su idea señalando que la nacionalización podría beneficiar a los dueños de 1.050.000 vehículos “chutos” en todo el país, mientras se proyecta una recaudación por esa nacionalización que oscilaría de 5 a 6 mil millones de dólares, recursos que podrían invertirse en el mejoramiento de carreteras y el fortalecimiento de los sectores de salud y educación.
Actualmente, en la sociedad boliviana existen opiniones divididas sobre el tema y está instalado un debate sobre los beneficios y perjuicios que significaría una nueva nacionalización de vehículos indocumentados.