La investigación por la importación y comercialización de gasolina desestabilizada avanza con nuevas aprehensiones, pero el alcance de las acciones penales contrasta con las conclusiones del Informe Final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que describe un problema construido durante varias gestiones de YPFB, que comenzó la del MAS, y no únicamente en la última administración del Ministerio de Hidrocarburos.
Este martes, el fiscal departamental de La Paz, David Torrez, confirmó la aprehensión del exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinacelli, y señaló que la decisión fue asumida por una comisión de fiscales tras analizar 88 elementos indiciarios.
«Esta decisión de la Comisión de Fiscales emerge precisamente del análisis minucioso de los 88 elementos indiciarios que se han colectado, donde se puede establecer la existencia del hecho y la probabilidad de autoría respecto al ciudadano Mauricio Medinacelli», afirmó Torrez.
El fiscal indicó que el exministro será imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al considerar que, por el cargo que ejercía, tenía atribuciones de planificación, organización, ejecución y control dentro de la cadena de adquisición y comercialización de hidrocarburos.
Sin embargo, el informe aprobado por la Comisión Especial presenta un panorama más amplio que la investigación penal desarrollada hasta ahora.
Un problema que antecede a la última gestión
El documento parlamentario establece que las empresas involucradas en la provisión de combustibles ya formaban parte del registro de proveedores de YPFB antes de la gestión de Medinacelli. Trafigura PTE LTD fue registrada en octubre de 2021 y Botrading S.A. en diciembre de 2022. Asimismo, la comisión revisó contratos y procesos de contratación ejecutados durante 2023 y 2024, además de auditorías de cumplimiento sobre esas operaciones.
La reconstrucción realizada por la comisión también identifica que las presuntas irregularidades no se limitaron a una decisión ministerial, sino que involucraron toda la cadena de importación, recepción, almacenamiento, control de calidad y comercialización del combustible.
En ese período ejercieron el Ministerio de Hidrocarburos Franklin Molina Ortiz, posteriormente Alejandro Gallardo Baldivieso y, finalmente, Mauricio Medinacelli.
El informe habla de una falla estructural
Más que responsabilizar a una sola autoridad, el informe concluye que existieron deficiencias en los mecanismos de control interno de YPFB, insuficiencias en la verificación técnica del combustible, debilidades en la supervisión administrativa y fallas en la coordinación entre las distintas instancias encargadas de garantizar la calidad del producto antes de su comercialización.
La comisión advierte que estas falencias comprometieron recursos públicos destinados a la importación de combustibles y expusieron al Estado a un eventual daño económico por los costos derivados de la inmovilización, análisis, almacenamiento y tratamiento del combustible observado. No obstante, el informe no cuantifica el monto total del perjuicio y deja esa tarea a las auditorías y a la investigación penal.
La investigación penal apunta, por ahora, a la etapa final
Hasta el momento, las principales acciones del Ministerio Público se han concentrado en el exministro Mauricio Medinacelli y en exejecutivos de YPFB que desempeñaban funciones durante la última etapa de la anterior administración.
No se conocen, en cambio, decisiones similares respecto a exautoridades que encabezaron el sector hidrocarburífero cuando se registraron los proveedores, se adjudicaron los contratos revisados por la comisión o comenzaron las operaciones comerciales que forman parte del informe parlamentario.
Ese contraste deja una de las principales interrogantes del caso: si el propio informe legislativo sostiene que las presuntas irregularidades fueron el resultado de una cadena de decisiones y controles que se extendió durante varios años, ¿la investigación penal alcanzará a todos los niveles de decisión involucrados o únicamente a quienes ocupaban los cargos en la etapa final?
La respuesta será determinante para establecer si la causa termina atribuyendo la responsabilidad a una sola gestión o si reconstruye toda la cadena administrativa que permitió la importación y comercialización del combustible observado.