La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) solicitó la suspensión por 180 días del incremento en la tarifa del gas natural para los sectores industrial, comercial y productivo.
La medida busca evaluar el impacto económico del ajuste y evitar mayores presiones sobre los costos de producción, el empleo formal y los precios al consumidor.
El pronunciamiento surge luego de que la facturación del gas natural comenzara a calcularse con un tipo de cambio de Bs 11 por dólar, en lugar de la equivalencia anterior de Bs 6,96, lo que representa un incremento de 58,05% en el costo del energético expresado en moneda nacional, aunque la tarifa en dólares permanezca sin modificaciones.
Los empresarios explicaron que las tarifas para las categorías industrial y comercial están denominadas en dólares. En el caso de la categoría comercial, la tarifa de 5,170 dólares por millar de pies cúbicos (MPC) pasa de Bs 35,98 a aproximadamente Bs 56,87 por MPC. Para el sector industrial, dependiendo del nivel de consumo, las tarifas aumentan desde un rango de Bs 12,99–17,51 por MPC hasta valores de entre Bs 20,53 y Bs 27,68 por MPC.
La FEPC advirtió que el impacto sobre las empresas dependerá del peso que tenga el gas natural dentro de su estructura de costos. Si el energético representa el 10% de los costos de producción, el incremento tarifario generará un aumento directo cercano al 5,81% del costo total. En aquellas industrias donde el gas equivale al 30% de los costos operativos, el efecto podría alcanzar 17,41%.
A ello, añadieron, se suman los efectos indirectos derivados del encarecimiento del transporte, la logística, los insumos, el mantenimiento y otros servicios vinculados a la actividad productiva, debido a que el gas natural constituye un insumo transversal en numerosas cadenas de producción y comercialización.
El sector recordó que el energético es estratégico para industrias como alimentos y bebidas, cemento, cerámica, vidrio, ladrillos, metalurgia, papel, textiles, minerales no metálicos, gastronomía y otras actividades manufactureras que abastecen el mercado interno, generan valor agregado y sostienen miles de empleos formales.
En ese contexto, la FEPC alertó que extender el incremento a las categorías comercial e industrial podría traducirse en mayores costos para las empresas y, posteriormente, en un traslado gradual hacia los precios finales de bienes y servicios.
El pronunciamiento empresarial también advierte que el ajuste se produce en un escenario de inflación creciente. Según los datos citados por el sector, en junio de 2026 la inflación mensual nacional alcanzó 2,15%, la inflación acumulada llegó a 4,82% y la variación interanual se ubicó en 9,23%.
Los empresarios sostienen que una modificación de esta magnitud requiere previsibilidad regulatoria, acceso a información técnica y coordinación entre el Estado y el sector productivo.
El sector propone seis medidas para proteger la producción y el empleo, entre ellos, está: Suspender durante 180 días la aplicación del incremento para las categorías industrial, comercial y productiva mientras se realiza una evaluación técnica, económica, regulatoria e inflacionaria.
Publicar un informe técnico de la ANH con el detalle de las tarifas anteriores y vigentes, el porcentaje de variación, el tipo de cambio utilizado, la metodología de conversión, los componentes del precio y las categorías afectadas.
Mantener temporalmente un mecanismo de facturación en bolivianos para las actividades orientadas al mercado interno, con el fin de administrar gradualmente el impacto cambiario.
Convocar, en un plazo máximo de diez días hábiles, a una mesa técnica nacional integrada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la ANH, YPFB, los ministerios vinculados al área económica y las organizaciones empresariales e industriales.
Diseñar un esquema gradual y diferenciado que considere el consumo energético, el tamaño de las empresas, la generación de empleo, el valor agregado, la capacidad exportadora y el peso del gas en la estructura de costos.
Establecer mecanismos de comunicación previa, con al menos 30 días de anticipación antes de cualquier modificación tarifaria, acompañados de información técnica y simulaciones de impacto para cada categoría de usuarios.
El sector empresarial remarcó que la sostenibilidad del sistema energético debe ser compatible con la continuidad de las operaciones productivas, la protección del empleo formal, el abastecimiento del mercado interno y la estabilidad de precios.
Asimismo, pidió al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la ANH y YPFB abrir un proceso de diálogo y coordinación institucional antes de extender la medida a las categorías productivas, industriales y comerciales.